Los querellantes en el VI Juicio por delitos de lesa humanidad pidieron que los magistrados declaren expresamente en su fallo a Campo Las Lajas como un centro clandestino de detención. Fundaron su solicitud en la búsqueda de reparación y reconstrucción histórica y en la necesidad de que sea un lugar para la memoria y que no se utilice para otro fin.

Los defensores de las víctimas también coincidieron en otro pedido, pero para los acusados: que rompan el pacto de silencio y digan dónde están los cuerpos de los desaparecidos, para que sus familias y amigos tengan la posibilidad de conocer la verdad y de despedirse de sus seres queridos.

En ambos pedidos coincidieron los querellantes por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Fernando Peñaloza, y por el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH), Pablo Salinas. 

En cuanto a los pedidos de pena para los acusados, entre los que hay exintegrantes de la Policía de Mendoza, de la Federal, de la Fuerza Aérea y quien fuera secretario de Seguridad durante la gestión de Celso Jaque, Carlos Rico Tejeiro, hubo solicitudes disímiles. Salinas –por el MEDH– pidió penas más duras que las reclamadas por los representantes del Ministerio Público Fiscal.

Última etapa del juicio

El proceso, que se inició el 27 de octubre de 2016 con  28 acusados, llegó a su etapa final con el inicio de los alegatos por parte de la Fiscalía y de los querellantes. Luego será el turno de los defensores y finalmente se conocerá la sentencia del tribunal integrado por Daniel Alberto Cisneros (presidente), Alejandro Piña y Gretel Diamante. 

Los acusados –entre los que estaba hasta su muerte el represor Luciano Benjamín Menéndez– responden por secuestros, torturas y asesinatos cometidos en el D2 (el mayor centro clandestino de Mendoza), en Campo Las Lajas (ubicado en Las Heras) y en el Casino de Suboficiales contra 86 víctimas. Entre ellas están el profesor de la UNCUYO Mauricio López, Susana Bermejillo, Mario Susso, Amadeo Sánchez Andía, Vilma Rúpolo, Víctor Romano Rivamar, Daniel Moyano, Juan Ramón Fernández, Osvaldo Zuin y María del Carmen y Carlos Marín. 

Con la presencia de víctimas y familiares, iniciaron su alegato los representantes del Ministerio Público Fiscal, Dante Vega y Daniel Rodríguez Infante. El segundo centró su exposición en la responsabilidad en los delitos de los integrantes de la Fuerza Aérea, especialmente en Juan Carlos Alberto Santamaría, en ese momento la máxima autoridad de la agrupación Mendoza entre el 77 y el 78. 

Rodríguez Infante recalcó que está probado que esa fuerza formaba parte de un plan nacional y que esto queda claro tanto en los reglamentos generales como en los internos. Aseguró que las pruebas son abrumadoras respecto de que los acusados intervinieron activamente en la represión ilegal, que tuvieron un rol prioritario en las tareas de inteligencia, que mantuvieron personas detenidas, que trasladaron víctimas desde y hacia Mendoza y que actuaron como interrogadores y torturadores en centros clandestinos, especialmente en Campo Las Lajas y en el Casino de Suboficiales.

Por su parte, Vega habló sobre las penas y el agravamiento de las mismas contempladas en las leyes argentinas, y consideró al sistema más  “serio y sobrio” que el de otros países, donde se acumulan las penas y las personas son condenadas por períodos incumplibles.

Ambos fiscales solicitaron que todas las mujeres sean declaradas por el tribunal víctimas de violencia de género.

El patriarcado, uno de los libretos de la dictadura

Viviana Beigel, querellante en el VI Juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Mendoza, planteará en su alegato que las mujeres sufrieron violencia de género.

Peñaloza, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, centró su alegato en la necesidad de que el tribunal deje expresamente asentado en su fallo que Las Lajas fue un centro clandestino de detención. Dijo que esta verdad se fue reconstruyendo gracias a los testimonios de sobrevivientes, que describieron el lugar y que incluso vieron a alguno de los secuestrados (entre ellos, el profesor Mauricio López).

Luego, Salinas ratificó la existencia de un plan criminal sistemático bajo el “delirio” de la Doctrina de la Seguridad Nacional, en la que participaron todas las fuerzas y que incluyó la apertura de 300 centros clandestinos en el país. Y recalcó que los integrantes de las distintas fuerzas que participaron en la represión sabían que sus actos eran ilegales, ya que la mejor muestra de esto fue que trasladaron a las personas desnudas y encapuchadas.

En cuanto a las penas, la Fiscalía solicitó que cumplan desde 6 años hasta prisión perpetua, y en el caso del exsecretario de Seguridad Carlos Rico Tejeiro, solicitaron una condena de 18 años. Salinas pidió penas más altas con el fundamento de que deben responder por la “extensión del daño”, es decir, no sólo por las torturas a las que sometieron a las víctimas, sino a sus amigos, familiares, por la apropiación de los nietos y por la pérdida que sufrió la sociedad toda, por la desaparición o el exilio de  profesionales de primer nivel.