Previsiblemente, el proyecto presentado por la diputada Paula Urroz para establecer el “derecho al consentimiento informado” para posibilitar la aceptación o no aceptación de ese acto médico, generó una gran polémica. No sorprende que las reacciones sean también dentro de Cambiemos, pero sí en todo caso que se genere una polémica pública.

Es que este jueves la diputada nacional del radicalismo Carla Carrizo presentó un proyecto directamente en el sentido inverso del de su compañera de bancada. Esto es: para garantizar la obligatoriedad de las vacunas, y para que las niñas y niños queden a resguardo cuando algún adulto se interponga en su derecho a la salud.

Por su parte, el interbloque Cambiemos tomó distancia a través de un comunicado en el que aclaró que la vacunación obligatoria y gratuita es el eje central de la política de salud en Argentina.

“Impulsar un proyecto para eliminar la obligatoriedad de las vacunas es un acto de gran irresponsabilidad como representante del Estado”, dijo la diputada radical Carla Carrizo, que enfatizó que “nuestro deber es que el Estado adopte las medidas que garanticen el acceso al goce real de derechos, pues tiene la obligación de proteger a los niños y adolescentes frente a terceros, incluidos los padres”.

Añadió la diputada que “lamentamos que haya llegado al Congreso Nacional el movimiento de vacunas que pretende retroceder siglos y retrotraernos a épocas en que existían enfermedades graves desterradas gracias a la vacunación”.

El dato que no debe dejar de ser tenido en cuenta es que Carla Carrizo milita junto a Martín Lousteau en Evolución, fuerza que enfrentará a Vamos Juntos, el frente del Pro y la CC que excluye a la UCR. Lo cual puede dejar traslucir una fricción entre el radicalismo y el macrismo, pero lo cierto es que el proyecto que presentó incluye la firma de otras radicales, como Alejandra Martínez (UCR-Jujuy) y Brenda Austin (UCR-Córdoba), pero también una macrista como Samanta Acerenza (Pro-Buenos Aires), presidenta de la Comisión de Familia de la Cámara baja, y todas ellas integrantes de la bicameral del defensor del niño y de dicha comisión. “Los niños en la Argentina no pueden ser objeto del libre albedrío en cuestiones de salud primaria ni por los adultos a cargo ni por la negligencia del Estado. Vacunarse es un derecho de ellos y una obligación de los grandes, no es algo sobre lo que podamos opinar sino algo que debemos respetar”, explicó la diputada Carrizo.

El proyecto adecua la ley 22.909 nacional que establece el régimen de vacunación obligatoria a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Ley nacional 26.061 de protección integral a la infancia. El proyecto establece que las vacunaciones a que se refiere esta ley son obligatorias para todos los habitantes del país, los que deben someterse a las mismas de acuerdo a lo que determine la autoridad sanitaria nacional con respecto a cada una de ellas.

Los padres, tutores, curadores y toda persona que tenga a su cargo el cuidado de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años serán responsables, con respecto a los menores a su cargo, del cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior.

En los fundamentos se destaca que “el surgimiento de la corriente de pensamiento crítica de las vacunas implica pasar por alto los procesos de inmunización de los niños, niñas ya adolescentes. Estados Unidos, lugar paradigmático de la corriente anti vacunas, vivió en 2014 una epidemia de enfermedades como el sarampión y la tos convulsa, que ya habían sido erradicadas. Según UNICEF, las vacunas salvan la vida de 2 a 3 millones de niños por año, lo que implica que es crucial en la mortalidad infantil. En relación a esta política sanitaria, Argentina fue pionera en la región cuando en 1983 estableció la vacunación obligatoria y gratuita como bien social colectivo mediante la Ley nacional 22.909, vigente desde el año 1983, que aquí estamos modificando para garantizar y penalizar con mayor fuerza su incumplimiento”.

“Este proyecto está en línea con la respuesta que están teniendo los países europeos que frente al mismo problema del movimiento anti vacunas. Fortalecer en las leyes nacionales las exigencias de la Convención sobre los derechos del Niño, de los organismos internacionales y las recomendaciones de elevar el umbral de violación por parte de los padres del derecho a la salud de la infancia. No es algo que se pueda elegir, es algo que se debe respetar y cumplir", explica el proyecto.