El diputado nacional Alfredo Olmedo, junto a su par provincial Carlos Zapata, pidieron la revocación de la prisión domiciliaria de Milagro Sala por “incumplimiento de las condiciones que impone el régimen penitenciario y por la amenaza que genera en la sociedad jujeña y del resto del país”. Salta Somos Todos es el único espacio político que se expresa fuertemente en este sentido: “Tememos por la paz social, Milagro Sala debe estar presa y trabajando. Aterroriza al pueblo de Jujuy y a la Argentina”, expresaron al respecto, y continuaron:“!ueremos que caiga todo el peso de la ley. Los delincuentes deben estar presos”.

Olmedo y Zapata realizaron la presentación de Amicus Curiae en la Cámara Federal de Apelaciones de Salta con pedido de remisión a Jujuy y en el Tribunal Criminal Federal de San Salvador de Jujuy, bajo el patrocinio de la doctora Mariela Pérez Cesaratto. El escrito solicita que se extienda la imputación para otros delitos que están contemplados en el Código Penal, tales como instigación, intimidación pública, rebelión y sedición, la revocación de la prisión domiciliaria y la aplicación de prisión preventiva común por violación al reglamento penitenciario y por peligrosidad procesal y social evidentes. La presentación exige que la Justicia aplique los artículos 209, 210, 210 bis, 213 bis, 226, 226 bis, 229 y 230 del Código Penal. El argumento central se apoya en la aplicación de los artículos mencionados, que expresan claramente “que las penas no son excarcelables, por cuanto, se considera que Milagro Sala debe ir presa al igual que sus compañeros más cercanos”.

Para los legisladores Olmedo y Zapata, la organización Tupac Amaru, liderada por Sala, “es una organización, si no es terrorista, al menos es sediciosa y la justicia debe considerar la situación de riesgo en que se encuentra la sociedad al permitir la prisión domiciliaria y la cercanía de esta con los integrantes".

Además, manifestaron que “la Argentina está frente a un gobierno tolerante que no actúa por temor, que no hay jueces ni fiscales que apliquen la ley, ni abogados que se atrevan a solicitar la aplicación de la norma: Sin autoridad que aplique la ley, vamos hacia el caos y a que estas organizaciones violentas bancadas por el narcotráfico socaven el Estado. Los corruptos deben estar presos y trabajando”, concluyeron.