Mariano Morales tenía diez días; Yanina Rosa Rossi, diez meses, y Alejo Hunau, 2 años. Esos pequeños permanecieron con sus madres en algunos de los centros clandestinos de detención de Mendoza. Por eso, uno de los querellantes en el VI Juicio por delitos de lesa humanidad, Pablo Salinas, solicitó al tribunal que mencione en su sentencia la violencia que el aparato represivo ejerció sobre esos chicos.

En su alegato, Salinas fue contundente al señalar que el secuestro de los niños junto con sus madres no fue casual, sino que era parte del plan represivo, ya que las amenazaban con hacerles daño a los pequeños si no hablaban en las sesiones de tortura. Además, explicó que quedó demostrado en juicios anteriores que algunos pequeños fueron llevados por los represores a la Terminal para intentar que señalaran a las personas que veían en sus casas.

El querellante recalcó que los represores tenían la posibilidad de dejar a los niños con algún familiar de las secuestradas. Incluso, en muchos casos, los padres o hermanos de las víctimas presenciaron la detención ilegal, pero justamente la decisión fue llevarlos con sus madres como una forma de torturarlas.

La historia personal de Salinas está presente en ese pedido para que el tribunal reconozca la violencia que los represores ejercieron contra los niños. Cuando tenía 7 años (en marzo de 1977), fue secuestrado junto con su mamá, Teresa Cavalotti, y ambos permanecieron en el D2 de Córdoba. El querellante contó a Unidiversidad que nunca se olvidó de esos momentos, que muchos años después pudo volver a ese centro clandestino (hoy, un sitio de la memoria), donde reconoció de inmediato el mismo piso, las mismas celdas, la misma máquina de escribir.

El símbolo de la vida

Beigel, querellante en el VI Juicio por Delitos de Lesa Humanidad, contó la historia de las secuestradas en el Casino de Suboficiales. Allí llegó en un moisés Mariano, toda una razón para vivir.

Etapa final

Salinas, quien representa a las víctimas por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), fue el último querellante en realizar su alegato en el juicio que se inició el 27 de octubre de 2016. Ahora resta el alegato de la defensa de los 20 acusados (inicialmente eran 28), que deben responder por los secuestros, torturas y asesinatos infligidos a 86 víctimas y sus familias.

Las víctimas, entre las que están el profesor de la UNCUYO Mauricio López, Susana Bermejillo, Mario Susso, Amadeo Sánchez Andía, Vilma Rúpolo, Víctor Romano Rivamar, Daniel Moyano, Juan Ramón Fernández, Osvaldo Zuin y María del Carmen y Carlos Marín, permanecieron en alguno de los centros clandestinos de detención de Mendoza, específicamente el D2, el Casino de Suboficiales y Campo Las Lajas.  

Salinas hilvanó su alegato en torno a las víctimas que permanecieron secuestradas en Las Lajas, entre ellas, el profesor de la UNCUYO Mauricio López, y al testimonio clave de Horacio Ferraris, que vio al profesor y a otros secuestrados, entre ellos Oscar Zuin, Emilio Alberto Luque, María del Carmen Marín Almazán y Carlos Armando Marín.

El querellante solicitó prisión perpetua e inhabilitación absoluta para dos de los acusados: Paulino Enrique Furió Etcheverri (quien fuera jefe de Inteligencia) y Juan Carlos Santamaría Blasón (quien fuera capitán del comando de la IV Brigada Aérea y tenía a cargo el centro clandestino Las Lajas). Ambos deben responder por privación abusiva de la libertad, tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, homicidio triplemente agravado (contra el profesor López) y robos agravados, ya que en todos los secuestros los represores se llevaron pertenencias de las víctimas.

Como lo hace en cada audiencia, Salinas volvió a pedir a los acusados que rompan el pacto de silencio y digan dónde están los cuerpos de los desparecidos para que sus familias puedan honrarlos.

Salinas también acompañó la solicitud que hizo en su alegato el querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Fernando Peñaloza, quien pidió al tribunal que deje asentado en su sentencia que Las Lajas fue un centro clandestino de detención.