La jurista mendocina y ex miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, Aída Kemelmajer de Carlucci, a través de un diálogo exclusivo con el programa Café Universidad de Radio Universidad 96.5 manifestó su posición favorable sobre la despenalización del aborto. En este sentido celebró la presentación en el Congreso Nacional de un nuevo proyecto que el último miércoles realizó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

“La interrupción voluntaria del embarazo debe ser despenalizada, lo que no significa la desprotección de la mujer ni de las personas por nacer. Lo que en verdad significa es que el derecho penal es una cosa y el derecho civil es otra”, manifestó en alusión a la defensa de “los derechos del niño por nacer”. Dicha defensa es impulsada los grupos religiosos autodenominados “pro vida” con la intención de obstaculizar el avance del proyecto que vela por la integridad física y psíquica de las mujeres que deciden no continuar con un embarazo no deseado.

Para Kemelmajer la penalización del aborto en  Argentina “hace muchos años que es la penalización de la pobreza”. Es que según las cifras que maneja el Ministerio de Salud de la Nación son las mujeres provenientes de sectores de menores recursos las que terminan protagonizando las cifras mortales a causa de interrupciones de embarazos realizadas en condiciones de ilegalidad. Ya que las que pertenecen a clase media y alta tienen la posibilidad de costear las condiciones de salubridad necesarias para realizarse la intervención sin poner en riesgo su vida, pese que también se lleven a cabo dentro del sistema de ilegalidad.

La misma iniciativa se había empezado a discutir el año pasado en la Comisión de Legislación Penal del Congreso, pero en diciembre perdió estado parlamentario.  La presentación de ayer renueva las expectativas de las militantes del proyecto que ya alcanzó el apoyo de 53 diputados de un amplio espectro político. En este contexto, Kemelmajer se muestra expectante para que el tratamiento definitivo de la iniciativa que propone “despenalizar y legalizar el aborto para que toda mujer que así lo requiera sea atendida por el sistema de salud, tanto público como privado, y las obras sociales del país, hasta las doce semanas de gestación” sea próximo en el tiempo.

Ante la espera,  la jurista celebra el reciente fallo del máximo tribunal a favor del aborto en todos los casos de violación. Esa decisión de la Corte limitó el problema de interpretación que se presentaba en torno al procedimiento de los abortos no punibles contemplados en el inciso 2 del artículo 86 del Código Pena. El mismo libera de penas en casos de abortos  a “una mujer violada, una menor discapacitada, o que corra peligro la salud o la vida de la madre", y al médico que realizase la intervención.

Hasta el pronunciamiento, la ambigüedad constaba en que algunas instancias judiciales hacían una interpretación acotada del artículo y solo aplicaban la no punibilidad sobre las mujeres "dementes" embarazadas luego de una violación y no en todos los casos de ultraje. Aún así, en la mayoría de las ocasiones a las discapacitadas mentales también se las condicionaba a solicitar autorizaciones judiciales a partir de un requerimiento.

Por eso para la jueza el pronunciamiento del máximo tribunal significó “un paso muy importante porque hace una interpretación razonable de una norma muy antigua”, ya que el Código Penal vigente rige en el país desde hace más de nueve décadas.

En relación a este punto, Café Universidad consultó a Kemelmajer sobre el anuncio desfavorable a este tema del gobernador de Salta,  Juan Manuel Urtubey. El salteño confirmó ayer ante la prensa que en su provincia “los hospitales sólo realizarán abortos no punibles en casos de violación previa autorización firmada por un juez”.

Al respecto, la prestigiada jurista explicó que Urtubey está en condiciones de decidir este tipo de medidas sobre su provincia, ya que nuestro país no cuenta con un sistema de obligatoriedad de cumplimiento de las sentencias de la Corte Suprema.

Es decir, la Corte no dicta una ley para toda la nación, lo que hace es interpretar una norma. “Esta modalidad que se ha adoptado en los últimos años permite una especie de consejo al resto para evitar la ligitiosidad”, profundiza Kemelmajer.

De todas maneras, explicó que cuando se presente un pedido de aborto en Salta - siempre y cuando haya sido producto de una violación - y un juez lo niegue,  la parte interesada podría apelar y  el caso terminaría llegando al máximo tribunal que, en coherencia con su fallo, avalaría la realización del aborto. Sin embargo, lo lamentable de este supuesto, es que para ese entonces el embarazo de la mujer ya habría avanzado. El progreso de la gestación implica riesgos físicos al momento de realizar la interrupción, por lo tanto la intervención en esta situación suele desestimarse.

“Este caso que estamos analizando es perverso”,  cuestionó Kelmelmajer, ya que a su entender forma parte del modus operandi de “los conservadores que saben que acá el asunto es dilatar los tiempos y que avance el embarazo. Saben  que los tiempos son fundamentales”.