Miret, que ya está suspendido en su cargo desde septiembre pasado, fue acusado de “mal desempeño” en su función y ”eventual comisión de delitos” por cinco cargos, entre ellos haber permitido la violación de una menor bajo su jurisdicción en 1975.

“Queremos dejar constancia que todos los hechos fueron dentro de la vigencia de gobiernos democráticos, de modo que no puede alegarse la excepcionalidad de un gobierno de facto”, sostuvo el consejero Hernán Ordiales frente al jurado de enjuiciamiento.

Ordiales, junto con los consejeros Carlos “Cuto”Moreno y Alejandro Fargossi, integra la acusación en este caso que originalmente fue denunciado por organismos de derechos humanos de Mendoza y luego respaldado por el propio gobierno provincial ante el Consejo de la Magistratura, que votó por unanimidad suspenderlo e iniciar el trámite de remoción.

El caso de la violación contra Luz Faingold, que la semana pasada denunció la actitud de Miret al declarar ante el jurado, ocurrió entre agosto y septiembre de 1975, cuando la entonces menor se encontraba detenida en la D-2 de la policía mendocina y el ahora camarista era juez federal subrrogante.

“Tampoco es cierto que su confirmación por el Senado en 1984 blanqueara su situación”, enfatizó Ordiales, al recordar que la aprobación de su pliego se produjo sin que llegara a debatirse esos antecedentes y que otros dos casos ocurrieron a posteriori.

Uno de ellos ocurrió en 1987 cuando cerró sin investigar una denuncia contra Luciano Benjamín Menéndez por desaparición de una familia y posteriormente, en el año 2000, cuando -según los consejeros- cometió falta de imparcialidad por no excusarse en una causa contra su amigo, el general Juan Bautista Saa.

El alegato de defensa de Miret, pronunciado de inmediato del de la acusación, consistió en insistir en los mismos argumentos desestimados expresamente por los acusadores.

Ahora, el "jury de enjuiciamiento" presidido por el juez Carlos Bossi e integrado por su colega Alejandro Tazza, los senadores Eric Calcagno y José Manuel Cano; los diputados Jorge Landau y Daniel Katz, y la abogada Verónica Pedrotti, sólo debe fijar fecha para dar su veredicto.