A menos de un día de asumir como presidenta designada por el Congreso, Mercedes Aráoz renunció y abrió un nuevo frente de conflicto en la crisis peruana, ya que el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de Perú, Pedro Olaechea, se negó a sucederla argumentando que no cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Aráoz "ha renunciado pero el Congreso tiene hoy congresistas que han jurado para cinco años de manera irrevocable. Hay una serie de contradicciones que hoy día se están dando y se están tomando atribuciones y causas que no están siendo justificadas", expresó Olaechea, en una entrevista con la cadena CNN.

El mensaje de Olaechea llega en el marco de la más grave crisis política que vive Perú en décadas desde que el lunes el presidente Martín Vizcarra decidió la disolución del Congreso y la convocatoria de elecciones anticipadas, medidas rechazadas por la Cámara legislativa, que aprobó su destitución y la designación de Aráoz como jefa provisional del Estado.

Olaechea dijo que el Congreso va a seguir buscando un "equilibrio de poderes" con Vizcarra y alertó que se está generando "una posibilidad de que el país entre en un esquema de ruptura constitucional que todos" quieren evitar, según informa el diario El Comercio.

Aráoz tomó posesión del cargo de presidenta interina en el Congreso después de que Vizcarra decretara la disolución de la cámara legislativa.

Horas después del desencuentro entre ambos poderes, las Fuerzas Armadas y la Policía subrayaron en un comunicado su pleno apoyo a Vizcarra, rechazando por tanto el pronunciamiento de los diputados.

Un día después de su toma de posesión, Aráoz anunció su renuncia como vicepresidenta y como presidenta interina alegando que "lo ideal en este caso es llamar a elecciones anticipadas por el bien de todo el país", según recogieron medios locales y la agencia de noticias EFE.

El factor militar, clave

Ante la pregunta de si estaría dispuesto a remplazarla, Olaechea dejó claro que no lo hará porque no tiene el respaldo de los militares.

"Es iluso pensar que quien no tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas puede gobernar, pero lo que nosotros pretendemos como Congreso de la República es regresar al equilibrio de poderes que nunca se debió romper", añadió.

Admitió además que al no permitir las fuerzas de seguridad que entren en el Congreso los parlamentarios, la cámara legislativa se ha quedado sin poder conformar el pleno, por lo que no podría adoptar "una decisión colegiada".

Vizcarra dio orden el lunes a las fuerzas de seguridad para que solo permitieran el acceso de los miembros de la Comisión Permanente del Congreso, el órgano de gobierno parlamentario que funciona tras la disolución del Parlamento y hasta la toma de posesión de los nuevos diputados.

"La OEA plantea que el Congreso y el Ejecutivo nos pongamos a disposición de un tercero, que es el Tribunal Constitucional, y que sea este quien dirima una contienda de competencias entre poderes", concluyó.

Perú, hundido en la mayor crisis política de las últimas décadas

El presidente peruano Martín Vizcarra disolvió este lunes el Congreso luego de un prolongado enfrentamiento con la oposición en lo que constituye el choque más profundo entre dos poderes del Estado en un suceso que no ocurría desde hace más de 27 años.

Cronología de dos días agitados

El choque entre el presidente, Martín Vizcarra, y el Congreso, dominado por una mayoría opositora, se precipitó la noche del lunes. El bloqueo del Parlamento llevó al mandatario a disolverlo y a convocar nuevas elecciones legislativas. Lo hizo invocando un mecanismo previsto por el artículo 134 de la Constitución, que se puede activar cuando la Cámara rechaza considerar dos proyectos de ley del Gobierno.

Las tres Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se alinearon con Vizcarra mientras la bancada fujimorista y sus aliados de la derecha votaron suspender al presidente. La vicepresidenta, Mercedes Aráoz, anunció en la noche de este martes su dimisión como sustituta de Vizcarra.

La decisión de Vizcarra buscaba, en la sustancia, una salida a los intentos de la oposición de elegir más magistrados afines del Tribunal Constitucional y controlar dicha instancia. Se produjo, además, después de meses de bloqueo de facto del poder legislativo, según reseñó El País, de España.

La urgencia de las bancadas de Fuerza Popular y del Partido Aprista de asegurarse la mayoría de votos en el Constitucional se debe a que sus principales líderes son investigados por casos de corrupción.

Keiko Fujimori, la líder de la oposición, está en prisión preventiva desde octubre de 2018 mientras es investigada por lavado de dinero como consecuencia de los sobornos de Odebrecht a su campaña electoral de 2016. La defensa de Fujimori espera una decisión del Constitucional para anular dicha prisión preventiva, pero también la oposición prevé acudir a ese tribunal para sortear las investigaciones fiscales y seguir haciendo política.