"Nunca puede ser justo que se privilegie el capital financiero por sobre la vida de los pueblos", escribe Pérez Esquivel. Estos bonos "son parte del endeudamiento que después (de la dictadura) fue impuesto en los años 90, incluso renunciando a la soberanía y cediendo jurisdicción de manera inconstitucional a tribunales extranjeros como el suyo, supuestamente para saldar las deudas anteriores".
Pérez Esquivel le señala además al juez la existencia en Argentina de investigaciones y decisiones judiciales –como la causa "Olmos"– que ya han establecido la fraudulencia de la deuda detrás de los bonos que se canjearon en 2005 y 2010, igual que los que tienen los fondos buitre. "De acuerdo a las leyes de nuestra república y el derecho internacional –le manifiesta–  son deudas verdaderamente nulas".
"Es necesario aplicar la ley pero siempre, sobre la base de distinguir entre lo legal y lo legítimo, la ley y la justicia –concluye Pérez Esquivel– y reconocer que, según el derecho, tiene prioridad la “deuda interna con el pueblo”: la lucha contra el hambre, la pobreza y la marginalidad de grandes sectores sociales... Esperamos igual que prime la justicia y que los derechos de quienes no han sido escuchados todavía en los tribunales, tengan la prioridad que merecen".
Antes de conocerse las decisiones más recientes de la Corte Suprema de Justicia de EE.UU., Pérez Esquivel y otros también enviaron cartas a los legisladores argentinos, llamándoles a cumplir con sus responsabilidades para arreglar la deuda, a realizar una Auditoría participativa e integral de los reclamos, a anular las leyes, tratados y acuerdos que siguen cediendo jurisdicción a tribunales extranjeros y a privilegiar los derechos humanos del pueblo argentino por sobre los intereses usurarios del gran capital.