El informe está firmado por el comisario Marlon Oliveira Cajado dos Santos, del Grupo de investigadores de la operación Lava Jato, quien afirma que la designación de Lula como jefe de gabinete de Rousseff –el 16 de marzo del año pasado– buscó que el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) escapara de ser investigado. Doce días antes de esa designación, Luiz Inácio Lula da Silva había sido llevado por la fuerza a declarar ante la PF por la propiedad, que la fiscalía le atribuye, de un departamento en el balneario Guarujá obtenido presuntamente mediante una ventaja indebida vinculada a la red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

"El conjunto probatorio es suficiente", dice el informe del comisario sobre Lula y Rousseff, que además involucra al exjefe de gabinete Aloizio Mercadante como sospechoso. En caso de que la corte admita este informe que sostiene que Lula buscó fueros yendo a ser jefe de gabinete de Dilma Rousseff, el caso deberá ir al juez de primera instancia Sérgio Moro, debido a que ninguno de los dos expresidentes tiene actualmente fueros.

El informe de la PF choca con el reciente fallo del STF que autorizó a asumir el cargo de secretario general de la presidencia a Wellington Moreira Franco, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) del presidente Michel Temer, pese a que fue objetado por estar citado en la delación de los ejecutivos de la constructora Odebrecht presos por corrupción.

La designación de Lula como jefe de gabinete había sido bloqueada por el ministro del STF Gilmar Mendes y hasta ahora el caso no tuvo resolución, debido a que en mayo Rousseff fue suspendida en el cargo y luego apartada definitivamente tras un juicio político que terminó el 31 de agosto. Rousseff también fue investigada por la PF por una denuncia del senador corrupto confeso Delcidio Amaral, que la acusó de nombrar un juez de la Corte Penal para favorecer al heredero preso de Marcelo Odebrecht, una imputación que nunca tuvo respaldo en otras fuentes.

La defensa de Lula explicó en un comunicado que el informe policial se basa también en análisis políticos realizados por periodistas en la prensa y que "carece de cualquier fundamento jurídico". Recuerda que va contra la decisión de la semana pasada que permitió la asunción como secretario general de la presidencia de Moreira Franco.

"Un agente policial pretende transformar en un delito un acto de nominación potestad de la presidenta Rousseff; para llegar a la conclusión, el agente público recurrió a la 'prensa especializada en política', pero dejó de presentar cualquier fundamento jurídico para su manifestación", agrega el comunicado, que reitera que existe una persecución del equipo de Lava Jato contra el fundador del PT, favorito en las encuestas para las elecciones de 2018. La defensa de Rousseff, por su parte, dijo que la expresidenta espera que la corte desestime el informe y que los fueros no impiden a un agente público continuar siendo investigado.