Fueron más de un centenar los que denunciaron a la Tupac Amaru a principios de este año y son cinco los que ahora piden que el Jury de Enjuiciamiento juzgue el accionar de la Octava Cámara del Crimen. Los jueces que la integran resolvieron el último 4 de septiembre liberar a los miembros de la organización social que estaban imputados y en prisión preventiva. Sin embargo, no los sobreseyeron. La causa penal está ahora en manos de la Suprema Corte de Justicia.

Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Alejandro Miguel son los magistrados a los que se denunció ante el Jury de Enjuiciamiento por haber actuado “con parcialidad a favor de los imputados”. Eran ocho los miembros de la Tupac Amaru detenidos por la causa penal en la que se los acusa de asociación ilícita, estafa, extorsión y coacción. Cinco de ellos, incluida Nélida Rojas –líder de la organización en Mendoza–, fueron liberados.

Acto seguido, la fiscal de la causa, Gabriela Chaves, presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia para que revea la decisión de la Octava Cámara del Crimen y el alto tribunal aún no se ha expedido sobre el tema. Ahora son los denunciantes los que acusan a Correa Llano, Salinas y Miguel de haber actuado con parcialidad a favor de los imputados y de haber buscado “obstaculizar la investigación intentando atemorizar a la fiscal, haciéndole una imputación deshonrosa y criminal”, detalla la crónica del periodista Daniel Peralta en Los Andes.

Según ese diario, en el documento de 20 páginas que las víctimas de la Tupac presentaron el pasado 19 de diciembre sostienen que la Cámara ha inventado una finalidad criminal en el actuar de la fiscal con la intención de amedrentarla para que la investigación no se concrete. Para los denunciantes hay dos opciones: o se trató de un amedrentamiento a Chaves o los jueces de la Octava Cámara han incumplido con sus deberes de funcionario público.

El antecedente

No es la primera vez que Correa Llano, Salinas y Alejandro Miguel son denunciados ante el Jury. Este los sobreseyó en 2013, cuando fueron acusados por el entonces diputado provincial Daniel Cassia. En aquel momento se los señaló por mal desempeño de sus funciones.

Según una nota escrita por la periodista Rosana Villegas para Diario UNO y que se publicó el 6 de septiembre de 2017, se pidió el juicio político a la Octava Cámara por el caso de Matías Quiroga, un joven que fue asesinado en 2012 por un exconvicto que había recibido beneficios carcelarios. Sin embargo, en aquel entonces, el Jury de Enjuiciamiento sobreseyó a los camaristas.