Ya se firmaron protocolos, ya se aprobaron leyes, ya se modificaron los códigos, ya se hicieron reuniones, pero el proceso de adopción continúa con demoras que repercuten en la vida de los niños y las niñas que permanecen más tiempo bajo el cuidado del Estado, en lugar de comenzar a vivir en familia. Por eso, un grupo de legisladores pedirá celeridad a cada funcionario público cuando advierta dilaciones en casos específicos.

La diputada radical Marcela Fernández (exministra de Desarrollo Social) aseguró que el sistema sigue fallando y que no se respetan los plazos establecidos en el Código Procesal de Familia, que determina un máximo de 6 meses para concretar el proceso, pero que en la realidad se extiende hasta un año y medio.

Fernández compartió su diagnóstico. Explicó que la causa central del atraso es que no existe ningún control sobre los organismos que toman las decisiones en la materia y específicamente apuntó a la pata judicial.

Para intentar solucionar esta problemática es que en diputados se creó la Comisión Especial de Control de Plazos de las Adopciones, que en una primera instancia escucha las razones de los profesionales de todos los organismos que intervienen en el proceso. Sin embargo, Fernández advirtió que la intención es pedir celeridad a cada funcionario público por los casos específicos en los que existan demoras.

Cada lunes, los diputados escuchan el diagnóstico, las razones y las posibles soluciones que aportan los profesionales que forman parte del sistema. Ahora fue el turno de las integrantes de la Asociación de Voluntarios de Mendoza (Avome), una organización de la sociedad civil que durante años gestionó en conjunto con el Estado la Casa Cuna y que ahora está a cargo del programa de Familias Temporarias.

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El objetivo de modificar el Código Procesal de Familia es acelerar los tiempos de la Justicia en relación a cuestiones clave en esta materia, como el divorcio y las denuncias por violencia.

Bajo el cuidado del Estado

La decisión de que un pequeño sea separado de su hogar y permanezca bajo el cuidado del Estado la toman las profesionales de la Dirección de Protección y Restitución de Derechos para resguardar su integridad física y psíquica, porque sufren abuso, maltrato, violencia o existen negligencias graves en el cuidado, entre otras problemáticas. La legalidad de esta medida –denominada excepcional– la controla un juez de Familia y tiene un plazo máximo de 90 días, que puede ser renovado por única vez por 90 días más.

Durante ese período en que los niños y niñas viven en alguno de los 32 hogares estatales o con una familia temporaria, un cuerpo interdisciplinario de profesionales trabaja con los adultos referentes para que modifiquen la conducta que puso en riesgo a los pequeños. Luego de ese proceso, el 70 % regresa con su familia biológica, según explicó la directora de Cuidados Alternativos, Belén Canafoglia, en una entrevista que concedió a Unidiversidad en septiembre de 2018.

Aumentó el 40 % la cantidad de niños y niñas al cuidado del Estado

Así lo aseguró Belén Canafoglia, directora de Cuidados Alternativos de la Dinaf. Hay 539 pequeños que viven en algunos de los 32 hogares. Sólo 79 buscan una familia adoptiva.

Al momento de esa entrevista, de 539 chicos y chicas que estaban a cargo del Estado, en 79 casos no fue posible la revinculación con su familia biológica. Cuando esto sucede, se solicita al juez de Familia que dicte el estado de adoptabilidad; luego desde el Registro Único de Adopción, seleccionan y elevan al magistrado los nombres de pretensos adoptantes y comienza el proceso de vinculación.

Es en este proceso judicial en el que la diputada Fernández centró sus críticas. Dijo que el Ejecutivo envió proyectos de leyes que se aprobaron para establecer claramente los plazos de cada etapa del proceso, pero que estos se siguen incumpliendo y que los magistrados demoran la decisión de dictar el estado de adoptabilidad. Del otro lado, aseguran que los casos llegan a sus manos con información incompleta y que obtenerla lleva tiempo. En el medio de estas discusiones, están los pequeños que siguen en un hogar o con la familia que los cobija por un tiempo.

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La visión de Avome

Los diputados escucharon primero a Alicia Mayorga, la titular de Avome, que hizo un repaso histórico de cómo se modificaron las políticas públicas en torno a la niñez: primero se trabajaba con voluntarios en grandes hogares, después se optó por minihogares, después por familias que acogieran a los pequeños. Aseguró que hubo avances, especialmente en la capacitación del personal, pero recalcó que todavía falta, porque hay niños y niñas que permanecen institucionalizados, lo que les produce problemas porque, por mejor que sea el lugar donde estén, jamás reemplazará la vida en el hogar.

Mayorga aseguró que no existen soluciones mágicas y que lo que más cuesta es buscar el equilibrio, y dio un ejemplo. Cuando empezaron a trabajar, contó, no había ninguna política pública para ayudar a la familia biológica a recomponerse, lo que impedía que madres y padres que vivían en situaciones extremas pudieran estar con sus hijos. Por el contrario, dijo que ahora hay una tendencia “biologicista” y que, incluso agotadas todas las instancias del proceso de acompañamiento para que modifiquen conductas, algunos magistrados demoran la decisión de dictar el estado de adoptabilidad.

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Graciela Valussi, coordinadora del cuerpo de psicólogas de la institución, explicó que seleccionan y acompañan a las familias temporarias con las que permanece el pequeño hasta volver a su casa o iniciar la búsqueda de su familia adoptiva, y que si bien los niños y niñas comprenden que estarán ahí por un tiempo, cuando se extiende, la situación se torna difícil. “Esos tiempos se dilatan más de lo debido; entonces, aunque el niño esté cuidado, permanece como en un bache, siempre está 'a la espera de'”, fueron sus palabras.

Una visión parecida aportó la coordinara del programa Familias Temporarias, Fabiana Erbetta, que recalcó que son los niños y niñas quienes “padecen esta situación elástica”. Explicó que propusieron modificaciones para que los jueces tengan toda la información que necesitan respecto del pequeño, como sus características físicas, sus gustos, sus necesidades o su estado de salud, para ayudarlos a tomar la mejor decisión. Aseguró que, si bien algunos responden sin problemas, otros dilatan la decisión.

Relanzan el programa de familias temporarias

Alicia Mayorga, presidenta de Avome, llamó a la ciudadanía a unirse y explicó la importancia de contar con cada vez más hogares para cuidar temporalmente a los niños que lo necesitan.

Marcela Frías, la supervisora de la institución, explicó que otra de las necesidades es hablar claramente tanto a los niños como a los pretensos adoptantes. Es decir, a los primeros, explicarles que estarán un tiempo con una familia temporaria o en un hogar, y a los segundos, comentarles las características del pequeño, sus gustos, si tiene alguna enfermedad o realiza un tratamiento, porque en algunos casos, los adultos se sorprenden con información que desconocían.

Las profesionales de Avome se mostraron dispuestas a modificar cualquier aspecto del sistema que les compete. De todas formas, coincidieron en que el problema son las demoras en dictar el estado de adoptabilidad y en la información que manejan en el RUA, tanto del pequeño como de quienes pueden ser su familia adoptiva. Fue Mayorga la que resaltó que otro inconveniente es que todos los actores del sistema trabajen en forma conjunta e interdisciplinaria, porque aún permanece la idea de los compartimentos estancos.

La ronda de consultas continuará con otros integrantes del sistema, entre ellos, los responsables del RUA y los jueces de Familia, con el objetivo de que aporten su visión sobre las razones por la que se dilatan los procesos de adopción.