Este domingo los dueños de la empresa Vicentin enviaron una solicitada a varios medios nacionales donde expresaron su rechazo a la intervención por parte del Gobierno.

En el texto, firmado por la familia y accionistas de Vicentin SAIC, la compañía agroexportadora calificó la iniciativa como “injusta, arbitraria e ilegal”.

Además, aseguraron que la medida los tomó por sorpresa y que la decisión del Gobierno de Alberto Fernández había inhabilita todas las negociaciones que la compañía estaba llevando adelante para alcanzar una solución en el ámbito privado.

El texto completo:

Vicentin SAIC es una empresa argentina, familiar, del interior del país, nacida hace 90 años, a más de 800 kms de la Capital Federal en el norte de Santa Fe, en la localidad de Avellaneda. Sus más de 100 accionistas son miembros de la familia, en muchos casos tercera generación, descendientes de los fundadores Pedro, Roberto, Máximo y Ceferino Vicentin que comenzaron con un almacén de ramos generales en el año 1929.

Hemos crecido junto a nuestra comunidad y hemos sido desde nuestros inicios, a lo largo de nuestra historia, generadores de crecimiento económico y oportunidades de trabajo. Hemos desarrollado industrias, construido plantas productivas y hasta puertos. Hemos sido un actor relevante a la hora de impulsar la economía argentina. Hemos reinvertido históricamente nuestras utilidades en el país apostando al crecimiento de nuestras operaciones y a la generación de valor agregado en todas las etapas productivas y en toda la cadena de valor.

Luego de 90 años de una trayectoria intachable, construida en la confianza que Vicentin siempre ha generado en sus clientes, proveedores, socios y colaboradores, hemos tenido que enfrentar recientemente una situación financiera crítica que derivó en la necesidad de presentarnos en el mes de febrero, en un Concurso de Acreedores.

La empresa ha actuado en ese marco ajustada a derecho y cumplimentando cada una de las etapas contempladas dentro de dicho procedimiento, llevando adelante el máximo esfuerzo para alcanzar una pronta solución que nos permitiera honrar los compromisos asumidos.En ese contexto nos encontrábamos gestionando y evaluando diferentes alternativas y ofrecimientos de distintos grupos empresarios tendientes a alcanzar una solución virtuosa que garantice la continuidad de las operaciones y las fuentes de trabajo. Vale destacar en ese sentido que más allá de las manifiestas dificultades financieras, la compañía, no dejó jamás de abonar los salarios correspondientes a todos sus trabajadores y con mucho esfuerzo hemos mantenido activa parte de nuestra matriz productiva.

El pasado lunes 8 de junio hemos sido sorprendidos por una decisión del gobierno argentino que entendemos injusta, arbitraria e ilegal. Una decisión, que avasalla y atenta contra los derechos de la propiedad privada y le niega a una empresa argentina de larga y destacada trayectoria, el derecho a resolver su situación financiera en el marco que la ley prevé para dicho fin que es en el ámbito concursal.

Esta decisión del poder ejecutivo inhabilita todas las negociaciones que la compañía venía llevando adelante para alcanzar una solución en el ámbito privado y deja como única opción, la estatización de la empresa, manifestando el propio presidente que esa es la única posibilidad.

La intervención y el proyecto de expropiación que sostiene el actual gobierno en cabeza del presidente Alberto Fernandez, viola las garantías constitucionales, elude de manera arbitraria la independencia de poderes de una Nación y pone en jaque la confiabilidad en las instituciones que requiere toda República democrática.

Confiamos en que las autoridades competentes recapaciten o intervengan oportunamente para reestablecer el estado de derecho y garantizar a quienes hemos invertido por décadas en nuestro país, que estamos amparados por sus leyes y no expuestos a decisiones arbitrarias carentes de fundamentos y de legalidad.

Familia y accionistas de Vicentin SAIC.

Una empresa mixta similar al de YPF

Durante la mañana de este domingo, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, manifestaron la voluntad del gobierno nacional de avanzar para el futuro de Vicentin con un esquema de empresa mixta, similar al de YPF, una vez que se haya llevado a cabo su expropiación.

En ese sentido, el Presidente aseguró que el Gobierno está "intentando rescatar una empresa que está al borde de la quiebra", algo que es necesario hacerlo mediante una expropiación "por una cuestión de transparencia" y que "el objetivo más prioritario es que la empresa vuelva a producir y exportar, como corresponde".

"Yo no puedo pensar en un país que necesita crecer en default y tampoco puedo ver impávido cómo se cae una empresa de la talla de Vicentin, donde los mismos accionistas dicen 'no tenemos cómo salvarla', que no pueden hacerse cargo de nada y me piden que el Estado se haga cargo sin necesidad de dictar una ley de expropiación, pero uno debe hacerlo por una cuestión de transparencia exclusivamente", afirmó Fernández en diálogo con Radio 10.

Al respecto, el Presidente sostuvo que el mercado agroexportador "es muy importante" y que "por eso nosotros rescatamos a Vicentin de lo que es un camino seguro al precipicio, que termina con la quiebra de Vicentin o con el pase de Vicentin a manos privadas y capitales extranjeros".

"Yo advertí -agregó- que el riesgo es muy grande y que seguramente al Estado no le haría mal tener una empresa testigo como es YPF en el mercado de hidrocarburos, una empresa testigo no supone la intervención sobre otras empresas".

Asimismo, dijo no creer que haya que "dictar normas para regular más allá de lo que ya existe en el mercado granario", pero que sí el Estado puede tener "una empresa que de algún modo promueva el desarrollo del sector".

"El único instrumento que advierto para rescatar Vicentin es la expropiación, porque el Estado no tiene otro elemento, porque por ley los bancos públicos no pueden capitalizar deuda y porque YPF Agro no es una sociedad anónima, es una unidad de negocios que depende de YPF que es una empresa cuyo objetivo es la explotación básicamente de hidrocarburos y el vínculo de YPF y la agricultura tiene que ver con productos que YPF tiene para la fertilización del campo pero no la explotación agrícola y mucho menos la exportación de cereales", afirmó el Presidente.

"Intento rescatarla porque allí hay 2.600 productores agrícolas estafados, porque hay 2.000 personas que trabajan, porque la ciudad de Avellaneda vive de Vicentin, porque es un operador muy importante en el mundo cerealero y en la exportación de cereales de Argentina y porque ese mercado es estratégico para el desarrollo económico argentino y en ese contexto tiene mucho sentido que el Estado tenga una empresa testigo", cerró el Presidente.

En cuanto al futuro de la empresa Cerealera, Kulfas dijo que la participación de los actuales acreedores comerciales -como Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), a quien la empresa debe US$ 90 millones- como parte de la empresa y tener participación en un directorio "es una posibilidad muy clara y nos interesa muchísimo".

"Estamos hablando de un esquema como el que funciona en YPF, que es una empresa mixta, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, tiene un management absolutamente profesional y tiene un directorio con representantes del Estado nacional y las provincias petroleras", afirmó Kulfas en una entrevista publicada hoy en La Capital.

 Y agregó: "El modelo YPF funciona muy bien y tiene mucho para dar. Ese es el modelo pensado para esta empresa mixta. Y hay sectores que se mostraron interesados en participar".

El oficialismo busca apoyo legislativo para aprobar la expropiación de Vicentin

Nacional Unidiversidad Vicentín / por Unidiversidad / Fuente: Diario Los Andes - Clarín / Publicado el 13 DE JUNIO 2020 El proyecto sobre la expropiación de la cerealera Vicentin, que aún no ingresó al Congreso, tendría un ágil tratamiento en el Senado, donde el Frente de Todos (FdT) posee la mayoría, en tanto que en Diputados el oficialismo debería recurrir a aliados para formar el quórum y pretender imponerse en la votación de la iniciativa.