Durante un plenario desarrollado el lunes 21 en Capital Federal, el Consejo Directivo Nacional (CDN), junto con secretarios nacionales de trabajadores, resolvieron un paro nacional y movilización para el martes 29 de diciembre ante las últimas medidas tomadas por el Gobierno nacional.  Exigen, entre otras cosas, estabilidad laboral de los trabajadores, el pase a planta permanente, un bono de fin de año de 5 mil pesos y la reapertura de paritarias.

Una de las principales medidas cuestionadas por el gremio de estatales fue la auditoría encargada por el gobierno de Mauricio Macri. El ministro de Gestión y Modernización, Andrés Ibarra, anunció que se iniciará una evaluación y revisión de contratos de unos 24 mil empleados públicos contratados durante el gobierno kirchnerista, además de analizar la situación de cerca de 11 mil concursos.

La vicepresidenta Gabriela Michetti aseguró que existe una incompatibilidad de sueldos, ya que aumentó de manera excepcional el número de trabajadores “que cobran por no hacer sus tareas y se le paga a la gente que no trabaja hace años en el Senado”. En tanto, el ministro Ibarra reveló que hay 370 mil empleados en la administración pública nacional, más de 20 mil en los distintos organismos y 50 mil más en empresas públicas. Indicó que los contratos más recientes serán extendidos por tres meses para ser analizados y que los anteriores a los últimos tres años serán prorrogados por un año más, pero quedarán también bajo estudio.

El funcionario además señaló que sólo en la administración pública nacional los contratos iniciados en los últimos tres años son más de 20 mil, sobre un total de 64 mil contratados. “Vamos a revisar los contratos para ver que correspondan a gente que efectivamente está trabajando en la administración”, advirtió Ibarra.
 

Críticas

Por su parte, Andrés Rodríguez, secretario general de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), criticó esta medida del gobierno diciendo que “no hay ñoquis en el Estado, es como cualquier otro lugar de trabajo” y que “está bien evaluar el desempeño de los trabajadores pero no queremos que se los utilice como variable del ajuste”.

El secretario general de ATE, Hugo Godoy dijo que "hoy existe una situación de emergencia social ante la pérdida del salario tras la escalada de los precios, la devaluación que amenaza los bolsillos de los trabajadores y el riesgo de una creciente desocupación”. Dijo, además, que no permitirá “despidos masivos” en el Estado, y en diálogo con el diario La Nación aseguró que “los trabajadores precarizados son una prioridad para el sindicato”.