La ONG Transparencia Internacional, con sede en Berlín, difundió los resultados del Índice de la Percepción de la Corrupción (IPC) 2024. En el informe mundial, Argentina mantuvo el mismo puntaje que en 2023 –pese al cambio de gobierno–, pero retrocedió un puesto en este ranking que integran 180 países, ya que otros mejoraron. Entre las claves del estancamiento de la lucha contra la corrupción, resaltan las restricciones impuestas a la Ley 27275 de Acceso a la Información Pública establecidas por un decreto del presidente Javier Milei.

El Índice de Percepción de la Corrupción lo lidera Dinamarca, con 90 puntos sobre 100 (los países que se acercan a 100 son percibidos como menos corruptos). Nuestro país obtuvo 37 puntos sobre 100 y quedó en el puesto 99 sobre un total de 180 países, por debajo del promedio mundial (43 puntos). Con el mismo puntaje que el año anterior, el país retrocedió un puesto en el ranking total respecto de 2023 –cuando cayó cuatro puestos respecto de 2022–.

En el conjunto de países latinoamericanos, Argentina se mantiene así en el fondo de la tabla de posiciones de corrupción en el sector público, aunque ligeramente mejor que otros que acentuaron la caída de su puntuación, como Brasil 34/100 (-2), Ecuador 32/100 (-2), Perú 31/100 (-2), Bolivia 28/100 (-1), México –con su mayor caída– 26/100 (-5), Paraguay 24/100 (-4) y Venezuela, que cierra con apenas 10/100 (-3).

Sin embargo, nuestro país se ubica muy por debajo de los líderes indiscutibles de la transparencia sudamericana, que siguen siendo Uruguay, que avanzó tres puntos con un marcador de 76/100 y trepó al puesto 13 de 180, y Chile, que descendió tres puntos, con un score de 63/100, pero aún dentro de una buena actuación, ya que ocupa el sitio 32 de 180 países.

“La corrupción es un problema endémico para muchos países, y también para la Argentina. Este índice evidencia que se trata de un fenómeno que se extiende a toda la política, no a un partido en particular. De la misma manera, se expande en múltiples espacios de la vida empresarial y económica. También puede inferirse una relación entre corrupción y abuso de los puestos de poder. Es vital que la ciudadanía deje de tolerar comportamientos ilícitos o autoritarios por parte de la política. Solo exigiendo decencia podremos construir un país estable y confiable”, aseguró Martín D’Alessandro, presidente de Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional.

Cerco al acceso a la información pública

En septiembre del año pasado, Milei modificó algunos aspectos de la Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada en 2016, que establecieron una serie de restricciones al derecho al acceso a la información pública. El decreto fue cuestionado por especialistas y organizaciones de la sociedad civil. Poder Ciudadano, por ejemplo, señaló en ese momento que “ningún decreto puede restringir el acceso a la información pública más allá de lo que lo hace la ley sancionada democráticamente por el Congreso de la Nación”.

“Argentina se encuentra estancada en materia de lucha contra la corrupción, y el índice muestra eso. El Gobierno argentino inclusive ha mostrado retrocesos en algunas materias durante el último año, como, por ejemplo, en el acceso a la información pública, que se ha resentido fuertemente desde que asumió el poder Javier Milei. También se generan fuertes dudas en esta materia de la voluntad de luchar contra la corrupción al observar las candidaturas a la Corte Suprema de Justicia con candidatos con fuerte rechazo por parte de la ciudadanía y la sociedad civil”, explicó Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano.

Captura de pantalla del informe 2024

Ficha Limpia y varios pendientes

El Gobierno incluyó en el listado de temas a tratar ni bien entrado el 2025 (sesiones extraordinarias del Congreso) el proyecto de ley de Ficha Limpia. Esta iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo busca limitar que personas con condenas por corrupción se postulen a cargos electivos. Recientemente obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Una propuesta similar, pero presentada por el PRO, había obtenido dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados en 2024, pero en dos oportunidades fracasó su tratamiento en el recinto de la Cámara Baja por falta de quórum.

Mientras este proyecto avanza, queda mucho por hacer para controlar la corrupción en el sector público. El abogado especialista en Acceso a la Información Pública, Calidad Institucional y Transparencia Electoral, Marcelo Bermolén, resaltó en una nota publicada por ADN Digital: “Argentina carece, de manera sistemática y transversal, de una política pública anticorrupción clara, contundente, perdurable y eficaz, siendo evidencia de ello el desdibujado rol de la Oficina Anticorrupción (OA), que en la práctica sigue sin dar señales de independencia, neutralidad y continuidad jurídica, constituyéndose en querellante –o dejando de hacerlo– en las causas judiciales más emblemáticas en la materia, según el color y humor político de turno y las órdenes emanadas por el Poder Ejecutivo”. Puso como ejemplo la reciente orden del Gobierno impartida a la Oficina Anticorrupción y a la Unidad de Información Financiera (UIF) de retirarse de todas las causas judiciales en que dichos organismos se habían constituido en parte querellante por delitos cometidos en perjuicio del Estado, una decisión que —aseguró— pone en riesgo la continuidad de algunos procesos.

Bermolén, que también es director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, explicó que la Oficina Anticorrupción es una institución dependiente del poder al que paradójicamente debería controlar, limitándose en la práctica a funcionar como una oficina de recomendaciones, muchas de las cuales faltan o llegan a destiempo. Indicó que no existe un organismo independiente que pueda monitorear la corrupción gubernamental en tiempo real. También aclaró que las privatizaciones que se promueven se dan en un marco de debilidad de los organismos de control.

“El aplazo de Milei no sorprende, en tanto la calidad institucional ha profundizado su deterioro durante el primer año de su gestión. Una serie de acciones que, inadvertidas por el gran público, comenzaron siendo llamados de atención, pasaron a consolidarse como un modo arriesgado de ejercer el poder”, dijo Bermolén. Entre la enumeración que hace el especialista, menciona la nominación para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación de uno de los jueces más controvertidos de los que se tenga memoria, Ariel Lijo.

A la vez, el especialista cuestionó que no exista referencia alguna a un proyecto que promueva el dictado de una nueva ley de ética pública, algo que tampoco pusieron entre sus prioridades sus antecesores Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri o Alberto Fernández. Aclaró también que la responsabilidad de esta “debilidad” construida no es únicamente del Poder Ejecutivo. “Cada uno de los otros poderes conlleva su peso en el resultado frustrante de la lucha contra la corrupción”, señaló.