La falta de un código unificado de construcción para Mendoza complica los procesos de control
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26 DE NOVIEMBRE DE 2024
Una compañía chilena tiene la mitad de su escombrera sobre el departamento de Calingasta. Presentarán una acción de inconstitucionalidad.
Fernando "Pino" Solanas. Foto archivo La Nación.
El presidente de la Comisión de Ambiente del Senado de la Nación, Fernando "Pino" Solanas, presentará una acción de inconstitucionalidad en el juzgado federal de San Juan para poner en evidencia un caso curioso y preocupante, a primera vista, que es la localización de un basurero minero en un predio del departamento sanjuanino de Calingasta, lindante al distrito lasherino de Uspallata.
Ya en junio pasado, Unidiversidad dio a conocer los detalles del asunto. “Antofagasta Minerals tiene una escombrera de 105 hectáreas llamada Cerro Amarillo. La mitad de esa superficie está en el departamento de Calingasta, en San Juan, en territorio operado por otra minera, la suiza Glencore. Esta última compañía demandó a la chilena, sin éxito”, dice la crónica de nuestro portal.
El legislador presentará ante el Juzgado Federal N.° 1 de San Juan un escrito denunciando penalmente la violación de la Ley 24051 y solicitará la inconstitucionalidad del acuerdo entre el gobierno de San Juan y la minera chilena por violar el último párrafo del artículo 41 de la Constitución Nacional. Asimismo pedirá, como medida cautelar, la inmediata remoción de territorio argentino de la escombrera a cargo de la empresa chilena.
Recordemos que la minera chilena Antofagasta Minerals, instalada a pocos kilómetros de la frontera con Argentina, creó una escombrera de material contaminante en territorio sanjuanino, en el que arrojó unas 55 millones de toneladas de residuos peligrosos entre 2007 y 2012. Es un terreno de casi 52 hectáreas, que un estudio privado concluyó que ya arrasó con algunas lagunas, secó vegas y contamina con drenaje ácido un curso de agua que alimenta al río San Juan (principal cuenca de la provincia).
Solanas será recibido en Mendoza por el exsenador radical Diego Seoane, quien participó de la redacción de la Ley 7722, y por Marcelo Romano, abogado de los regantes de la cuenca del Río Atuel. También integrará esa comitiva Enrique Viale, presidente de la asociación de los abogados ambientalistas. La idea es instalar en nuestra provincia una filial para Cuyo del monitoreo ambiental que se desarrolla desde la Cámara Alta del Congreso.
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