El Ejecutivo intimó a 28 titulares de propiedades en el piedemonte a regularizar su situación, ya que no cumplen con las habilitaciones legales exigidas, pero solo 6 de ellos se presentaron ante el organismo competente. Frente a esto, las autoridades analizan los pasos a seguir, entre ellos, colocar multas.

La vocal por el Ejecutivo en la Agencia de Ordenamiento Territorial, Nadia Rapali, confirmó que un porcentaje ínfimo de los propietarios contestó a las notificaciones, por medio de las cuales los emplazaron a regularizar su situación en 10 días.

El Ejecutivo, a través de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, comenzó a enviar las notificaciones en marzo, luego de comprobar que la mitad de las construcciones no cumplía con las habilitaciones exigidas para construir y habitar en una zona de riesgo aluvional y de fragilidad ambiental.

La urbanización le gana a la ley en el piedemonte

Lo afirmaron representantes de las comunas y de organismos oficiales. Profesionales del Ejecutivo y el INA evaluarán las amenazas aluvionales en la zona.

La geógrafa comentó que ese 50 % no se corresponde con la mitad de las 10 mil familias que habitan en el sector, sino que se trata de titulares registrales, es decir que puede ser quien construyó un barrio o un condominio en el que viven muchos vecinos. Rapali explicó que las irregularidades que detectaron son diversas, siendo las más frecuentes la falta de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o el alta de los distintos servicios públicos, en especial del agua, lo más complejo en esa zona.

La vocal de la Agencia comentó que analizan los pasos a seguir, aunque la intención no es confrontar, sino que se ajusten a las normas y resolver la problemática. Dijo que primero realizarán nuevos encuentros con los vecinos y que luego pueden multarlos por el incumplimiento.

Hasta el momento, todas las intimaciones se realizaron por la vía administrativa, ya que es necesario agotar esa instancia si se quiere emprender un reclamo judicial.

Cornejo paralizó las construcciones en el Piedemonte

El Gobernador decretó la emergencia ambiental en esa zona por el impacto negativo que están generando los emprendimientos inmobiliarios.

Freno oficial

Las intimaciones se concretaron bajo el amparo legal del Decreto N.° 219, que se publicó el 8 de febrero en el Boletín Oficial, por el cual el Ejecutivo declaró la emergencia ambiental en el piedemonte y suspendió por un año las autorizaciones para construir en esa zona.

El gobernador Alfredo Cornejo tomó la decisión luego de conocer las conclusiones del estudio que realizaron profesionales del Instituto Nacional del Agua (INA) en el que analizaron distintas variables de esa área de 1300 kilómetros cuadrados, desde la subida a Villavicencio hasta la margen derecha del río Mendoza, en Agrelo.

Zonificarán el piedemonte, donde viven 10 mil familias

Es una de las conclusiones del informe del INA, que fue la base para que el gobernador Cornejo decretara el freno de obras en la zona. En ocho meses se sabrá dónde se puede construir y qué habitantes se deben trasladar.

Los profesionales estudiaron a fondo esa franja que pasa por Capital, Godoy Cruz, Las Heras y Luján de Cuyo, lo que se tradujo en un documento donde se consignaron, entre otros aspectos, los riesgos aluvionales, los hídricos, la vulnerabilidad de los diferentes sectores y las zonas consideradas críticas. A esto sumó la sugerencia de una serie de acciones para mitigar los riesgos y algunas pautas de urbanización.

Dos diques, los puntos débiles del sistema de defensa aluvional

Explican que hay que concretar obras para mejorar la seguridad del Maure y el Papagayos. La importancia del freno a las construcciones en el piedemonte.

Avance de la zonificación

Sobre la base del informe del INA, profesionales de la Agencia, de las cuatro comunas y de los organismos que tienen participación en el sector, como Hidráulica e Irrigación, y los representantes de los entes reguladores de servicios públicos trabajan en la zonificación de ese territorio en el seno de la Comisión del Piedemonte. El objetivo es determinar claramente qué actividades se pueden concretar, dónde y en qué condiciones, teniendo en cuenta los riesgos aluvionales y la problemática para acercar servicios básicos como el agua o la electricidad.

En esa comisión también se determinará cuáles son los sectores de mayor vulnerabilidad, teniendo en cuenta la problemática aluvional. Este aspecto se estudiaría a partir del informe presentado hace unos días por el INA con datos actualizados que permitán determinar zonas de alta, de media y de baja vulnerabilidad.