El encuentro contó con el aporte de Paula Litvachky y Diego Morales, de las áreas de Justicia y Seguridad y Litigio, respectivamente, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El debate evidenció realidades críticas, derivó en análisis interdisciplinarios sobre los conflictos y produjo propuestas y abordajes a profundizar. La idea es constituir una agenda colectiva entre actores institucionales y sociales, y marcar debilidades y prioridades, como las de los actores y responsables del Régimen Penal Juvenil, ausentes en la oportunidad. Se trata de abrir las perspectivas sobre acceso a la justicia y violencia institucional para contribuir a una política de Estado sustentada en los derechos humanos.

Pablo Garciarena y Romina Cucchi, director y subdirectora de Ejecución Penal de la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, fueron los organizadores. Explicaron la intención de generar el diseño de políticas desde los aportes del Poder Judicial a partir del relevamiento de problemáticas a debatir en agenda pública. La Dirección es la segunda institución de derechos humanos, entre las cortes a nivel nacional, que lleva adelante monitoreos en los institutos penales, “un lugar propicio para comprometer al Poder Judicial, lamentablemente alejado de los conflictos sociales”. Con respecto a la formación en derechos humanos, propusieron extenderla cabalmente a capacitadores en infancia.

Cucchi valoró el monitoreo realizado en lugares de encierro como parte de una política que tiende a la erradicación de la tortura y la violencia. Esto significa “un compromiso institucional en pos de mejorar instituciones históricamente cerradas, por lo cual las personas privadas de la libertad se ven violadas sistemáticamente en sus derechos. Es fundamental la puesta en marcha de la Procuración de las personas privadas de la libertad y fortalecer estas visitas junto a la Comisión de Acompañamiento de las organizaciones civiles, más las instituciones penitenciarias. Esta herramienta de visibilización afecta tanto a las personas detenidas como a quienes trabajan en relación a esos contextos. La multiplicación de visitas tiene que asegurar medidas concretas para trabajar sobre los derechos vulnerados y condiciones dignas, con el fin de construir un lugar más democrático”.

Secuelas y escuela
La subdirectora del Servicio Penitenciario, Milagros Noli, amplió el análisis y los desafíos sobre la formación de agentes penitenciarios y reseñó la apertura de un módulo específico de derechos humanos. También destacó los cursos para oficiales y suboficiales que se dan desde la Dirección de la Suprema Corte y otras actividades de promoción llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo, el Instituto de Derechos Humanos de la UNCuyo y organizaciones civiles como Xumek.

Para la funcionaria, “lo que se busca desde cada uno de los espacios es una lógica de apertura que sume a la experiencia. Por un lado está la apertura hacia la capacitación de nuestro recurso humano, con nuevas herramientas, para que puedan desarrollar la tarea más comprometidamente. Por otro lado está la apertura desde el diálogo interministerial, en materia de prevención de HIV, de salud reproductiva, de actividades deportivas. Hay una necesidad de apertura de la cárcel, siempre circunscripta a trabajar con una realidad sobre la cual, históricamente y desde la sociedad, se ha negado cualquier interés. El sistema penitenciario es una gran culpa que todos ocultamos bajo tierra para no ocuparnos de él. Hoy el compromiso político es otro. Seguridad no es tener la cárcel bien cerrada y con muchos candados. Es tener a las personas privadas de la libertad en condiciones dignas para formarse y trabajar”.

Gabriel Celedón, director del Complejo Penitenciario San Felipe, dio su enfoque a partir de entender al Servicio Penitenciario como fuerza de seguridad y “también de tratamiento, que ve al interno como un sujeto con derechos”. Su diagnóstico es que “hay un incremento llamativo en la tasa de ingreso de la población. Entrevemos situaciones sociales y políticas de fondo, el interno no llega por nada. La alerta está en la prevención educativa, porque cuando llegan tenemos que hacer un abordaje sumamente intensivo: hemos incorporado la participación de las familias, hay muchos déficits en los jóvenes. El tratamiento intenta reparar eso primordial que se ha roto. Hay que trabajar antes, no cuando la persona ya pasó todos los filtros sociales y cayó en esa situación”.

Pablo Seydell es referente de los Organismos de derechos humanos y militante contra la violencia institucional. Recalcó la validez de la lucha contra la impunidad, para anclarla en el contexto de políticas nacionales que avanzaron sobre la impunidad y en la visibilización de la continuidad de la violación sistemática de derechos en democracia. También fundamentó el rol de la educación como base de toda democratización: “Los Organismos tienen hoy un compromiso con políticas públicas reales. Venimos del traslado de una historia, de una construcción y de una experiencia acumulada. En vinculación con instituciones del Estado, que fueron represoras y de control, alentadas desde la connivencia entre poder político y judicial, con las fuerzas de seguridad públicas. Vemos un cambio en esas políticas, con capacitación, con aportes de la Universidad y otros avances para comprometernos y producir. Nos involucramos para ampliar derechos partiendo de esa construcción nuestra que es memoria, verdad y justicia, con una práctica que comienza desde los juicios. Ahora, más allá de la denuncia, hay que construir políticas”.

Con respecto a la capacitación, Seydell dijo: “Hay que tener en cuenta de quiénes se trata, su situación educativa, responder a normativas sin preparación para dinámicas que no prenden. No es fácil. Cuando se capacita a un individuo se lo hace con la institución y lo que ella arrastra, la filosofía que la sustenta y el contexto en que se aplica. La mayor secuela que hay de la dictadura es justamente el proceso de banalización de la educación y la justicia, que han formado esos cuadros. Las secuelas están en la institución, más allá del individuo que quedó despersonalizado y desvalido, fuera de toda reconstrucción”.

La injusticia y sus transmisiones
Otras críticas realidades fueron expuestas en la jornada. Litvachky y Morales, representantes del CELS, evaluaron la situación general, una vez en contacto con las y los referentes, tras una reunión con agentes del sistema penal. El CELS, que “acompaña los procesos de transformación en Mendoza”, busca “aprovechar la discusión generada a nivel nacional y poner contenidos a la discusión sobre democratización. El diálogo entre organizaciones sociales, activistas y funcionarios judiciales sirve para romper estructuras, sea en lo penal o no”. Como puntos más graves registran: disciplinamiento del sistema penal a través de los casos de violencia policial; torturas y hacinamientos en el sistema penitenciario; criminalización de conflictos sociales, desalojos de tierras y represión.

Diego Montón, representante del Movimiento Campesino, hizo severas críticas al sistema jurídico, que interpela e interpreta de acuerdo al poder económico de los actores sociales. Así, la desigualdad ante el derecho a la tierra se convierte en el origen de los conflictos penales. Esa desigualdad ante la ley se evidencia en sectores humildes estigmatizados: “Tenemos un Código Civil liberal que viola los derechos campesinos e indígenas, y un marco internacional de apropiación de tierras que obliga al Estado a velar por los sectores desprotegidos. El derecho veinteañal, que tras 20 años de posesión efectiva permite el título supletorio; y la Ley de Arraigo, que contempla la situación de los puesteros, son principios no tenidos en cuenta en Mendoza. Esto genera conflictos por los cuales un fiscal y la lógica de la policía señalan directamente a la familia campesina como usurpadora y perturbadora de la seguridad”.

Montón ejemplificó los alcances de la injusticia, arraigada en la base del sistema capitalista: “En San Rafael hay seis compañeros procesados por ´superposición de planos de título´. En Lavalle, con planos fabricados, un empresario español avanzó una propiedad con cien alambradores y seguridad privada. Para una comunidad es difícil enfrentarse a estas situaciones, donde además la policía se pone del lado del empresario. Atrás viene la cuestión penitenciaria: los campesinos se van del campo, terminan delinquiendo por desprotección social, la marginación recae sobre ellos y las familias. Y después, la reinserción. Si esto se reproduce, si no se transforma, hay reincidencia. Hay que educar en la vuelta al campo como política pública”.

El abogado Lautaro Cruciani denunció la violencia policial con recientes casos de gatillo fácil en Godoy Cruz, Guaymallén, San Rafael y General Alvear. Su perspectiva se enfocó en la selectividad de la policía: “Para democratizar la justicia hace falta democratizar la fuerza policial porque ella es el brazo que selecciona a quién va a ser criminalizado. Hay que cambiar cómo detiene la policía, la facultad amplia que tiene por 'averiguación de antecedentes' contraria a todo derecho. La policía selecciona por cualidades físicas, color de piel, manera de vestir. Cambiar un sistema penal antidemocrático implica un contradiscurso que visibilice esto que es cuestión de todos los días, y que genere control sobre la policía. No podemos hacer política de seguridad pública mirando Canal 7 y Canal 9. Para hablar de criminología mediática hay que abarcar todos los puntos, salir de los casos particulares, porque hay abusos de poder, hostigamientos y el lugar desde donde se toman las decisiones”.

Complementando a Cruciani y con una lectura global de los relatos, el juez de la IV Cámara del Crimen, doctor Horacio Báez, precisó lo histórico de los conflictos y la responsabilidad jurídico-política en sus agravamientos: “Existe un contraste muy claro con lo que se logró con los organismos de derechos humanos, a través de los juicios de lesa humanidad. Es un progreso fundamental para la sociedad pero excepcional en Mendoza, porque esa voluntad se apoya en una decisión política nacional. En materia penal no se vive esta excepción, no se ha revertido una política criminal estatal contraria a la de la Nación”.

Según Báez, continúa una altísima selectividad en la aplicación del sistema penal: “Hay ciertos sectores, ciertas personas, pobres, en la Penitenciaría. La policía tiene el mayor poder de selectividad debido a una cultura represiva que no ha sido cambiada, ya que el sistema político también la porta. Estamos en una provincia donde se ha dictado una ley de total restricción de derechos, que pretende reformar hacia abajo el sistema nacional y la Ley de Ejecución Penal. Este absurdo jurídico fue votado por la inmensa mayoría de la Legislatura, influenciada por una opinión pública formateada lejos de la realidad. Hay una decisión política eminentemente faltante. Hay una sociedad mal comunicada, que nos manda a los jueces a ser carniceros de gente seleccionada. Hay un sistema político absolutamente perverso que justifica que cierta gente deba sufrir por el desinterés del resto de la sociedad. Esto no hace a la seguridad. No solamente la pobreza genera violencia, también la discriminación y el maltrato institucional”.