En el marco de la causa "Vargas, Ricardo Marcelo c/San Juan Provincia y otros s/daño ambiental", la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de los magistrados Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda, realizó requerimientos de información a la provincia de San Juan y al Estado Nacional, para esclarecer algunos aspectos vinculados con el amparo por daño ambiental presentado por un ciudadano sanjuanino para cuestionar emprendimientos mineros que se desarrollan en territorio de la provincia demandada.

De manera puntual, el Alto Tribunal pidió a la provincia accionada que acompañe en un plazo de veinte días copias certificadas del expediente "Barrick Exploraciones Argentinas S.A. s/informe de impacto ambiental".

El Máximo Tribunal se expidió el pasado martes 24 de abril dando lugar a un pedido de información adicional, por parte de la Procuración General, sobre la causa iniciada por un habitante de la zona.

Entre tanto, la Corte le pidió al Estado Nacional que informe, en el mismo plazo, si se llevaron a cabo los estudios de impacto ambiental correspondientes al suscribir un protocolo sobre explotación minera con Chile. Esta resolución se tomó en el marco del amparo que interpuso un vecino y afectado alegando la producción de daño ambiental a raíz de las actividades de las empresas mineras Barrick Exploraciones Argentinas y Exploraciones Mineras Argentinas.

Pascua Lama es uno de los proyectos de mayor dimensión de la región, en el que se prevé una extracción millonaria de oro y plata, mediante la forma de minería a cielo abierto a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, ya que está radicado en la frontera entre ambos países, en la región chilena de Atacama y en el paraje sanjuanino de Lama.

“El proyecto es también un gran generador de residuos domésticos, industriales no peligrosos, industriales peligrosos y patogénicos”, se advierte en la demanda y detalla que “las 312 millones de toneladas de colas de lixiviación con el cianuro remanente generadas por la explotación, serán depositadas final y perpetuamente en el dique ubicado sobre el Rio Turbio, circunstancia que –según aduce (el demandante)- habría sido reconocida por las demandadas en el Informe de Impacto Ambiental presentado a las autoridades locales”.

La acción judicial se extiende, entonces, a la provincia de San Juan y a las empresas Barrick Exploraciones Argentinas y Exploraciones Mineras Argentinas (EMA), mientras que también hay un pedido de hacerla extensiva, en caso de ser necesario, a las oficinas centrales que la firma petrolera tiene en Canadá.