Abordar la cuestión presupuestaria como un aspecto significativo que se desprende del derecho a la educación de las personas no resulta una tarea sencilla. Dos referentes de la lucha sindical dentro del sector, Sebastián Henríquez, secretario general del SUTE, y Francisca Staiti, secretaria general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNCUYO (FADIUNC), coincidieron en que existe un deterioro en el sistema educativo, causado, en gran medida, por la falta de inversión.

Durante los primeros días de marzo de este año, el Gobierno provincial dio por finalizadas las paritarias con el gremio docente por decreto y otorgó el 15,7 % de aumento en tres tramos: el 5 % desde enero a mayo, el 5,2 % desde junio a octubre y el 5,5 % a partir de noviembre. Previamente, en plena discusión paritaria, fue lanzada la campaña “Más para educación”, promovida por el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), en reclamo por una mayor inversión destinada a la infraestructura escolar, a los recursos con los que deben contar los/las alumnos/as en el aula y a la mejora salarial de los docentes.

“La educación mendocina se encuentra en una situación crítica”, señaló Henríquez. “Si lo pensamos desde el punto de vista de los derechos humanos, el primer derecho básico respecto de la escuela es acceder a la escuela, algo a lo que está obligado el Estado porque es el principal responsable. No obstante, hay miles de personas que no están en el sistema educativo”. Ampliando lo dicho, el dirigente sindical indicó que, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en 2017, hay alrededor de 80.000 personas de más de 20 años con secundario incompleto y casi 15.000 jóvenes de 15 a 19 años con la primaria incompleta en el Gran Mendoza.

Staiti apuntó, como causa inevitable, a la pobreza: “El Estado no está garantizando el derecho a la educación como derecho humano porque no está garantizando que se elimine la pobreza. La escuela debe asegurar la posibilidad de salir de esa condición a quienes van a estudiar. Pero si hay un Estado que, en lugar de ayudar a erradicar la pobreza, deja en la calle a los/las trabajadores/as, se genera una suerte de dominó, que provoca que muchos ni siquiera tengan la posibilidad de estudiar”.

La buena calidad educativa es, para Henríquez, el segundo derecho básico: “Que acceder a la escuela sirva, que sea significativo. Que sirva para mejorar la vida de las personas”. En este sentido, agregó: “Si hay miles de personas que todavía tienen que acceder al sistema, lo que hay que hacer es expandirlo y mejorarlo, pero lo que están haciendo es contraerlo”. La culpa, según coincidieron ambos gremialistas, se carga injustamente sobre el docente. Tal aspecto, explicaron, no depende solamente de una institución, sino del sistema educativo general del país.

Por un lado, según el análisis que hizo Henríquez, las reformas curriculares de los últimos años han simplificado contenidos, tanto en la escuela primaria y secundaria como en la universidad. Por el otro, hay que tener en cuenta el entorno social y las condiciones culturales y económicas que influyen en la realidad de cada estudiante y de cada docente. “Si hay aulas superpobladas, con problemas de convivencia, en escuelas que se caen a pedazos y que no tienen recursos tecnológicos, sumado a un salario de miseria como el que hay Mendoza (que te obliga a trabajar 36 horas cátedra en secundaria para poder vivir), claramente se deteriora la calidad educativa”.

“Mientras la educación se vea como un gasto, va a ser cada vez más restrictiva, porque lo que garantiza el derecho es la inversión, no el gasto. Creo que hay que trabajar más seriamente en una política de Estado con respecto a la educación, una política que piense en una educación gratuita, laica, inclusiva, de calidad y al servicio de la Nación", concluyó Staiti.

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Derecho estructural

La educación como derecho humano es la base que conecta con los otros derechos para construir sociedades más igualitarias.