El gobernador Francisco Pérez consiguió 500 millones de pesos de asistencia financiera de la Nación a la provincia para seguir cancelando sueldos, con un nuevo adelanto de coparticipación. El primer punto a destacar es que la asistencia no es de la Nación, sino de la próxima gestión de Alfredo Cornejo, porque los recursos se descuentan automáticamente de la coparticipación correspondiente a su período de gobierno. Es decir, se trata de un acuerdo entre un gobernador y un Ejecutivo nacional salientes, a espaldas del gobernador electo por la voluntad popular en la provincia de Mendoza.

El segundo punto a enfatizar es la baja calidad de la asistencia financiera. En especial, por el cortísimo plazo de la misma, cuyo único efecto es trasladar un par de semanas el incendio financiero provincial, producto de la actual gestión. Es a todas luces una buena noticia que los empleados públicos de Mendoza cobren sus haberes, pero asimismo es necesario hacerle saber a los gremios estatales que se ha cancelado buena parte de los salarios con los recursos del próximo gobernador, lo que seguramente afectará el pago del medio aguinaldo y del mes de diciembre.

Otro aspecto es que otra vez la Nación no ayuda realmente a Mendoza, terminando 8 años de una relación en la cual la sumisión no le trajo ninguna ventaja a la Provincia. Su última gestión financiera lo único que consiguió fue otra bomba de tiempo: plata de coparticipación que descontarán en diciembre, con lo cual están usando fondos que le corresponde administrar a Cornejo. En resumidas cuentas, se trata de agua aportada por la próxima gestión, elegida por la ciudadanía, para apagar el incendio producido por el gobernador saliente.

Como si esto fuera poco, al festival de nombramientos de los últimos tiempos se suma ahora la pretensión de nombrar agentes que pertenecen al gobierno nacional –de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo– a la plantilla de empleados provinciales, sin dejar de mencionar que desvergonzadamente el gobernador saliente ha mostrado especial preocupación por dejar acomodados en el Estado a decenas de parientes y amigos.

Por último, y de una gravedad inusitada, a pesar de que el gobernador electo solicitó formalmente por nota al Ministerio de Seguridad que se abstuvieran de ascender a los cuadros policiales de la provincia, hasta tanto pudiera el gobierno futuro revisar los mismos, en los últimos días se han producido en la Policía de Mendoza 1800 ascensos entre los que se cuentan 15 ascensos a comisario general, 24 a comisario inspector, y 30 a comisario, lo que significa consolidar una estructura de autoridad policial que, desde luego, el próximo gobierno deberá revisar.

Vale recordar que, en 2007, los ascensos programados para ese año fueron postergados por el gobernador Julio Cobos para que finalmente tomara la decisión el gobernador electo de aquel entonces, Celso Jaque.