Organizaciones lanzan una Secretaría de Trabajadores Migrantes y Refugiados en Mendoza

Sociedad

Según se evidencia en la muestra, los movimientos migratorios se realizaron con sus familias, generalmente por motivos económicos, con el objetivo de encontrar un lugar en el mercado laboral argentino. El desplazamiento, en general, se produjo por vía terrestre y, sobre ese traslado desde su país de origen hasta Argentina, algunas encuestadas destacaron que sufrieron discriminación, violencia y vulnerabilidad. Respecto de su escolarización, la mayoría alcanzó el nivel primario o secundario incompleto.

Cuando se enfrentan con el mercado laboral en este país, las posibilidades de las mujeres migrantes son muy limitadas. A la estratificación por etnia, edad y nacionalidad se suma la del género, es decir, la división sexual del trabajo, que asigna ciertas actividades a mujeres y otras a varones.

La movilidad territorial es un fenómeno global y cotidiano: entre 2000 y 2015 aumentó el 41 % el número de migrantes internacionales y alcanzó los 244 millones, de los cuales alrededor de la mitad son mujeres. Las causas son múltiples: pobreza, reunificación familiar, educación, violencia armada, violencia intrafamiliar. A pesar de que alrededor de la mitad de las personas migrantes son mujeres, se analiza este fenómeno –como tantos otros aspectos de la sociedad– sin perspectiva de género.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional Migrante de Argentina, el 53 % son mujeres; el 45 %, varones, y el 2 %, personas LGBTIQ+. En la actualidad, el rol de las poblaciones feminizadas en los procesos de desplazamiento es activo: “Se movilizan con el fin de encontrar independencia social, educativa, cultural y económica”. 

Fuente: www.argentina.gob.ar

“Tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica, el servicio doméstico ha representado una fuente de trabajo para mujeres en situaciones de vulnerabilidad económica, por lo que las trabajadoras componen una mano de obra barata como consecuencia de dicha necesidad. Quienes se desempeñan en estas tareas no solo provienen de sectores populares, sino que se trata casi de manera exclusiva de mujeres y, en algunos casos, mujeres migrantes”, puntualiza el informe.

La precarización de las trabajadoras de casas particulares

Hacia 2016, el servicio doméstico representaba el 5,6 % del total de personas ocupadas del país. A pesar del enorme contingente de personas que abarca el sector, se le reconocen problemas históricos relacionados con “bajos salarios, inestabilidad laboral, sobreexplotación (cuando no de abuso y maltrato), acceso restringido a la formalización laboral y, por ende, a la protección social”. La falta de oportunidades laborales –marcadas por la identidad étnica, de clase, género, edad, etc.– incrementa la masa de personas que están dispuestas a emplearse en condiciones precarias. 

Seguido por la construcción, Ecofeminita afirma que el trabajo doméstico en casas particulares es una de las ramas más afectadas de la economía: tiene el promedio de ingresos más bajo. A la vez, el 10 % de las trabajadoras del sector “están sobreocupadas trabajando más de 45 horas semanales, el 30 % trabaja en dos o más hogares para poder sumar horas (y con ello, más ingresos)”. 

“Cuando nos referimos a las trabajadoras de casas particulares en el país, hablamos de un sector altamente feminizado, precarizado e informal, lo que deja en situación de total desprotección social a aquellas mujeres”, precisa el estudio.

Sin embargo –es decir, a pesar de la precarización– las trabajadoras de casas particulares, entre las que se encuentran las migrantes, son un eslabón fundamental para el sostenimiento de la economía: prestan un servicio indispensable para la reproducción de la vida y de la fuerza de trabajo de las personas que se emplean en el mercado productivo. Esto es lo que la llamada “economía del cuidado” pretende visibilizar.

La pandemia y el aislamiento dejaron al descubierto la importancia de las tareas de cuidado, por un lado, y la vulnerabilidad laboral de las trabajadoras de casas particulares, por otro. Según explica la investigación de Xumek, esto se debe, principalmente, a la informalidad en la contratación. 

Es que, aunque la Ley 26844 reconoce derechos a quienes trabajan en casas particulares, en su redacción y proceso de sanción no tuvieron presencia como actores sociales. El informe destaca que “la perspectiva desde la cual se regulan las relaciones laborales en el servicio doméstico es casi de manera unívoca la de lxs empleadorxs. De esta manera, el debate legislativo expresó el régimen a sancionar como un derecho que se otorgaba y no como uno que se conquistaba”.