Dos días después de que un informe de la OCDE presentara la actualización del pronóstico de recesión en la Argentina, con la mayor baja entre los miembros del G-20, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina dio a conocer el “Informe de Avance: Deudas Sociales en la Argentina 2010-2020. Crisis del empleo, pobrezas y desigualdades estructurales en el contexto COVID-19”, que muestra los aumentos en las tasas de pobreza, indigencia y de desempleo en el cuatrimestre julio a octubre de este año. Los números impactan por su crudeza y reflejan las consecuencias de la cuarentena, en medio de la pandemia y de un contexto económico que ya venía en caída, en las vidas de millones de argentinos y argentinas.

El relevamiento arrojó aumentos de la proporción de la población en estado de pobreza –por no contar con ingresos insuficientes para poder comprar la canasta básica de alimentos y servicios públicos y privados– del 40,8 % en 2019 al 44,2 % ahora. Se trata de 20,3 millones de argentinos y argentinas, según la proyección al total de la población del país. En el caso del conjunto de los hogares, pasó del 32,1 % al 34,9 %. La brecha entre ambas proporciones responde a la mayor densidad demográfica en las familias con menores recursos monetarios.

Las medidas de aislamiento obligatorio adoptadas generaron una crisis de oferta y demanda de bienes, servicios y mano de obra laboral.

Las cifras de desempleo, en tanto, subieron, según el informe del ODSA, en el tercer trimestre del 10,6 % al 14,2 %, cifra que se eleva a más del doble si se agrega el “efecto desaliento” a buscar trabajo. En términos de cantidad de habitantes, significó pasar de casi 2,1 millones de desocupados a poco más de 2,7 millones.

Ambos indicadores de la difícil realidad social de la mayor parte de la población resultaron más altos que los anticipados por el Indec: el 40,9 % pobreza en el promedio del primer semestre 2020; y el 13,1% desempleo en el segundo trimestre, principalmente por corresponder a “datos del cuatrimestre siguiente –julio a octubre–, y por efecto de ampliar la consulta a 30 partidos del Área Metropolitana del Gran Buenos Aires, seis más que los consultados por el organismo oficial de estadística”, aclaró Salvia.

“Las medidas de aislamiento obligatorio adoptadas generaron una crisis de oferta y demanda de bienes, servicios y mano de obra laboral, lo cual tendió a alterar la validez de indicadores clásicos utilizados para medir la condición de actividad, la pobreza por ingresos y las demandas de salud y educación, entre otras dimensiones”, resalta el trabajo de más de 250 páginas dirigido por Agustín Salvia, director del ODSA-UCA. La presentación final está prevista para febrero y marzo del año próximo.

Pobreza

El nivel de pobreza se eleva en mayor medida cuando se agregan en la medición indicadores no monetarios, como el acceso a la vivienda digna, servicios públicos esenciales de gas, medicina y medicamentos, y educación, entre otros. En ese caso, el ODSA arrojó una proporción del 27,3 % de la población, casi 6 puntos más que el año anterior, aunque en cantidad de hogares subió 2 puntos, del 18,8 % al 20,8 %.

Claramente, el aumento de la pobreza y del desempleo no es un fenómeno nuevo, pero en una economía que venía sin crecer en los últimos 10 años, de los cuales los dos últimos había ingresado en un proceso letal para muchas familias con el paso a otra fase recesiva y aceleración de la inflación, no sorprendió que, con la irrupción de la COVID-19 y las medidas extremas de aislamiento social y suspensión de diversas actividades productivas y comerciales, se acentuaran las carencias en las distintas mediciones sociales. En particular, la denominada “inseguridad alimentaria severa” pasó del 7,4 % de los hogares en 2019 (tras nueve años previos entre el 5 % y el 6 %) al 8,6 %, y crece al 10,4 % de la población en la estimación para el corriente año. A la vez, se mantuvo elevada en el salto al 21 % del universo que no accedió a atención médica que se había producido el año previo, desde un rango del 14 % al 17 %.

El trabajo define la inseguridad alimentaria como el fenómeno que provoca que “una persona o familia deba reducir de manera involuntaria la porción de comida y/o no la perciba de manera frecuente, que implican experiencias de hambre de algún componente del hogar por problemas económicos durante los últimos 12 meses”.

Generación de ingreso y patrones de consumo

Destacó el director de Investigación –especialista en reproducción social, trabajo y desigualdad– del ODSA, en un encuentro virtual con la prensa del que participó Infobae: “Para el análisis, se tomaron los datos del valor la canasta básica de alimentos y servicios que estima el Indec, pese a que en esta oportunidad no representa una referencia completa porque sufrió alteraciones al cambiar los ingresos y, por lo tanto, los patrones de consumo de las familias, y se la comparó con el ingreso medio en términos reales a valores del cuatrimestre julio-octubre de toda la serie”.

Salvia observó: “Hubo un comportamiento heterogéneo, con hogares que pudieron agruparse y sumar planes asistenciales, y por tanto hubo movilidad que les permitió incluso en algunos casos salir del estado de pobreza, tanto por ingreso como en la medición multifuncional. Dos factores explican ese dinamismo, que no es contradictorio, porque mientras hubo quienes perdieron ingreso por empleo, hubo otros que pasaron a depender más de los planes sociales, y se juntaron. La proporción que pasó a recibir algún tipo de asistencia del Estado o comedores comunitarios, más importante en los hogares con y sin niños, subió al 49 % del total, el 31 % en el caso de los que no tienen niños y el 66 % en el resto”.

Hubo quienes perdieron ingreso por empleo, hubo otros que pasaron a depender más de los planes sociales, y se juntaron (Agustín Salvia).

Por ese efecto, el desagregado de la variación de la pobreza por segmento de ingreso arrojó que, en el promedio general, logró salir de ese estado el 7,8 % de la población, con el 1,1 % en el tramo medio-alto; el 11,1 % y el 10,6 % en los siguientes medio-bajo y bajo, y el 6,8 % en el extremo inferior, mientras que, por el contrario, se sumaron a los sectores carenciados (nuevos pobres) el 12,8 % de los habitantes: 3,4 puntos porcentuales en la franja superior; 8,2 puntos porcentuales en la media-baja; afectó al 18,5 % y al 17,4 % de los estratos bajos y muy bajos.

En términos relativos, en comparación con el relevamiento de 2019, surgió que, mientras la pobreza multifuncional se multiplicó por 3 respecto del aumento estimado de la población –1,8 millones de personas versus 620 000 nuevos habitantes–, en el caso de los niños y adolescentes, hasta 17 años, se multiplicó por 21, aumentó en unas 689 000 personas; mientras tanto, en el segmento de los adultos de más de 64 años subió poco menos que la mitad, alrededor de 77 000.

En el caso de niños, niñas y adolescentes hasta 17 años, la pobreza se multiplicó por 21 respecto del crecimiento de esa población, ya que aumentó en unas 689 mil personas.

El impacto de la crisis económicas y sanitaria en términos de indigencia se limitó a un crecimiento en 1,2 puntos porcentuales de la población, poco más de 600 mil personas, similar al aumento vegetativo de la cantidad de habitantes, aunque se multiplicó por 5,5 en la franja de hasta 17 años, y cayó en 33 mil casos en la de más de 64 años. Sin duda, en este segmento gravitó la ampliación de los planes asistenciales del gobierno, con los programas Alimentar, el Ingreso Familiar de Emergencia, el aumento en cifras y alcance de la Asignación Universal por Hijo y la multiplicación de los comedores comunitarios, entre otros.

“La pobreza monetaria concentra sus efectos en la población localizada en hogares conducidos por personas que afrontan coyunturas de desocupación o subempleo (el 80,3 %), en los segmentos de trabajadores marginales (el 77,2 %) e integrados (el 54,6 %) y en el conurbano bonaerense (el 51,1 %). Entre estos grupos, la pobreza crece casi ininterrumpidamente desde 2013-2014 y evidencia un nuevo salto en el contexto de pandemia. La indigencia también aumenta, afecta más a los segmentos marginal (el 24,8 %) e integrado (el 10,1 %) de trabajadores y es transversal a todas las regiones urbanas, aunque con mayor fuerza en el conurbano bonaerense (el 12 %)”, sintetiza el informe privado.

Aumentaron la precariedad laboral y la desocupación a más del 28 %

El relevamiento del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA alerta que la tasa de desempleo subió en el tercer trimestre del 10,6 % al 14,2 %, pero se eleva a más del doble si se agrega el “efecto desaliento” a buscar trabajo. “En general, los indicadores no se mostraron extremadamente sensibles por la COVID-19, porque sus efectos se verán en el largo plazo”, resaltó Salvia en lo que respecta a la recuperación de los puestos de trabajo perdidos en el largo período en cuarentena, con veda al uso de los medios públicos de pasajeros para los empleos y actividades que por decreto fueron declarados “no esenciales” desde el 20 de marzo y que aún persistirán para muchos casos hasta el 20 de diciembre, si es que no se vuelve a prorrogar esa prohibición.

Los indicadores no se mostraron extremadamente sensibles por el covid-19, porque sus efectos se verán en el largo plazo (Agustín Salvia).

De ahí que, si bien del procesamiento de los datos de la muestra surgió un aumento de la tasa de desempleo en el tercer trimestre en el rango de 3 puntos porcentuales que había detectado el Indec en la medición del segundo trimestre, el ODSA-UCA estimó una suba de, 10,6 % a, 14,2 % de la población activa de 18 años y más; el nivel más alto de los pasados 16 años.

En términos de cantidad de habitantes, significó pasar de casi 2,1 millones de desocupados a poco más de 2,7 millones. Según los resultados de la Encuesta de la Deuda Social Argentina de la UCA, “solo el 43,6 % de la población económica activa de 18 años y más logró acceder a un empleo pleno de derechos, mientras que el 14,2 % de esta población se encontraba abiertamente desempleada, y el 14,8 %, sometida a un subempleo inestable (realizando changas, trabajos temporarios o no remunerados, o siendo beneficiarios de programas de empleo con contraprestación)”.

Ese cuadro llevó al ODSA a estimar que existe un importante “efecto desaliento” a la búsqueda de recuperar el empleo perdido, principalmente en la franja de los sectores más vulnerables, no solo porque forma parte de la población con menores ingresos, sino porque esa circunstancia se corresponde con la precariedad laboral que representa desenvolverse en la informalidad, tanto como asalariado como haciendo “changas”, o como pequeño monotributista, porque la economía no da señales de incentivos generalizados a la inversión y creación de puestos registrados.

“Se estima que, de no haberse generado ese efecto desaliento, la desocupación se habría incrementado a niveles cercanos al 28,5 %. Y generó un cambio de composición del mercado de trabajo que amortiguó u ocultó el desmejoramiento de la situación laboral. En 2010, solo el 43,6 % de la población económicamente activa poseía un empleo pleno de derechos, mientras que el 27,4 % tenía un empleo precario, el 14,8 % vivía con un subempleo inestable y el 14,2 % tenía una situación de desocupación”.

El estudio privado estimó que el mayor impacto negativo de la crisis sobre el mercado de trabajo en términos de proporción real de desocupados, con el agregado de los “desalentados”, se registra en la franja de los trabajadores marginales, con el 53,5 % del total del grupo; el 31,8 %, en el del trabajador registrado; el 19,1 %, en el medio no profesional, y el 9,3 %, entre los de mayor calificación.

El desagregado del desempleo con efecto desaliento, según condición de vida, lo ubicó en el rango del 23,5 % para la franja de trabajadores no pobres y el 35,3 % en la de pobres. “Para reducir esos índices de pobreza, que no vienen a competir con la medición del Indec, será clave generar empleos en los sectores informales y de economía social, y que las empresas que operan en blanco puedan acompañar, con cambios en la legislación y subsidios a las pymes que garanticen mejores condiciones de contratación en términos de un mínimo de garantía de salario y estabilidad, porque el delicado cuadro actual no lo podrá resolver solo el Estado”, concluyó Salvia.

Para reducir esos índices de pobreza, que no vienen a competir con la medición del Indec, será clave generar empleos en los sectores informales y de economía social.

Para este relevamiento, la UCA destacó que se hicieron entrevistas telefónicas, por línea fija y móvil, a 5728 hogares con 17 920 personas, residentes en 20 aglomerados urbanos de más de 80 mil habitantes a quienes se les consultó sobre las privaciones económicas o déficit de desarrollo humano, en particular, y en este último relevamiento, el impacto del escenario COVID-19.

Desde 2004, el programa del ODSA-UCA realiza anualmente una encuesta sobre indicadores de déficit de desarrollo humano e integración social (Encuesta de la Deuda Social Argentina –EDSA–), que se propone “ser el disparador de una propuesta de Derecho Social a formar parte de una sociedad de iguales, a partir de medir el grado de inclusión de la población a través de seis dimensiones fundamentales de acceso a funcionamientos o bienes y servicios, fuentes de desarrollo humano, salud y alimentación, saneamiento y energía, servicios de la vivienda, medio ambiente saludable, recursos educativos, trabajo y seguridad social”.

El OSDA-UCA se propone ser un disparador de una propuesta de Derecho Social a formar una sociedad de iguales.

El director del ODSA-UCA destacó que el adelanto del Barómetro de la Deuda Social se completará la semana próxima con el análisis de la situación de pobreza en el caso particular de la infancia, y el informe completo se publicará en febrero y marzo próximo, con los Aportes para una Agenda Sustentable de Desarrollo Humano Integral, como se hace desde hace 8 años, y que arrojó como conclusión relevante al aumento de la pobreza y de la desigualdad por ingresos, con efectos notables del fenómeno COVID-19, pero que impactarán muy fuerte hacia delante.