La Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico Argentina pidió crear un registro público de sacerdotes acusados y condenados por abuso sexual, así como denunciar penalmente a los victimarios y a las autoridades eclesiásticas de cada provincia. Desde la Red consideraron que la cumbre que lideró el papa Francisco no modificó en nada el sistema de protección y encubrimiento de curas abusadores.

El representante de la Red en Argentina, Carlos Lombardi, dijo a Unidiversidad que no pueden seguir esperando que desde el interior de la Iglesia Católica se generen respuestas para las víctimas, especialmente luego de las medidas que anunció el papa al finalizar la cumbre, que, aseguró, no cambian el sistema de protección y encubrimiento de los acusados. Por eso dijo que instaron a los sobrevivientes a denunciar a las autoridades y a solicitar que se abra un registro público con los nombres de los curas acusados, denunciados y condenados.

La cumbre antipedofilia comenzó con el relato de las víctimas

El Papa Francisco pidió "curar las heridas graves que quedaron".

Sin cambios

A través de un comunicado, la Red repudió las conclusiones de la Cumbre para la Protección de Menores en la Iglesia, liderara por el papa Francisco, por entender que se trató de un “nuevo acto de simulación e hipocresía” por parte de funcionarios de un Estado independiente, al que describieron como un incumplidor serial de convenciones internacionales sobre derechos humanos.

Al concluir el encuentro, Francisco propuso ocho medidas para erradicar la pederastia. Algunas de ellas fueron: la protección integral de los niños y niñas, llevar a la Justica a los acusados, mejorar la formación de seminaristas, reforzar y verificar las directrices de las Conferencias Episcopales para que ningún abuso sea encubierto ni infravalorado, acompañar a las víctimas, enfocar la mirada hacia los peligros del mundo digital y combatir el turismo sexual. 

De acuerdo la visión de los integrantes de la Red de Sobrevivientes, las medidas anunciadas significaron una nueva muestra de que la Iglesia católica no está dispuesta a cambiar sus prácticas. Por eso, propusieron poner en marcha una serie de acciones a los ciudadanos, y en especial, a los sobrevivientes de abuso eclesiástico.

Próvolo: de Verona a Mendoza, la ruta de la impunidad

Exalumnos de las sedes del Instituto Próvolo de la ciudad Italia, de La Plata y de Mendoza denunciaron abusos sexuales. En la provincia se abrió hace un año una investigación.

La organización hizo propuestas a nivel internacional y nacional. En el primer caso, solicitó que la ONU, a través de los cuerpos diplomáticos de cada país, declare a la Santa Sede como Estado genocida por la elaboración, aplicación y mantenimiento de un sistema de protección y encubrimiento de los sacerdotes abusadores; además, instó a todos los Estados que mantienen concordatos u otros acuerdos con la Santa Sede (como es el caso de Argentina) a la inmediata derogación de esa norma y de cualquiera otra que permita mantener el sistema de protección impuesto por la Iglesia.

En el comunicado también se enumeraron medidas de acción a nivel nacional. Estas son: creación de un registro público de sacerdotes acusados, denunciados y/o condenados por abuso sexual; solicitud de órdenes judiciales dirigidas a la Conferencia Episcopal de cada Estado para la apertura de los archivos secretos y remisión de antecedentes y documentación relativos al abuso sexual del clero; planteo de demandas judiciales contra la Santa Sede y al Estado que corresponda, al primero, por los daños y perjuicios ocasionados a las víctimas, y al segundo, por la complicidad al permitir que dentro de su territorio se vulneren convenciones internacionales sobre derechos humanos.

En el comunicado también se estableció que es necesario solicitar al Ejecutivo nacional, a través de los representantes del pueblo, emplazar a la Santa Sede a cumplir dentro de sus territorios con las convenciones internacionales sobre derechos humanos, bajo apercibimiento de iniciar medidas diplomáticas como respuesta estatal ante el no cumplimiento.

Sin respuestas

Lombardi recalcó que la falta de respuestas concretas por parte de la Iglesia no es una novedad, teniendo en cuenta que nunca atendió las recomendaciones que le hizo en 2014 el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. En ese momento, el organismo expresó: “El Comité está seriamente preocupado porque la Santa Sede no ha reconocido el alcance de los delitos cometidos, ni adoptado las medidas necesarias para abordar los casos de abusos sexuales de niños y protegerlos. Ha adoptado, en cambio, políticas y prácticas que han permitido la continuación de dichos abusos por clérigos y la impunidad de los perpetradores”.

En 2014, el Comité instó a la Santa Sede a poner en marcha una serie de medidas para evitar los abusos. Estas fueron: que la Comisión creada en 2013 investigara de forma independiente los casos de abuso sexual infantil, así como la conducta de las autoridades católicas, y que el resultado se haga público; retirar de sus puestos a los abusadores conocidos y sospechosos, y remitir el asunto a las autoridades policiales y judiciales; asegurar un intercambio transparente de todos los archivos que se pueden utilizar para responsabilizar a los abusadores, así como a todos aquellos que ocultaron sus crímenes y que deliberadamente colocaron a pederastas en contacto con niños.

Próvolo: Bordón se declaró culpable y lo condenaron a 10 años

En un juicio abreviado, el ex administrativo admitió que cometió los 11 delitos que le imputan por abuso sexual y corrupción de menores. Fue contra cinco chicos y chicas. La querella aseguró que esto le da veracidad al testimonio de las víctimas. ...

El comité también solicitó modificar el derecho canónico para que el abuso sexual infantil sea considerado como un delito y no como un mero “delito contra la moral”, así como derogar todas las disposiciones que permitan imponer una obligación de silencio a las víctimas y a todos aquellos que tomen conocimiento de este tipo de delitos. Incluso solicitó reglas claras para que los sacerdotes, el personal religioso y quienes trabajan bajo la autoridad de la Santa Sede conozcan su obligación de denunciar,

Lombardi recalcó que el Vaticano no cumplió ninguna de estas premisas y que por el contrario mantiene, por ejemplo, el Concordato que firmó con el Estado Argentino en 1966, lo que le permite hacer una investigación paralela a la judicial dentro del derecho canónico. En estas instancias, explicó, las víctimas no tienen ninguna participación ni conocen las conclusiones de esos procesos. 

El representante de la Red dijo que la investigación del caso Próvolo es una muestra de que nada cambió al interior de la Iglesia católica. Explicó que uno de los acusados, el sacerdote Nicola Corradi,  fue denunciado en Verona, Italia, pese a lo cual la Iglesia lo trasladó a La Plata, donde se repitieron las denuncias, y de ahí a Mendoza, donde pasó lo mismo. A eso se sumó el inicio de una investigación canónica paralela a la judicial, que primero estuvo a cargo de Dante Simón y Juan Martínez, y luego quedó en manos del obispo auxiliar de La Plata, Alberto Bochatey, designado comisario apostólico e interventor del Próvolo en todo el mundo.

Lombardi recalcó que los representantes de la Iglesia nunca colaboraron con la investigación judicial, que ya tiene 14 imputados por abuso sexual, entre ellos, los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho y las religiosas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, y un condenado, ya que Jorge Bordón se declaró culpable y fue sentenciado a 10 años de prisión.