La Legislatura de Mendoza a veces se convierte en un espacio de debates difíciles de comprender. El que se vivió durante el mediodía del miércoles 6 fue una clara muestra de esta situación. Fue cuando los diputados se disponían a discutir, sobre tablas, dos expedientes que daban luz verde a la expropiación de terrenos que se utilizarán para emprendimientos energéticos: uno en Anchoris, Luján de Cuyo, y el otro en El Sosneado, departamento de San Rafael.

El primero es para construir una turbina que permita la generación de energía eléctrica utilizando el gas de los pozos petroleros que hasta el momento se desperdicia. El segundo es para la construcción de un parque eólico. Ambas son iniciativas de la Empresa Mendocina de Energía (Emesa).

La polémica se inició por dos aspectos de la expropiación: uno, el acelerado tratamiento del proyecto en el ámbito legislativo, ya que el pedido de expropiación ingresó el lunes a la Cámara Baja, el martes el Senado le dio media sanción y el miércoles Diputados lo convirtió en ley. Tres días para sacar una ley, todo un récord para los tiempos que se manejan en el parlamento.

El segundo aspecto fue la falta de respuesta a los cuestionamientos de la oposición: el bloque oficialista no sabía de quiénes eran las tierras a expropiar y por qué, si carecían de valor fiscal –tal y como expresaron los funcionarios del Ejecutivo que fueron a explicar el proyecto a los legisladores–, el Gobierno ofrecía pagar hasta $ 1900 por hectárea, en el caso de San Rafael, y hasta USD 1500 por cada una de las 50 hectáreas de Luján.

El rumor que se corrió por toda la Legislatura es que las 400 hectáreas sanrafaelinas son de Omar Álvarez, el empresario sanrafaelino que justo cedió al Gobierno su proyecto para construir una cárcel.

En cuanto a los compradores, también hubo dudas. Si bien está claro que quienes serán los dueños de los terrenos de Anchoris donde se instalará la turbina son dos empresas asociadas, denominadas Tecno Red y Galileo, quien figura como compradora del predio de El Sosneado es una empresa denominada “Granaderos de Mendoza” que, según el PJ, no está inscripta.

De todas maneras, es difícil plantarse con estos cuestionamientos cuando no se tiene una postura unificada dentro del principal bloque opositor. Esto fue lo que sucedió en el Frente para la Victoria (FpV). Si bien hubo varios legisladores contrariados con el tratamiento en tiempo récord del proyecto, finalmente los únicos peronistas que se opusieron a acompañarlo fueron Jorge Tanús y Lucas Ilardo. Los demás integrantes del FpV votaron a favor.

Mientras, los legisladores del FIT se opusieron en su conjunto a aprobar la iniciativa. Sin embargo, estos votos negativos no alcanzaron para frenar el tratamiento sobre tablas.
 

Una discusión insólita

Pero la sesión tomó visos insólitos cuando se produjo un cruce entre la diputada del FIT Cecilia Soria y el presidente de la bancada radical, César Biffi. Este último acusó a Soria de sucesivas faltas de respeto a los demás miembros del cuerpo y lo atribuyó a su corta edad (Soria tiene 25 años). La legisladora, por supuesto, rechazó enfáticamente las críticas de Biffi y también salieron en su defensa los diputados peronistas Jorge Tanús y Patricia Galván.

Pero los dichos de Biffi no terminaron allí. Sumó polémica a la discusión cuando afirmó que “tender un manto de sospechas en vano sobre la legalidad de los emprendimientos que realiza el Ejecutivo es un crimen de lesa humanidad”, una declaración por cierto rechazada por la gran mayoría de los diputados.