Maltrato infantil: cómo visibilizar otras violencias, además del castigo físico

Sociedad

Ilarraz fue condenado a 25 años de prisión efectiva por abuso y corrupción de niños y adolescentes de entre 10 y 14 años por un tribunal de primera instancia el 21 de mayo de 2018, acusación agravada por ser el encargado de la educación de las víctimas en cinco de los siete casos denunciados.

La sentencia fue confirmada luego por la Cámara de Casación Penal el 7 de marzo de 2019. El sacerdote también fue declarado culpable de abuso deshonesto agravado por ser encargado de la educación de las otras dos víctimas que lo denunciaron y testimoniaron en el juicio.

Actualmente, cumple prisión domiciliaria en un departamento sobre la calle Corrientes de la ciudad de Paraná, por encima de una agencia de viajes de menores y frente a una escuela primaria y secundaria. Sin embargo, en noviembre del 2020, los jueces de Entre Ríos Bernardo Salduna, Susana Medina y Juan Ramón Smaldone dieron lugar al pedido de que la Corte Suprema se expida sobre la prescripción de los delitos. En diciembre del 2021, la Corte corrió vista a la Procuración General de la Nación para que se expida, y esa prisión domiciliaria puede cambiar en caso de quedar firme la sentencia.

La Justicia entrerriana "estuvo a la altura de las circunstancias", consideró Rausch, pero remarcó que "sobrevivientes, familiares, amigos y comunidad", están aún a la espera de la resolución nacional. De ser un fallo favorable, "dará contundencia a la Ley 27206 (Ley de respeto a los tiempos de las víctimas)", y, si da lugar a la prescripción solicitada por Ilarraz, "no se desaprueban los hechos, ya confirmados, sino su vencimiento" judicial.