En el año 2009, se sancionó por unanimidad de ambas cámaras de la Honorable Legislatura provincial, la Ley 8051 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo. Este hecho histórico ubicó a Mendoza un paso adelante en materia de planificación posicionándola inclusive, a nivel nacional. Desde entonces, el proceso para instalar esta política de estado ha sido sostenido y se ha fortalecido a través de: la creación de una nueva institucionalidad para la planificación territorial (creación del Consejo de Estado del Plan Estratégico de Desarrollo, del Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial y de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial); generando, actualizando y poniendo a disposición de toda la comunidad la información necesaria para la toma de decisiones (creación del Sistema de Información Ambiental Territorial); elaborando los instrumentos para gestionar de manera planificada (Plan Estratégico de Desarrollo-Mendoza 2030 y Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, el cual se encuentra en la Legislatura provincial para su tratamiento y aprobación) y propiciando múltiples mecanismos de participación (foros, talleres sectoriales, regionales y municipales, consulta y audiencia públicas para el Plan Provincial).

Este contexto político institucional, tiene como objetivo brindar respuestas, soluciones y/o  alternativas a los procesos críticos de inequidad social, desequilibrio territorial y deterioro ambiental de la provincia de Mendoza evidenciados en cada uno de los diagnósticos realizados. Siendo particularmente un desafío la planificación del Gran Mendoza donde la concentración demográfica, económica y administrativa, profundiza los problemas aparejados a la expansión urbana, la contaminación, la conectividad y la accesibilidad; pero por sobre todo, agudiza el proceso de segregación socio-espacial y fragmentación territorial del espacio urbano.

En este sentido, las últimas décadas, han sido testigos de un nuevo fenómeno socio económico en expansión, el de las urbanizaciones cerradas las cuales a decir del Dr. Ángel Massiris Cabeza (1) “no sólo reflejan formas de habitar sino que también manifiestan las rasgos de la estructura social”. De aquí el desafío de su abordaje para los planificadores y decisores. Múltiples variables a ser tenidas en cuenta; desde las rupturas y discontinuidades en la trama urbana, hasta la percepción subjetiva de la seguridad y la calidad de vida. Pujas entre lo público y lo privado. Entre el bien común y los intereses particulares. Vacíos normativos que dejan intersticios librados a la especulación.

Desde lo técnico administrativo, el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, plantea en uno de sus ejes la “Disminución de la fragmentación territorial, la segregación socio‐espacial y la exposición a los riesgos frente amenazas naturales y antrópicas”; siendo dos de los objetivos a alcanzar en este sentido, el de promover la integración territorial potenciando nodos estructurantes y alentando nuevos polos de desarrollo y el de garantizar el acceso a un hábitat adecuado para disminuir las inequidades socio‐territoriales. Asimismo, propone directrices, lineamientos y programas específicos para alcanzar estos objetivos; así como también; instrumentos de ordenamiento territorial o planificación; económicos; de Gestión, Ejecución y Control y de Coordinación y Complementación para hacerlos efectivos.

Desde lo político, se vuelve fundamental el rol de Estado (tanto provincial como municipal),  como gestor de las políticas de urbanización y crecimiento de las ciudades; como coordinador y articulador en la integración de las políticas públicas y como garante de los derechos ciudadanos con el fin de minimizar la segregación socio-espacial y de fomentar la igualdad de posibilidades permitiendo así, alcanzar el tan deseado objetivo de cohesión social y territorial con sustentabilidad ambiental para el mejor vivir de todos los mendocinos.

(1) Coordinador de la Red Iberoamericana de Observación Territorial (RIDOT), Nodo latinoamericano.