Pérez contraataca con las PASO

El decreto, que ya es resistido por la oposición, deja a los candidatos sin chances de presentarse en más de una agrupación política. La UCR dice que irá a la Justicia. Detalles de lo que se conocerá este lunes.

Francisco Pérez, gobernador de Mendoza

La reglamentación de la Ley Provincial 8619, que implementa las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) será el nuevo capítulo en la batalla que encararon oficialismo y oposición y que dejó a Mendoza por segundo año consecutivo sin presupuesto aprobado. El contraataque de Francisco Pérez se conocerá este lunes con la publicación del decreto que deja a los candidatos sin posibilidades de presentarse en más de una agrupación política y con serias dificultades para acceder al financiamiento oficial de las campañas publicitarias. Como era de esperar, el radicalismo lanzó la advertencia: irá a la Justicia para dar batalla.

El decreto que ya está elaborado incorpora reformas a la Ley Electoral 2551 tendientes a prohibir las denominadas  “listas espejo”, negando la posibilidad de que un candidato pueda figurar como tal en más de una agrupación política. Las argumentaciones que esgrimirá el oficialismo se basan en que es necesario “dar claridad a las propuestas electorales y que el electorado pueda relacionar adecuadamente a los candidatos con sus proyectos y pertenencias políticas”.

Además fija sanciones para quienes incumplan la norma. Se los emplazará en 24 horas por la Junta Electoral Provincial a elegir entre una de ellas; si no lo hacen, podrán ser desestimadas las listas en infracción y aplicar a los infractores la sanción de inhabilitación para presentarse en hasta  dos elecciones provinciales y/o municipales, según corresponda. Esto complica seriamente al radicalismo, que tenía en mente incluir en sus boletas al menos dos agrupaciones nacionales.

La otra pelea que plantea el decreto tiene que ver con el financiamiento de las campañas políticas. Es que el presupuesto alternativo que pretendió aprobar el radicalismo incluía 40 millones de las partidas generales para este tipo de gastos. Lo que Pérez plantea en su decreto es que, a diferencia de la Nación, que es propietaria de las frecuencias audiovisuales y como tal puede disponer de las mismas, en el caso de la Provincia no ocurre lo mismo; por lo tanto, es necesario que se suscriban los convenios federales pertinentes para poder instrumentar la posibilidad de utilización de espacios audiovisuales para la promoción de candidaturas provinciales.

Además establecerá que es necesario firmar convenios entre la provincia y los municipios para la publicidad en vía pública, ya que la competencia de esta es netamente municipal. Por último les recordará, a través de su decreto, algo con lo que ya se insistió durante la aprobación del presupuesto, porque fija que si no existe partida presupuestaria específica el Estado no puede sacar recursos de prestaciones esenciales para ser destinadas a campañas publicitarias de los partidos, a riesgo de resentir estas prestaciones. Lo que sí dispone el decreto es que es que la logística electoral necesaria y la impresión de boletas para la realización de las PASO y las generales constituyen elementos esenciales de los procesos electorales, por eso el Estado deberá garantizarlas. Para esto, el presupuesto original enviado por Pérez a la Legislatura incluía 40 millones de pesos.

Más control

A través del decreto, Pérez le dará mayor poder a la Subsecretaría de Comunicación Pública dependiente del Secretaría General, Legal y Técnica, porque le pide que elabore un listado preliminar de medios que difunden publicidad, indicando identificación del servicio del que se trate, tipo o clase de servicio, área de cobertura, tiempo de programación y especificaciones técnicas.

Voto electrónico

La prueba piloto que se realizará este año en el Departamento General de Irrigación para implementar el voto electrónico podría extenderse a los municipios que así lo deseen. Para esto, deberán pasar el filtro de la Junta Electoral Provincial. En primer lugar, deberán tener el visto bueno de este organismo; después, requerir al Poder Ejecutivo que adopte las medidas administrativas y presupuestarias necesarias para su financiación, elevando el presupuesto de gastos correspondiente con una anticipación de al menos 90 días a la fecha en que emitirá el decreto de convocatoria.

Lo que se viene

El radicalismo advierte que irá a la Justicia porque lo consideran una especie de “golpe institucional”. Pérez parece decidido a implementarlo, dejando sin aspiraciones de fondos y de una estrategia política concentradora al principal candidato a la gobernación por parte del radicalismo, el intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo. Desde el centenario partido de calle Alem consideran que aguardarán hasta la publicación para revelar cuál será la batalla para impedir su aplicación. Ahora resta esperar hasta el lunes, con el gobernador de viaje, para conocer la letra chica de la norma y los caminos que seguirá la oposición.

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