Johana Chacón: sentenciaron a 24 años de prisión a Mariano Luque

Sociedad

El querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en ambos procesos dijo que el fallo de la Suprema Corte de Justicia que anuló el primer juicio en el caso de Soledad Olivera fue una bisagra. Ese fallo implicó un cambio real puertas adentro del sistema judicial, ya que el fundamento fue que la sentencia carecía de perspectiva de género y ordenó realizar un nuevo juicio incluyendo esa mirada.

Una interpelación al sistema

¿Cambió algo en el sistema judicial a partir del caso de Johana?

Creo que significó una disputa en cuanto a la investigación y el juzgamiento de hechos que presentaron aristas de dificultad muy grandes, propias de un sistema de justicia que no estaba preparado para enfrentar hechos así, al que se lo interpeló para que investigue situaciones de violencia en contextos de extrema y absoluta vulnerabilidad, y para que empiece a investigar y a juzgar con perspectiva de género. Hubo un fallo que fue bisagra en la justicia de Mendoza, que fue el de la Corte cuando revocó la absolución de Luque (Mariano). Fue el primero. Después, hay un derrotero de fallos de la Corte en relación con la perspectiva de género, que fue mejorando la calidad y ampliando los márgenes de protección, pero fue el primero que le dijo al sistema de Justicia que debía investigar, valorar prueba y juzgar con perspectiva de género. Ese fallo posibilitó que se revocara una sentencia y que se condenara a Luque en el caso de Soledad, lo que allanó el camino para que se lo condenara en el caso de Johana y abrió la puerta en un montón de casos más a que se juzgara con perspectiva de género. Estos casos también demostraron cómo el acompañamiento de los sectores involucrados, llamémosle populares, porque no vienen de ningún otro estamento, generó que el hecho se instalara, se visibilizara, se juzgara y condenara. Si no, creo que hubieran terminado con impunidad, con la impunidad de Luque y con dos casos archivados en la fiscalía de Lavalle.

En ambos casos no se encontraron los cuerpos. ¿Eso marcó también un antes y un después?

Sí, marcó una bisagra. Con ese argumento llegamos hoy a poder juzgar a Díaz Tejera (Héctor) en el caso de Gisela Gutiérrez por homicidio agravado, no tenemos el cuerpo y no se discute la ausencia del cuerpo, o no es el eje de la discusión. En este caso, se lo vamos a tener que explicar a un jurado, a 12 personas, que quizás vengan con esa idea que necesariamente para acreditar esto lo tengo que ver. En eso, los casos de Soledad y Johana fueron bisagra, porque nosotros ya teníamos internalizada esa discusión por los juicios de lesa humanidad, pero trasladarlo a un hecho común fue dificultoso y esa discusión la dimos desde la Secretaría de Derechos Humanos, porque la fiscalía no nos acompañó y la Corte nos dio la razón y lo utilizó también en su fallo.

Las mejoras y las deudas

¿Qué significa esa perspectiva de género en los procesos judiciales? ¿Qué implica tener esa mirada?

Creo que el sistema de justicia se ha permitido dar un paso de calidad en ese sentido. Existen protocolos nuevos, hay reforma legislativa, tenemos estos antecedentes de la Corte local que son muy ricos. La otra cara de la moneda es que hay falencias en la práctica cotidiana, la tasa de femicidios sigue siendo altísima, el poco acompañamiento en los contextos de vulnerabilidad sigue siendo alto, hechos de violencia graves como son desapariciones siguen con déficit de investigación. Me refiero, por ejemplo, a los casos de Abigail Carniel, de Gisela Gutiérrez, ya que, si bien entiendo que en esos casos hay dificultades probatorias y que no podemos responsabilizar al sistema de justicia de todo, me parece que todavía falta, que al sistema de justicia le falta. Es decir, hay instrumentos, hay herramientas, pero falta el hacerse cargo de esos instrumentos y herramientas. Este mismo cuestionamiento es extensivo a los otros estamentos, a todos los sistemas estatales de abordaje, de contención, de promoción, de difusión. Vuelvo a lo mismo, es alarmante que tengamos una de las tasas más altas de femicidio de la Argentina y que la situación se agrave año a año en Mendoza.

¿Cambió algo respecto de los mecanismos que se ponen en marcha cuando una familia advierte que desapareció una mujer?

Sí, hoy una situación así se aborda en forma inmediata, porque, además, el sistema de justicia también está muy condicionado con la fuerte instalación que tienen estos casos, no puede hacerse el distraído. Hoy, desaparece una chica y el primer lugar donde se instala es en las redes sociales, con una difusión tremenda, y muchos medios se hacen eco de la difusión; entonces, el sistema de justicia no puede hacerse el distraído y mirar para otro lado porque es al primero al que van a interpelar. Por eso se articulan inmediatamente dispositivos, creo que ese ha sido un salto de calidad. Hoy hay una presunción de que existe un riesgo alto cuando hay una chica desaparecida; después veremos qué pasó y llegaremos a una conclusión. En muchos casos, llegamos a la conclusión de que una chica decidió irse, está bien, pero la investigación llegó a esa conclusión, porque el contexto en el cual vivimos permite habilitar una sospecha de que puede ocurrir algo. No estamos en un escenario, o en un país, o en una provincia ideales, donde no hay índices de femicidio, entonces creo que el Estado tiene que tomar esa postura. Después veremos si la chica tomó una decisión en relación con su situación, y si es así, perfecto, se la acompaña. Nos tocó un caso en el que la chica había decidido irse con su hijo a otra provincia y no comunicarlo a su familia, pero llegamos a ese punto luego de la investigación. No había situación de vulnerabilidad, entonces se cerró la investigación y nos quedamos tranquilos nosotros, la familia y el sistema de justicia. Creo que, en eso, el sistema ha madurado un poco.

Hay mujeres que continúan desaparecidas en Mendoza, como son los casos de Viviana Luna o de Abigail Carniel. ¿Cuál es la falencia? ¿Es en la investigación? ¿Por qué las familias no tienen respuestas?

Entiendo y acompaño a las familias, porque deberían tener una respuesta del Estado –y hoy no la tienen–, pero debo ser honesto también y decir que son casos de muy difícil investigación, en lo que hay dos o tres hipótesis que se presentan muy fuertes y no hay elementos para probarlas. En esto, uno entiende y acompaña a las familias, pero yo no puedo razonar como los hijos en el caso de Viviana Luna, o como la mamá en el caso de Abigail Carniel, porque me muevo en un sistema en el que necesito pruebas para acreditar una hipótesis y, si no tengo pruebas para sostener una hipótesis, no puedo salir a sostenerla seriamente. Puedo tener una sospecha, conversar informalmente, pero sería poco serio salir a hablar de algo que no puedo probar. Por eso, uno entiende y acompaña a las familias porque no tienen una respuesta, pero también es cierto que son casos de difícil investigación.