El clima político de Mendoza está caldeado por el debate en torno de la explotación, o no, de los recursos de hidrocarburos no convencionales a través de la técnica de fracking. Más allá de los argumentos a favor y en contra de esta técnica, la situación invita a reflexionar sobre el futuro energético de nuestra provincia, sobre la sustentabilidad de nuestra economía y sobre el uso que hacemos de nuestro recurso vital: el agua.

No hace falta ser un erudito meteorólogo para constatar que el clima está cambiando. El calentamiento global del que desde hace tiempo se viene hablando nos demuestra sus efectos año tras año. En este contexto, adoptar medidas de mitigación resulta no solo una necesidad, sino una obligación. Nuestra dependencia de los combustibles fósiles tiene que estar acompañada de medidas concretas que conduzcan la transición energética hacia energías renovables.

Esta transición parecería una simple ecuación económica en la que, una vez que se hayan agotado los recursos petroleros, ya estaremos preparados para hacer frente a nuestras necesidades de energía con fuentes alternativas. Sin embargo, la situación no es tan simple: detrás del petróleo existe una importante renta que no solo interesa a los inversores privados, sino que también da sustento a gran parte del sector público.

El conflicto abierto que existe hoy entre el sector petrolero, el Gobierno y las asambleas del Agua en torno al fracking demuestra que estamos en un escenario de desenlaces en la gestión que hacemos de los recursos naturales de nuestro territorio. A pesar de los esfuerzos que se han hecho en materia de ordenamiento territorial, estos se ven reducidos a simples enunciados académicos y administrativos cuando la cuestión de fondo de la organización del poder en el territorio parece soslayada por las fuerzas del mercado y de un Estado que poco puede responder a las reivindicaciones sociales.

Ante esta situación y tomando como punto de partida el recurso en torno al cual se ha organizado el territorio mendocino, el agua, nuevos enfoques integrales pueden dar un poco de aire en este abrumado clima social.

Surgido en el año 2011, en la Conferencia de Bonn, el enfoque del nexo agua-energía-alimentación resulta esclarecedor de las interdependencias y complementariedades que existen entre estos sectores y puede ser una puerta de entrada hacia una economía verde o, por lo menos, un poco más sustentable. El nexo insiste en la relación que hay entre la seguridad hídrica, la seguridad energética y la seguridad alimentaria, pilares básicos sobre los que se apoya nuestro devenir en este contexto de cambio climático, crecimiento poblacional y urbanización creciente.

A pesar de lo alentador que parece este enfoque, pocas son la iniciativas que se han hecho a nivel nacional y provincial por integrarlo. Más allá de eso, la coyuntura actual en torno al fracking despierta el interés por abordajes que permitan crear puntos de entendimiento entre las dinámicas ambientales, las necesidades económicas y las fuerzas sociales del territorio de Mendoza. Para esto, es necesario superar la visión parcializada de los sectores productivos, democratizar el acceso a la información e implicar a la ciudadanía en la toma de decisiones.

La competencia por el manejo de los recursos naturales será crucial en este siglo XXI. Estar preparados como sociedad resulta fundamental para hacer frente al cambio climático y a la escasez de recursos. Dotarnos de metodologías innovadoras para comprender su dinámica resulta un simple paso, cuando el desafío está en garantizar su acceso para las generaciones actuales y futuras. Tanto en el agua como en los otros componentes de esta relación de nexo, la transparencia y participación en su gestión son requisitos clave en los que Mendoza aún debe hacer escuela.