Diputados nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR) y del PRO presentaron un proyecto de ley en el Congreso que busca eliminar símbolos e imágenes religiosas de los edificios y espacios públicos pertenecientes al Estado. En caso de aprobación, solo serán exceptuadas aquellas representaciones que sean parte del "lenguaje arquitectónico" del lugar.

Fueron los legisladores y las legisladoras del radicalismo Karina Banfi, Brenda Austin, Alejandro Echegaray y Facundo Suárez Lastra y el legislador del PRO Fernando Iglesias los que tomaron la iniciativa de este proyecto de ley. El mismo establece "la remoción de los símbolos e imágenes religiosas instalados en espacios públicos o edificios pertenecientes al Estado nacional".

Además, en el proyecto oficialista se otorga un plazo de 90 días –es decir, tres meses– desde la fecha de promulgación de la ley. Pasado ese límite, queda expresamente "prohibida" cualquier tipo de exhibición de esos símbolos religiosos. Pero el texto introduce una salvedad para aquellas imágenes religiosas que "formen parte del lenguaje arquitectónico" del espacio, en cuyo caso no será obligatorio que se las retire.

Según se explica en el fundamento de la iniciativa, “el propósito del proyecto es garantizar el efectivo cumplimiento de los principios de libertad religiosa y de conciencia, así como de garantizar el carácter laico de los poderes públicos en el territorio de la República Argentina”, se citó en Perfil. Y se agrega: “Con este proyecto, buscamos que el Estado garantice el trato igualitario de cultos para avanzar en la construcción de una agenda pública no basada en la moral, sino en los derechos ciudadanos”.

Asimismo, los legisladores y las legisladoras sostienen: “La simbología religiosa no solo no es representativa de la totalidad de la población, sino que a su vez no se condice con la laicidad del Estado nacional. Argentina es un Estado laico respetuoso de la diversidad cultural y religiosa, como también de la libertad de culto, del principio de igualdad y no discriminación en relación con el derecho a la libertad de conciencia”. “Con este proyecto, buscamos que el Estado garantice el trato igualitario de cultos para avanzar en la construcción de una agenda pública no basada en la moral, sino en los derechos ciudadanos”, concluyeron. 

Los diputados y las diputadas firmantes votaron a favor del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) entre el 13 y el 14 de junio pasados, iniciativa que fue aprobada en la Cámara Baja, pero fue frenada en el Senado, donde gran parte de la negativa se justificó con argumentos basados en las creencias religiosas de los senadores y las senadoras.