La directora nacional de políticas y regulación de servicios de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Susana Underwood, aseguró que en Argentina existen "muchas esterilizaciones forzadas de personas con discapacidad", es decir que son sometidas a ligaduras de trompas o vasectomías sin su consentimiento. Para erradicar estas prácticas, un grupo de organizaciones de derechos humanos lanzó una campaña para que se reforme la Ley 26130.

"Entendemos que hay muchas esterilizaciones forzadas de personas con discapacidad en Argentina, aunque no es fácil obtener datos que permitan cuantificarlo con certeza. Hay personas que expresan su deseo de maternar y se lo ignora activamente", afirmó Underwood.

Para la funcionaria, "nuestra sociedad aún se encuentra atravesada por el modelo médico hegemónico, por el cual la medicina, en muchos casos, sigue definiendo qué se hace con los cuerpos".

"Las esterilizaciones forzadas y no consensuadas de personas con discapacidad se fundan en varias razones, tales como considerar que la discapacidad es un carácter indeseable y, por lo tanto, no se debe permitir su reproducción, o que son personas vulnerables e incapaces de llevar adelante la crianza", dijo Underwood.

Respecto a la Ley 26130 sancionada en 2006 que estableció el Régimen para las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica y prevé que el consentimiento sea firmado por el representante legal en caso de una mujer que haya sido declarada judicialmente incapaz, Underwood advirtió que "esto va en contra de la autonomía de las personas con discapacidad y de las definiciones del nuevo Código Civil".

Por eso, consideró: "En caso de no poder obtener el consentimiento de la propia persona con discapacidad, la práctica no deberá ser realizada, en lugar de sustituir la voluntad de la persona con discapacidad con una autorización judicial solicitada por su representante legal".

La esterilización de personas con discapacidad sin consultarles, sin su consentimiento o dándoles información errónea son #EsterilizacionesForzadas. Sin embargo, la Ley 26.130 avala estas prácticas. pic.twitter.com/vGtRAlV1s2

— REDI (@redi_derechos)

October 6, 2020

Con el lema "Basta de esterilizaciones forzadas", un grupo de organizaciones de derechos humanos lanzó una campaña para que se reforme la Ley 26130 como "un paso fundamental para erradicar estas prácticas" en personas con discapacidad, que son sometidas a ligaduras de trompas o vasectomías "sin consentimiento o siquiera conocimiento", porque esta norma "lo avala o no resulta efectiva para impedirlo". La reforma de esta ley fue recomendada en 2012 por el Comité de la ONU que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su último informe sobre Argentina manifestó "su preocupación por la existencia de prácticas de esterilización sin su consentimiento libre e informado", al tiempo que exhorta a modificar también el artículo 86 del Código Penal y a "ofrecer los apoyos necesarios a las mujeres sometidas a un régimen de tutela o curatela para que sean ellas mismas las que den su consentimiento informado".

"Conocemos muchos casos, como el de una mujer sorda adulta que quería tener hijos y no podía, y cuando se hizo los estudios de fertilidad, recién tomó conocimiento que había sido esterilizada en la adolescencia. Imaginate la convulsión emocional", contó a Télam Carolina Buceta, integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).

La campaña puesta en marcha por las organizaciones de derechos humanos y discapacidad para la modificación de esta ley, como así también los proyectos de la diputada chaqueña María Lucila Masin, que va más allá y solicita adecuar la Ley 17132 en su artículo 20, trabajan en pos del cumplimiento real y legal de lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", expresó Underwood. La funcionaria fundamentó su apoyo en que "ambas iniciativas se basan en el compromiso tomado por la Argentina de respetar los derechos de todos sus habitantes sin perjuicio de su discapacidad y de realizar ajustes razonables para el pleno ejercicio de esos derechos".

En ese sentido, informó que "la Andis ha solicitado participar" en el tratamiento del proyecto para que la Cámara de Diputados conozca su opinión como la de sus órganos asesores, el Consejo Federal de Discapacidad y Comité Asesor. "No basta una reforma legal para modificar las prácticas. Las leyes siempre están desfasadas de las acciones y movimientos sociales. Es necesario que la modificación sea acompañada por un adecuado decreto reglamentario, presupuesto y campañas de concientización, tanto para profesionales como para pacientes, para que no se convierta en una "ley testimonial", Underwood.

La pandemia profundizó las dificultades de las personas con discapacidad

Sociedad Unidiversidad por Unidiversidad / Fuente: Télam / Publicado el 29 DE JULIO 2020 Las personas con discapacidad tienen mayor riesgo de contraer el coronavirus, según un informe que sugiere "una acción urgente para garantizar que sean incluidas explícitamente en la planificación de emergencias públicas", realizado por el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (IIGG-UBA); la Comisión de Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de San Martín y la Organización Nacional sobre Discapacidad en Argentina (ONDA).

La iniciativa lanzada esta semana por REDI, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Cladem Argentina, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), FUSA Asociación Civil y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) plantea la reforma de los artículos 2 y 3 de la Ley 26130, que establece el "Régimen Para las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica" (2006). Estos artículos establecen que estas prácticas "están autorizadas para toda persona capaz y mayor de edad que lo requiera formalmente, siendo requisito previo inexcusable que otorgue su consentimiento informado", sin necesidad de una autorización judicial, "excepto cuando se tratare de una persona declarada judicialmente incapaz".

"Sin embargo, el artículo 2 de la Ley 26130 solo habilita a las personas sin restricción judicial de la capacidad jurídica y a mayores de edad a dar su consentimiento para las esterilizaciones, y si la persona fue declarada incapaz en sede judicial, la práctica debe ser solicitada por su representante legal y autorizada por el Poder Judicial", dijeron. "Esto habilita a una sustitución de la voluntad de la persona con discapacidad, lo que vulnera derechos consagrados en la Convención, como el derecho a la salud, a la integridad personal, a una vida libre de violencia basada en el género, a la no discriminación, a decidir el número de hijos y a mantener la fertilidad en igualdad de condiciones", explicó Dominique Steinbrecher, abogada de ACIJ.

La coalición cuestiona que "la Ley 26130 tampoco resulta efectiva para prevenir situaciones en las que se esteriliza a personas con discapacidad sin su consentimiento" o aquellos casos en que "la persona con discapacidad brinda un consentimiento viciado, por ejemplo, porque se la induce a aceptar la práctica con base en información sesgada".

Carolina Buceta, integrante de REDI, explicó que "no existen estadísticas porque estas esterilizaciones suelen darse en la clandestinidad", dado que, en muchos casos, además de no contar con el consentimiento de la persona con discapacidad más allá de su capacidad, incluso "se hace en menores de edad". Buceta agregó: "Sobre todo en el caso de mujeres y otros cuerpos gestantes con discapacidad intelectual, auditiva y psicosocial, sucede que 'convenian' esta intervención entre los profesionales y los familiares, sin decirle nada a la persona".

Buceta señaló que habitualmente, pero sin ningún fundamento, se considera que las personas con discapacidad "no pueden maternar" o que no pueden vivir plena y responsablemente su sexualidad porque "son asexuadas o tienen una sexualidad descontrolada" o que "podrían tener un hijo con discapacidad, lo que sería un problema". "Respecto de las violaciones, no es necesaria la esterilización de la persona como protección, sino la prevención del abuso en sí, pero este tipo de argumentos corre el foco para incurrir en una práctica que vulnera sus derechos para prevenir otro atropello", agregó Steinbrecher.