“Claudia vivía a seis cuadras de sus abuelos, seguro se los cruzó en algún almacén de Guaymallén”, detalló Pablo Salinas, querellante por el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos y a la vez representante de Abuelas de Plaza de Mayo, a propósito del pedido de libertad del militar que se apropió de Claudia Domínguez Castro, nieta recuperada número 117, quien se enteró en agosto pasado de que había nacido en cautiverio y era hija de Gladys Castro y Walter Domínguez –militantes del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML)–, detenidos y desaparecidos durante la última dictadura.

El organismo de derechos humanos pidió que se mantenga la prisión preventiva del represor Segundo Héctor Carabajal en tanto que, según Pablo Salinas, no solo podría “fugarse y entorpecer la investigación” sino que también “corresponde conforme a la ley por los graves delitos de los que se lo acusa”. Salinas, en diálogo con Unidiversidad, señaló que espera que la Cámara de Apelaciones los apoye porque además se trata de una de las personas más involucradas en el aparato represivo de Mendoza. Asimismo, expresó que seguro pedirán más de 10 años de prisión para Carabajal, quien no supera los 70 años.

La nieta de María Assof de Domínguez, presidenta de Madres en Mendoza y reconocida activista por los derechos humanos, manifestó su temor por represalias si Carabajal queda libre y es por ello que Estela de Carlotto le pidió a Salinas que la acompañe en el proceso.

Carabajal actuó en el Destacamento de Inteligencia 144 –organismo encargado de llevar adelante los operativos de secuestro, tortura y desaparición de personas en nuestra provincia–, que tuvo una de sus sedes en un chalet ubicado en la esquina de Martínez de Rozas y Emilio Civit, de Ciudad. Según el juez federal Walter Bento, Carabajal –actualmente detenido en el pabellón de San Felipe, ubicado en la Penitenciaría de la calle Boulogne Sur Mer–, intervino en la sustracción de una niña menor y la entregó al matrimonio Bozzo-Reitano.

Salinas contó también que en su último alegato rogó a los represores “romper el pacto de impunidad para saber dónde está el resto de los nietos apropiados y dónde están los cadáveres de los desaparecidos –creen firmemente que están en campo Las Lajas, en Las Heras– y garantizar el derecho de los familiares a llorar sus muertos”.

Por último, Salinas invitó a los mendocinos a asistir a las audiencias por los juicios de lesa humanidad los lunes y martes a partir de las 10.00. En dos semanas probablemente se conozca la resolución de la Cámara para así poder seguir construyendo “la memoria colectiva de Mendoza”.