En abril de 2014 los fiscales Camuña y Patricio Rovira pidieron que sea citada a indagatoria la expresidenta María Estela Martínez de Perón, a raíz de que puso en marcha el Operativo Independencia mediante el Decreto 262/75 y tuvo "una complicidad por omisión, ya que no hizo aquello a lo que estaba obligada" respecto de los delitos investigados. La acusación se daría en el marco del juicio N.º 12 por delitos de lesa humanidad que se realiza en Tucumán. A diferencia de los 11 anteriores, en los que los casos se reunieron por centro clandestino, en éste la delimitación es temporal y comprenderá crímenes cometidos en todos los centros que formaron el circuito represivo del Operativo Independencia, el gran "laboratorio de ensayo" del terrorismo de Estado extendido después a todo el país.

En este juicio, el Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga investigará los crímenes comprendidos en la causa; entre ellos, los perpetrados en la Escuelita de Famaillá, considerado el primer centro clandestino de detención, torturas y exterminio del país.

"En principio, el juicio arrancaría con 20 imputados, de los cuales 14 ya se encuentran elevados a juicio y seis más están pendientes de elevación", dijo a Télam el abogado Pablo Gargiulo, de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y por los casos de cinco víctimas, entre ellos sus padres, Héctor Gargiulo y Carmen Gómez, desaparecidos desde marzo de 1976. El fiscal coincidió en que podrían sumarse más acusados a este juicio que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 270 víctimas desde el comienzo del Operativo Independencia de represión, entre febrero de 1975, y hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

"Será el juicio más grande realizado en esta jurisdicción", declaró Camuña refiriéndose a Tucumán, y precisó que "todavía quedan en la instrucción unos 300 hechos más previos al golpe", es decir, comprendidos en el período que delimitó esta causa. El acusador público precisó que "la Fiscalía presentó unos 1500 testigos, de los cuales alrededor de la mitad van a declarar efectivamente en el juicio", aspectos que terminarán de precisarse en una audiencia preliminar, antes del 5 de mayo.

El fiscal señaló también que "la Cámara Federal de Tucumán debe resolver aún respecto de unos veinte imputados más, que podrían entrar en este debate si así lo decide". El hecho de que a dos meses del comienzo del juicio no esté resuelto todavía el número definitivo de acusados tiene que ver con que los militares que participaron en Tucumán en el Operativo Independencia hace cuatro décadas provenían y viven en la actualidad en diversas provincias, por lo que los imputados fueron localizados, detenidos e indagados en distintos momentos, explicaron las mismas fuentes.

Por otra parte, Gargiulo dijo que hay muchas más víctimas que las comprendidas en este juicio y que el Operativo Independencia de represión en Tucumán y en otras provincias del noroeste argentino se extendió más allá del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, según alguna documentación, hasta 1978. "Estos casos podrían dar lugar a un segundo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Operativo Independencia", añadió sobre la feroz embestida represiva comandada primero por Acdel Vilas y luego por Antonio Bussi.

Cuatro de las víctimas de este primer juicio son los santiagueños Omar Vicente, José Loto, Juan Carlos Chaparro y Daniel Carrascosa, cuyos casos representará en el debate oral el abogado Pedro Orieta, de la querella de la Asociación Memoria, Verdad y Justicia de Santiago del Estero. También el soldado riojano Alberto Ledo fue secuestrado durante el Operativo Independencia –en junio de 1976, meses después del golpe de Estado–, cuando se hallaba a cargo del oficial César Milani y estaba destinado en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 de La Rioja, desplegado en Tucumán.