Cristina Fernández de Kirchner sumó hoy, martes 3, una nueva acusación por corrupción que arrastra a sus exministros Julio Alak y Axel Kicillof, a Mariano Recalde y al empresario Lázaro Báez. Esta vez, los cargos son porque Aerolíneas Argentinas, controlada por el Estado, contrató 26 mil noches en el Hotel Alto Calafate, propiedad de la expresidenta, por 16 millones de pesos, para que descansaran las tripulaciones. El contrato se hizo sin seguir los mecanismos de compra previstos por la ley, según publica La Nación.

Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron al juez federal Julián Ercolini que indagara por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública a Cristina Fernández de Kirchner, a los exgerentes generales de la empresa aérea Alak y Recalde; a Kicillof, en su papel de subgerente, y a otras 21 personas, incluidos Báez y ejecutivos de Aerolíneas que intervinieron en las contrataciones. También solicitaron la inhibición de bienes de Hotesur, Valle Mitre e Ideas, las empresas que se beneficiaron con esta maniobra.

El pedido de indagatoria de los fiscales es un compendio de todo lo que se hizo mal para favorecer la contratación de habitaciones en el hotel de la expresidenta para que se alojaran las tripulaciones de Aerolíneas Argentinas que debían descansar antes de emprender un nuevo vuelo.

"Manipulación abusiva"

Estos contratos se realizaron en nueve oportunidades durante siete  años, entre 2009 y 2015, cuando la empresa retornó al control estatal. Los fiscales dijeron que los funcionarios de Aerolíneas Argentinas "siguieron el plan diseñado y estructurado por Cristina Kirchner mediante la manipulación abusiva" del mecanismo de contratación directa o la simulación de concursos privados de precios.

Para la acusación, no solo se buscó favorecer las arcas del matrimonio presidencial eligiendo su hotel para que descansaran las tripulaciones de la empresa estatal, sino que además se buscó "la ocupación constante y permanente del establecimiento hotelero". Eso favorecía maniobras de lavado de dinero, "ya que los tripulantes de Aerolíneas Argentinas le garantizaban un flujo real de ocupantes, en contraposición, a los contratos simulados por el alquiler de habitaciones en el referido hotel que eran celebrados con las empresas del Grupo Báez para justificar en los papeles el flujo de fondos que por esta vía eran blanqueados".

Esta mención hace referencia a una causa paralela por lavado de dinero, que se denomina Hotesur, donde se investigan los contratos de ocupación supuestamente simulada de habitaciones que pagó el grupo de Lázaro Báez en el hotel, aun cuando sus empleados, que debían ocuparlas, trabajaban a centenares de kilómetros del lugar.

Los fiscales Pollicita y Mahiques explicaron que las contrataciones de Aerolíneas Argentinas con el Hotel Alto Calafate se realizaron mediante las firmas interpuestas Hotesur, Valle Mitre e Idea S.A. La primera pertenecía a Néstor y Cristina Kirchner. Tras la muerte del expresidente quedó en manos de Máximo Kirchner y de su madre. Idea pertenecía a Osvaldo Sanfelice, de máxima confianza del matrimonio presidencial. El hotel era administrado por Lázaro Báez, preso por lavado de dinero, y por Sanfelice.

Para los fiscales, la expresidenta y los gerentes de Aerolíneas Argentinas "se interesaron" en contratar con el hotel de la familia Kirchner. El modo de "poner distancia" entre ellos y la empresa administrada por funcionarios públicos, y al mismo tiempo "disimular", era la inclusión de las empresas intermediarias. El contratante era el Estado y el contratado era el hotel, que pertenecía una empresa de la familia Kirchner y que era administrado por sus allegados, dijeron los fiscales.

Los fiscales analizaron las nuevas contrataciones realizadas con el Hotel Alto Calafate y advirtieron que siete veces fueron "de facto". Las tripulaciones ocupaban el hotel con el contrato vencido y se armaba uno nuevo para formalizar la situación irregular. Contratación directa por renovación de un contrato anterior con el objetivo de contratar sin concurso, escribieron los fiscales.

En otros casos, y cuando tomó estado público la figura de Báez, se hizo un concurso cerrado de precios, pero manipulando ofertas de otros competidores para beneficiar al hotel Alto Calafate o invitando a cotizar solo al hotel presidencial, dijeron los fiscales.

Analizaron que cuando el Hotel Alto Calafate estuvo en refacciones se contrató con el Hotel Xelena, de cinco estrellas –una más que el de la expresidenta–. A pesar de que el hotel de mayor categoría era más barato, concluidas las obras se volvió al cuatro estrellas presidencial, relataron.

"La contratación del Hotel Alto Calafate constituía una decisión que provenía desde la cúspide del PEN y que atravesaba verticalmente la estructura administrativa de Aerolíneas Argentinas –comandada por Alak y Recalde– que incluso dieron la orden de contratar y mantener la contratación del hotel de quien los había nombrado en el cargo y quien ejercía los derechos como accionista de la empresa", escribieron. Reprodujeron memorándums y correos electrónicos de los empleados que mencionaban que los contratos se hacían por "indicación de la gerencia general".