Dispuesto a salvar la continuidad de Impsa, Enrique Pescarmona ofreció a los acreedores contratar un asesor financiero para vender el grupo mendocino y poder pagar una deuda que asciende a USD 1136 millones y que está siendo negociada a través de un proceso de reestructuración de pasivos enmarcado en un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) que ya fue aprobado por la justicia. Así lo publicó el sitio cronista.com.

La propuesta forma parte de la oferta de canje que Impsa hará a los acreedores y que fue publicada en el sitio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En el paper se incluye la contratación de un asesor financiero. Este llevará adelante un proceso de venta de acciones de la compañía que dejará a la familia fundadora afuera del directorio y también del control operativo tanto de Impsa como de Venti, el holding controlante.

Según los términos y condiciones del proceso de reestructuración presentado por Pescarmona y aceptado por los acreedores, el asesor financiero liderará este proceso, el cual deberá comenzar no más allá de la fecha de liquidación y deberá ser completado dentro de un plazo de 24 meses, pero que puede ser extendido en sus plazos.

En este marco, todo indica que la discusión será la de la futura cesión del 100 % del conglomerado mendocino si aparece una oferta tentadora, contemplada en el derecho de Drag-Along (arrastre) que incluye el APE.

Además, en el paper elaborado por los abogados de Impsa se les ofrece a los acreedores la emisión de nuevos instrumentos de deuda por USD 472 millones equivalentes. En este sentido, se crea la figura de un fideicomiso que tendrá la propiedad del 65 % de las acciones del conglomerado mendocino en beneficio de los acreedores. Según explicaron a cronista.com fuentes de Impsa, esta estructura tiene como objetivo que los acreedores reciban los beneficios derivados de dichas acciones.

Como parte de este proceso de reestructuración de Impsa, la familia Pescarmona solamente mantendrá el 35 % de las acciones de la empresa, grupo que entró en default a fines de 2014 y que, como parte de esa caída, incluso fue llevada a juicio por el BID, que interpuso una demanda ante la Corte de Nueva York por un crédito impago de más de USD 160 millones.

Ahora, el próximo paso para analizar la propuesta se dará durante una asamblea de tenedores de las distintas Series de Obligaciones Negociables y del Bono 2020, que ocurrirá el 20 y 21 de febrero en Mendoza.