El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca condenó a prisión perpetua a 18 represores. Otros cuatro fueron sentenciados a penas de entre 8 y 18 años de cárcel. También se dio lugar a un pedido de los fiscales, que consiste en que todos los delitos sean declarados de lesa humanidad y que el veredicto sea publicado en La Nueva Provincia, ya que dos de las víctimas, los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, trabajaban para ese diario. Heinrih y Loyola fueron secuestrados y asesinados en 1976 tras un conflicto gremial producido en ese matutino. 

Estos son los nombres y los cargos militares de los condenados a perpetua: ex vicealmirante Eduardo René Fracassi; excapitán de corbeta Luis Alberto Pablo Pons; excapitán de navío Enrique de León; excapitán de navío Oscar Alfredo Castro, excapitán de navío Alberto Gerardo Pazos; excapitán de navío Edmundo Oscar Núñez; exprefecto Luis Ángel Bustos; exprefecto Néstor Alberto Nougues; exprefecto Francisco Manuel Martínez Loydi, excapitán de navío Leandro Marcelo Maloberti; excapitán de navío Tomás Hermógenes Carrizo; excapitán de fragata José Luis Ripa; excoronel Carlos Andrés Stricker; exteniente coronel Óscar Raúl Otero; exteniente coronel Guillermo Julio González Chipont; ex suboficial mayor del Ejército Víctor Raúl Aguirre; exsuboficial Felipe Ayala y ex suboficial del Ejército Raúl Artemio Domínguez.

También fueron condenados: con 18 años, el exprefecto Pedro Alberto Pila; con 8 años de prisión, el exoficial Alejandro Lawless; con 8 años de prisión, el exjefe de la Unidad Penal N°4, Héctor Luis Selaya; y con ocho años de prisión para el excomisario mayor Víctor Oscar Fogelman. Estos hombres cargan con los delitos de prisión por privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidios cometidos sobre 66 víctimas. También solicitaron penas de 19 años de prisión para un integrante del Ejército; 25 años para otro acusado, quien integraba la Prefectura; 10 años para un expolicía bonaerense y 18 años para un exagente del Servicio Penitenciario Bonaerense.

El fiscal José Nebbia dijo que es la primera sentencia después de las elecciones y que por eso tiene una carga simbólica. En la ciudad de Bahía Blanca hubo una manifestación en la que participaron organismos de derechos humanos, además de hijos y familiares de represores que pedían la libertad de los acusados.

Antes del veredicto, el fiscal dijo que creen que la prueba reunida confirmó el rol de los integrantes de la Armada en la dictadura, y se comprobó así la interacción de las fuerzas. El proceso dejó claro cómo funcionaba el circuito represivo: algunas víctimas, por ejemplo, fueron secuestradas por Prefectura y luego fueron trasladadas a centros clandestinos de la Armada. Además, se cruzaba información entre la policía bonaerense, el Ejército y la Marina. Según el fiscal, se demostró con documentos de inteligencia que la información circulaba con fluidez en las reuniones operativas entre las distintas fuerzas. 

Eduardo Hidalgo, secretario general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en esa ciudad bonaerense, dijo que el desenlace del juicio es un ladrillo más en la construcción del fin de la impunidad, pero que también es una coyuntura compleja por la asunción de un gobierno que no aseguró la continuidad de la política de memoria, verdad y justicia, refiriéndose a la elección de Mauricio Macri como futuro presidente. Hidalgo también manifestó que los organismos de derechos humanos, quienes instalaron los juicios, deben reafirmar el compromiso con convicción y alegría. "En Bahía Blanca ya nadie puede decir que el terrorismo de Estado no existió”, agregó.

Esta condena histórica se realizó en el tercer proceso por crímenes cometidos por la última dictadura militar que se realiza en Bahía Blanca, además de ser el primero en enfocarse en el accionar de la Armada y también pionero en incluir los delitos sexuales en los de lesa humanidad. En el contexto del extenso juicio comenzado el 8 de julio de 2014, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos había pedido la pena de prisión perpetua para 18 de los 22 imputados. 

Los fiscales también dirigieron la acusación a un protagonista central: el diario La Nueva Provincia, dirigido por el empresario periodístico Vicente Massot. Aseguraron haber escuchado, a lo largo del juicio, a víctimas y familiares haciendo constantes referencias al papel desplegado por el clan Massot con el diario La Nueva Provincia en la región y las implicancias de aquella comprobada campaña de desinformación y propaganda negra.

La base naval Puerto Belgrano ocupó un lugar central, no sólo para la zona sino para la planificación y ejecución del plan represivo de la Armada en todo el país. El fiscal Miguel Palazzani manifestó la amplitud del caudal de documentación, teniendo en cuenta que están los de Plan Cintara y los del archivo de la DIPPBA. Destacó que es el único juicio en el país donde hay imputados de Armada y Ejército en un mismo banquillo, donde se comprueba la represión conjunta. También explicó que el circuito preferencial era construir una comunidad informativa con Mar del Plata, el centro clandestino “La Escuelita” y Rawson, puntos que eran los centrales en el raid delictivo. Palazzani aseguró que hay muchos casos de traslados a Mar del Plata, de ahí a Bahía Blanca y finalmente a Rawson.

Con respecto a las 66 víctimas consideradas en la causa, 12 siguen desaparecidas, 5 fueron asesinadas y las restantes sobrevivieron al secuestro y torturas que sufrieron en centros clandestinos del área de Puerto Belgrano, el mayor emplazamiento de la Armada en la Argentina. Algunos de esos centros funcionaron en el ya desaparecido crucero 9 de Julio y en la Base de Infantería de Baterías, ambos de la Armada, y en dependencias del V Cuerpo de Ejército en Bahía Blanca.