Paso necesario y urgente en la Legislatura para la mitigación y adaptación al cambio climático
Mendoza ha sumado diferentes políticas públicas para preservar el medioambiente. Sin embargo, en muchas ocasiones, han sido medidas aisladas. Ahora, un proyecto de ley que busca integrar estas iniciativas ya tuvo aval en el Senado y avanza en Diputados. Hablamos con Yamel Ases, autora de proyecto.
Las medidas de mitigación para enfrentar el cambio climático son urgentes. Imagen generada por IA / Freepik
A veces pasa que la votación de un proyecto en la Legislatura de Mendoza sale con un aval por unanimidad. Suelen ser temas en los que las ríspidas arenas en las que se mueve la política se licuan ante un “bien mayor”. Esta vez, las políticas ambientales para enfrentar el cambio climático lograron ese apoyo multipartidario. En el Senado se dio el primer paso y la expectativa es que salga con el mismo consenso en Diputados.
Durante la primera semana de agosto, la Cámara Alta dio luz verde a una iniciativa que establece directrices para la política pública de Gestión Integral del Cambio Climático. El nombre es rimbombante y, en principio, suena como otro proyecto más que busca articular legislación ya vigente o dispersa que nunca fue canalizada. Sin embargo, la autora del proyecto, Yamel Ases, afirmó que en la provincia “no existe” un instrumento que vehiculice la gestión para mitigar los efectos del calentamiento global.
Ases habló con Unidiversidad y contó que está claro que ya se viene trabajando, tanto en la provincia como en algunos municipios, en cómo enfrentar los desafíos de la gestión pública con políticas medioambientales sustentables. Sin embargo, indudablemente, hacen falta normativas que aúnen y se pongan en línea con la legislación nacional e internacional vigentes, con un destino común e insoslayable, que es construir un futuro sostenible, incluso en el marco de una etapa en la que “lo ambiental” pareciera reñirse con el modelo extractivista que asoma con fuerza.
“En 2018 se comenzó a hacer un trabajo para conocer, justamente, cuál era el inventario de gases de la provincia y poder generar un plan de gestión concreto que vaya a mitigar los gases de efecto invernadero que generamos, disminuirlo lo más que podamos, pero, a la vez, adaptarnos a esta nueva realidad que es que, básicamente, el cambio climático tiene consecuencias reales en nuestra provincia, en nuestros departamentos”, contó Ases.
En concreto, uno de los pilares del proyecto es poder articular esfuerzos para medir y actualizar periódicamente el inventario de gases de efecto invernadero (IGEI). Sobre el IGEI, la joven senadora de la UCR explicó: “Lo que uno puede saber es cuánto impacto generamos, por ejemplo, a través de los residuos, a través de los medios de transporte que se utilizan en la provincia, a través de la actividad industrial, la agrícola ganadera; saber cuál es el impacto real en la actualidad y, en función de eso, poder hacer un plan de mitigación”.
La clave es mitigar
“No todo se puede mitigar”, manifestó la senadora, que afirmó que lo que sí se puede hacer es “tomar conciencia”, por lo que, consecuentemente, se pueden adoptar medidas para “compensar”. Entonces, el objetivo de la nueva norma es poder afinar el diagnóstico para calibrar los planes de mitigación y adaptación.
“La innovación es tener una articulación con los municipios, una mesa de municipios, porque ya son varios los municipios que, de manera autónoma y por incentivos propios, han comenzado. Godoy Cruz fue el primer departamento que lo hizo, pero luego se ha sumado Capital, Junín está en ese camino, San Rafael dio los primeros pasos. Es decir, hay un interés por parte de las gestiones municipales en considerar la gestión del ambiente desde esta perspectiva, o sea, no solo se reduce a la limpieza, no solo se reduce al barrido, sino que se toma conciencia de que, efectivamente, hay un cambio climático que es generado por nuestras propias actividades y que podemos mitigar”, relató la joven legisladora.
Yamel Ases lidera la comisión de Ambiente, cambio climático, riesgo de desastre, asuntos territoriales y vivienda en el Senado
¿Cuál sería un ejemplo? Según Ases, el caso del transporte es un servicio donde hay mucho por hacer. “La ciudadanía de Mendoza puede optar por otros medios de transporte que tengan menor impacto. Hay distintas acciones. Pueden ser desde muy menores, como incentivar el uso de la bicicleta o incentivar el uso del transporte público, o compartir un vehículo para trasladarnos, lo que genera menor impacto que una persona que elige movilizarse en su auto particular sola. Son diferentes acciones, niveles o variantes que uno puede ir implementando para, justamente, disminuir el impacto”, describió.
Asimismo, la iniciativa promueve la interacción con el sector privado, donde es cada vez más importante medir la huella de carbono. Un ejemplo es cómo la industria agroexportadora, como la vitivinícola, presta cada vez más atención a la huella de carbono que genera y cómo compensa ese impacto.
Un desafío incómodo
No es sencillo promover políticas sustentables para incentivar el cuidado del medioambiente mientras el presidente de la Nación afirma que descree de los efectos del cambio climático y degrada a quienes adhieren a la agenda 2030 de desarrollo sostenible promovida por la ONU. Le preguntamos a Ases si siente esa incomodidad y respondió: “En términos políticos, queda para el interior de nuestro partido (que es la UCR) y el interior de cada partido político. En términos institucionales, la realidad es que, más allá de la opinión personal de un dirigente o de varios dirigentes, lo cierto es que Argentina ha firmado tratados internacionales con rango constitucional que no solo reconocen la necesidad de avanzar a una agenda 2030 de objetivos de desarrollo sostenibles, sino que también reconoce el cambio climático como una problemática a nivel mundial. Entonces, más allá, por ahí, de una postura tal vez individual o propia de un sector político, nuestro país tiene ese respaldo institucional y estamos obligados a cumplir con estos tratados”.
De hecho, Ases recordó que la reforma constitucional de 1994 es contundente al destacar los derechos ambientales de la población: vivir en “un ambiente sano, equilibrado”. En tanto, recordó que uno puede estar a favor o en contra en términos ideológicos de lo que dictamina la Asamblea General de la ONU, pero no puede obviar “objetivos que son específicos y muy importantes, como, por ejemplo, terminar con la pobreza, pero de la mano del cuidado del ambiente y el desarrollo económico con esta perspectiva, eso no se puede negar. Insisto, esto tiene que ver con el grado de institucionalidad en el que ha avanzado nuestro país, independientemente de quién nos gobierne. Me parece que nos trasciende como humanidad”.
???? Hablamos con @unidiversidad_ sobre el Proyecto de Ley Directrices para la Política Pública de Gestión Integral del Cambio Climático y la Acción en Materia de Mitigación y Adaptación en la Provincia de Mendoza, que obtuvo media sanción este pasado martes en @senadomendoza pic.twitter.com/L7fyelN0yq
— Yamel J. Ases (@YamelAses)
Por último, la senadora recapituló lo hablado y destacó: "En la agenda del día a día nos aqueja la inflación, nos aquejan las condiciones macroeconómicas, la crisis, la recesión que estamos atravesando. Incluso la crisis institucional, la falta de credibilidad de la ciudadanía, pero me parece que este tipo de problemáticas trasciende cualquier coyuntura, no solo en reconocer algo que está demostrado científicamente, sino que además plantea la necesidad de trabajar en conjunto”.
Cinco claves sobre el proyecto de ley
- El proyecto destaca su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) N.°11, que busca lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, y al ODS N.°13, que recalca la necesidad de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos;
- Uno de los aspectos más destacados de esta ley es el Artículo 8, que establece la creación del Plan Provincial de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático;
- La normativa también estipula que el plan debe actualizarse cada cinco años, garantizando que las políticas y acciones climáticas se mantengan relevantes y efectivas ante los desafíos cambiantes;
- Establece un marco legal sólido y promueve la colaboración entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil para construir un futuro sostenible;
- La autoridad de aplicación será, en gran medida, el actual Ministerio de Energía y Ambiente, pero habrá una parte que deberá ejecutar el renombrado Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, dado que uno de los artículos plantea la profundización en el área educativa.
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