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Análisis económico de la actualidad argentina junto a la economista Carina Farah.
24 DE OCTUBRE DE 2024
Además, los fiscales federales Pollicita y Mahiques solicitaron al juez Ercolini que inhiba todos los bienes de la exmandataria.
Foto archivo publicada por La Nación
Unidiversidad / Fuente: La Nación
Publicado el 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016
El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió las indagatorias de la expresidenta Cristina Kirchner y del exministro de Economía, Axel Kicillof, a quienes acusó de haber ocultado grandes operaciones bancarias que comprometerían a Lázaro Báez.
Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques urgieron al juez Julián Ercolini a que indague a la expresidenta Cristina Kirchner e inhiba todos sus bienes, y le enviaron una lista de 227 puntos de prueba que la tienen como responsable de un "plan sistemático ideado y ejecutado desde la Presidencia de la Nación orientado a saquear las arcas del Estado a través de la asignación direccionada de obra pública vial" a Lázaro Báez, según publica La Nación. Los fiscales respaldaron el pedido con pruebas que anexaron a su dictamen para que las medidas se tomen "de manera urgente", o, de lo contrario, le dijeron al juez Ercolini que él reasuma la investigación del caso y tome las medidas que estime necesarias antes de interrogar a la expresidenta.
En esta causa, Pollicita y Mahiques investigan el direccionamiento de la obra pública hacia Báez y argumentaron que desde que Néstor y Cristina Kirchner llegaron al poder nombraron a Julio de Vido y a otras funcionarios en el área con el plan de saquear las arcas del Estado mediante esta maniobra.
Por eso dijeron que en este expediente se investiga "la matriz de corrupción que desde la Presidencia de la Nación y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública –Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz– se habría montado como estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos, a partir de la cual se habría asignado en forma discrecional prácticamente el 80 % de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, lo que representó contratación del Estado en favor de Lázaro Antonio Báez por más de 16 mil millones de pesos".
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