"El Consejo Nacional de las Mujeres, organismo responsable del diseño de las políticas públicas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 26485, presenta el primer Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres (2017-2019)". Así comienza el documento oficial del nuevo plan nacional para erradicar la violencia de género, que el presidente Mauricio Macri anunció ayer martes 26 de julio. Sin embargo, aún no se sabe cómo se aplicará en Mendoza.

Así lo confirmó la directora de Género y Diversidad, Silvina Anfuso, quien reveló que el 4 de agosto participará de una reunión en Buenos Aires para definir el procedimiento que tendrán las nuevas reglamentaciones en cada provincia.

El plan está contemplado por la Ley 26485 de Protección Integral a las mujeres sancionada en 2009. Se trata de un conjunto de políticas públicas que pretenden abordar la violencia intersectorial y transversalmente, tanto desde la prevención como la atención integral y la protección.

La primera de las novedades que incorporará el plan es de tipo tecnológica, ya que consiste en la utilización de tobilleras con geolocalización para los agresores y un sistema para celulares, que permitirán tener un doble control. "Es la primera vez que se van a aplicar medidas sobre un agresor que tenga una medida cautelar de no acercamiento a la víctima", declaró Fabiana Túñez, presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres. La tobillera delataría si el agresor se acerca a la mujer, por lo que ya sirve como prueba para que sea detenido inmediatamente.

Además, en el teléfono celular de la mujer se instalará una aplicación a través de la cual con sólo sacudir el dispositivo, sin tener que marcar ningún número, se van a disparar tres pedidos de ayuda inmediata a tres números de teléfono previamente pautados. En el caso de Mendoza, al igual que en las otras provincias del interior, variarán los teléfonos que se activen.

Otro punto importante de la iniciativa será la inclusión de 36 hogares integrales en todo el país para contener y albergar a las víctimas con un sistema de acompañantes. Con este avance se actuaría en lo que se denomina "la ruta crítica" –cuando las mujeres hacen la denuncia y resulta en muchos trámites que no logran sostener en el tiempo antes de regresar a sus hogares–. Además, se van a fortalecer las áreas de la Mujer en cada una de las provincias y localidades. 

El último ítem a tratar serán las reformas educativas que empezarán a estar vigentes a partir del año 2017. "La violencia de género es una realidad que nos golpea a diario, con una víctima cada 37 horas. Este plan arranca con la educación, ya que tenemos que desterrar los patrones culturales que naturalizan la agresión contra la mujer y por eso tenemos que trabajar desde nuestros chicos", dijo Macri en la presentación.

En la práctica, entonces, se incluirá la problemática en la currícula educativa, para lo cual se capacitará a los docentes para que luego puedan llegar a los alumnos. Se implementará desde el nivel inicial hasta la escuela secundaria. También se prevé la capacitación permanente de las fuerzas de seguridad y el personal de educación, justicia y salud. 
 

La situación en Mendoza: la “Ley Cornejo”

Paralelamente a las nuevas aplicaciones que están por venir, la situación en Mendoza podría estar en vías de transición, ya que además de los efectos de la Ley contra la Violencia de Género, que por el momento efectúa la detención de “alrededor de cien personas en las cárceles provinciales para varones”, según lo revelado por el director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, la nueva norma de prisiones preventivas de Alfredo Cornejo, presentada a principios de junio con el objeto de evitar la llamada "puerta giratoria", ya está haciendo que las prisiones mendocinas reciban sujetos golpeadores de mujeres con reiteración de denuncias.

Si bien la ley no está dirigida a esta problemática, la norma modifica el Código Procesal Penal en los apartados que regulan el dictado de las prisiones preventivas, con la intención de acotar el margen de interpretación que tienen los jueces a la hora de decidir si un sospechoso debe esperar su juicio en libertad o en la cárcel.

“Cuando la cantidad de causas acumuladas es importante, tenemos que actuar de acuerdo con la Ley de Prisiones Preventivas y no queda más que enviar al penal a un hombre que ha cometido delitos pequeños, pero en gran cantidad. Son conductas que estuvieron como permitidas durante años pero ahora se toman medidas drásticas debido a la reiteración de hechos", declara la fiscal Mariana Pedot.

Este es el caso de las cárceles de Boulogne Sur Mer y Almafuerte, donde van a parar –por una cuestión de densidad poblacional– la mayoría de los hombres que cuentan con denuncias de parte de sus exparejas mujeres. Estos son confinados en los pabellones donde están detenidos los atacantes sexuales.
 

Análisis de un caso

Un caso reciente publicado por el Diario Los Andes tuvo lugar el 12 de julio, cuando Jorge Levatino, un enfermero de 51 años residente de Maipú, fue llevado preso tras acumular un expediente que comenzó con una denuncia de su exmujer. El caso terminó en el Juzgado de Familia correspondiente. Allí se decidió que el hombre no podría acercarse a menos de 250 metros de la casa donde su ex convive con las tres hijas menores de edad de la pareja. A pesar de esto, el sujeto siguió violando la medida. Luego de acumular más de cuatro delitos vinculados con denuncias por violencia de género, llegó a una instancia en la que se realizó un pedido de captura, el cual fue firmado por el fiscal de Luján-Maipú, Hernán Ríos. Tras esto, fue detenido en la calle por un oficial de la seccional 10 y ya está alojado en una cárcel común.