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21 DE NOVIEMBRE DE 2024
Así lo establece el proyecto de ley que presentará en breve el Gobernador. Buscan unificar las normas y determinar criterios mínimos que deben cumplir las cuatro comunas que tienen parte de la zona.
El proyecto de ley busca ordenar la legislación y unificar criterios sobre esta zona de fragilidad ambiental. Foto: Unidiversidad
El Ejecutivo provincial presentará un proyecto de nueva ley del piedemonte, que busca ordenar y unificar los criterios con que se autorizan emprendimientos en el 30 % de ese territorio, la porción donde aún se puede urbanizar, además de prever multas para quienes desmonten y construyan sin autorización.
La iniciativa, que ya está lista, está siendo analizada por representantes de las cuatro comunas que tienen injerencia en este territorio de 1.244 Km2, en el que viven 10 mil familias: Las Heras, Capital, Godoy Cruz y Luján de Cuyo.
La vocal por el Ejecutivo en la Agencia de Ordenamiento Territorial, Nadia Rapali, aseguró que el Gobernador presentará en breve la iniciativa que tiene tres objetivos centrales: unificar la legislación y los procedimientos vigentes, establecer criterios mínimos a seguir por las cuatro comunas y determinar en forma clara qué zonas se pueden urbanizar y cuáles deben ser preservadas.
En este sentido, la Agencia ya determinó en base a un estudio que realizó el Instituto Nacional del Agua (INA), que no se puede construir en el 70 % de ese territorio. Es decir, que esa enorme porción es la que se debe resguardar.
Cornejo paralizó las construcciones en el Piedemonte
Este jueves, el gobernador Alfredo Cornejo decretó la emergencia ambiental en la zona del Piedemonte del área metropolitana de Mendoza y, de esta forma, suspendió todo pedido de autorización para construir en esa zona durnate un año.
Freno y análisis
En febrero concluyó la emergencia ambiental del piedemonte que determinó por decreto el exgobernador Alfredo Cornejo, que suspendió por un año las autorizaciones para construir en esa franja de territorio. La razón fue que la urbanización, en muchos casos sin autorización ni control, destruyó la flora nativa e impermeabilizó una barrera natural de infiltración del agua que corre aguas abajo.
Rapali explicó que durante los 12 meses de vigencia del decreto trabajaron en el proyecto de ley que unificará la legislación (actualmente hay tres normativas), además de realizar el análisis sobre la urbanización ya existente en la zona. En este sentido, determinaron que la mitad de las construcciones no cumplía con las reglamentaciones vigentes, por lo que iniciaron un proceso de notificación y de trabajo con representantes de las uniones vecinales, para que se ajusten a la legislación en materia ambiental y catastral y se pongan en marcha medidas de prevención, para quienes están asentados sobre zonas de descargas de agua.
Zonificarán el piedemonte, donde viven 10 mil familias
Es una de las conclusiones del informe del INA, que fue la base para que el gobernador Cornejo decretara el freno de obras en la zona. En ocho meses se sabrá dónde se puede construir y qué habitantes se deben trasladar.
Las autoridades hicieron esa evaluación en base a los resultados del estudio del INA, que analizó los riesgos aluvionales, hídricos, la vulnerabilidad de los diferentes sectores y las zonas consideradas críticas, además de incluir sugerencias para mitigar los riesgos y algunas pautas de urbanización. Una de las conclusiones centrales del trabajo fue que si continuaba el avance urbano en la zona al ritmo de los últimos años, el impacto sobre ese territorio y aguas abajo se multiplicará entre 2 y 7 veces, porque el agua corre a mayor velocidad.
Ventanilla única
Rapali dijo que el aspecto central del proyecto en cuanto al procedimiento de análisis de propuestas de emprendimientos es que contempla una especie de ventanilla única por la que ingresarán y en la que estará representada el Ejecutivo, las cuatro comunas y organismos clave como Hidráulica y los entes reguladores y empresas de servicios, específicamente de luz y agua. Esto -dijo- evitará que las iniciativas ingresen por distintas vías y determinará que no se autorice la prestación de servicios en tanto no exista un visto, es decir una resolución de impacto ambiental ministerial.
Suspendieron 21 construcciones irregulares en el Piedemonte
La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial resolvió suspender 21 emprendimientos inmobiliarios en el Piedemonte hasta tanto los propietarios cumplan con la regularización ambiental, legal y administrativa. La resolución N° 313/2019 expresa que la medida surge debido a la detección de trabajos de movimientos de suelo y maquinarias en esa zona sin la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente.
En cuanto a las regulaciones de construcción, la geógrafa explicó que si bien las comunas deberán cumplir con los estándares mínimos establecidos en el proyecto, se regirán por sus propios códigos.
El proyecto también prevé multas para quienes desmonten y construyan sin autorización en la zona, algo que no está previsto en las legislaciones que regulan la zona del piedemonte.
Rapali aseguró que el trabajo coordinado entre el Ejecutivo y los cuatro departamentos que tienen parte de ese territorio es central, teniendo en cuanta que el piedemonte es de competencia provincial, justamente por el papel clave que tiene en materia de prevención aluvional.
No se podrá construir sobre el 70 % del piedemonte mendocino
Nadia Rapali, la vocal por el Ejecutivo en la Agencia de Ordenamiento Territorial, aseguró que no se podrá construir sobre el 70 % del piedemonte, según un estudio en conjunto con el Instituto Nacional del Agua. Se trata de zonas con peligro aluvional.
Además del trabajo que realizan en conjunto, las cuatro comunas tienen lineamientos de actuación en esa zona, que contemplaron en sus propios planes de ordenamiento territorial. Respecto del avance de los mismos, sólo falta que el de Las Heras sea analizado en el seno del Concejo Deliberando, ya que en los otros tres casos el proceso ya se concretó.
Hidráulica, sin poder de policía sobre el territorio
La Dirección de Hidráulica no tiene poder de policía legal ni real para frenar emprendimientos ubicados sobre los cauces, diques y sus zonas de influencia, que forman parte esencial del sistema de seguridad que tiene el Gran Mendoza para mitigar las consecuencias de un posible aluvión.
La subsecretaria de Ambiente y Planificación de Capital, María Ángela Gatti, explicó que participaron de reuniones para analizar el proyecto de ley y que la comuna tiene zonificada su porción de ese territorio en el plan de ordenamiento, desde la calle Boulogne Sur Mer hasta la avenida Champagnat. Explicó que definieron la línea de urbanización, así como áreas para usos deportivos, de recreación y otras de reserva.
Gatti comentó que también trabajan para buscar soluciones a las construcciones existentes, ya sea de asentamientos informales o emprendimiento que no cumplen con la legislación.
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