El presidente de la Asociación de Abogados Ambientales, Enrique Viale, aseguró que la ley mendocina que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en los proyectos mineros (7722) es una de las más importantes del país, y sostuvo que los ciudadanos deben defenderla en la calle ante el embate de las empresas.

Viale visitó Mendoza como un paso previo hacia San Juan, donde acompañó al senador nacional Fernando "Pino" Solanas a presentar ante la Justicia Federal un pedido de inconstitucionalidad de un acuerdo que el gobierno de la vecina provincia firmó con la empresa chilena Los Pelambres y que le posibilitó dejar desechos contaminantes en el departamento de Calingasta.

Viale resaltó la importancia de la Ley 7722 a nivel nacional, ya que se gestó y elaboró al calor de la lucha ciudadana. Dijo que los vecinos deben defenderla en las calles, ya que aseguró que hoy existe un embate de las empresas en connivencia con el Estado nacional y provincial.

El abogado recalcó que los proyectos megamineros no son otra cosa que espejitos de colores. Comentó que no existe un solo lugar en el mundo que tenga desarrollo social y económico con la gran minería. Por el contrario, señaló que las zonas más pobres del país y del mundo están relacionadas con el avance de esta actividad.
 

Conflictos latentes

El letrado describió los conflictos ambientales que existen en el país y los dividió por regiones. En la zona cordillerana y precordillerana la problemática está relacionada con los proyectos mineros, que generan gran conflictividad social. En La Pampa Húmeda el problema está centrado en el agronegocio, en el cultivo de 12 millones de hectáreas de soja transgénica, en la que aplican agroquímicos en forma indiscriminada. En la Patagonia se encendió la alarma con la nueva modalidad de explotación del petróleo, es decir, la fractura hidráulica o fracking, y por último, la gran contaminación del Área Metropolitana de Buenos Aires a causa del Riachuelo, que afecta a 4 millones de personas.

Viale recalcó que el denominador común en todos los conflictos es la falta de controles del  Estado nacional y de los provinciales. Y no sólo eso: dijo que en muchos casos actúan en connivencia con las empresas, reproduciendo un modelo extractivista que tiene a la naturaleza como objeto.

El abogado también habló de la pata judicial de los conflictos. Explicó que en algunas ocasiones los magistrados conocen el tema y la legislación, pero en otros se transforman en un problema más para los ciudadanos.