El jueves 1.º de marzo, en una reunión en el Ministerio de Justicia en la que participó brevemente el ministro Germán Garavano, el Gobierno anticipó su intención de que entre 500 y 700 presos alojados actualmente en cárceles federales puedan ser beneficiados con un régimen de prisión domiciliaria o sistema de monitoreo con tobillera electrónica. Con la necesidad de descomprimir las cárceles, desde el Ministerio de Justicia hicieron ese planteo ante jueces, fiscales, defensores oficiales, miembros de la Procuración Penitenciaria de la Nación y de distintas organizaciones no gubernamentales.

En ese mismo encuentro, las autoridades del Ministerio entregaron una lista con los nombres y apellidos de los detenidos que, de acuerdo con los informes realizados, estarían en condiciones de ser beneficiados con el arresto domiciliario o una tobillera electrónica de monitoreo.

La noticia fue publicada por Infobae, el mismo sitio que hoy dice que se supo que ese listado tiene 1111 nombres e incluye distintas categorías de detenidos en el sistema federal: "internos de lesa humanidad mayores de 70 años", "internos comunes mayores de 70 años", "nómina de internos autopercibidos como gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)", "discapacitados", "internas alojadas con hijos de hasta 10 años", "alojadas con hijos", "internas embarazadas" e "internos que cumplieron el requisito temporal para acceder al beneficio de libertad condicional". Desde el Ministerio agregaron: "Hay una cantidad importante de internos que tiene perfiles muy moderados y muy propicios para la reinserción".

En la nómina figuran 96 condenados por delitos de lesa humanidad, como Jorge "El Tigre" Acosta, Julio "el Turco Julián" Simón y hasta uno de los integrantes del Clan Puccio, pero también homicidas, violadores y condenados por robo.

Entre esos presos sugeridos están "El Tigre" Acosta, jefe del Grupo de tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención de la dictadura, y condenado a prisión perpetua; los también represores de la ESMA Carlos Capdevilla, Antonio Pernías y Adolfo Donda (tío de la diputada nacional Victoria Donda); el exagente de inteligencia Raúl Guglielminetti y el exfiscal Gustavo Modesto Demarchi, también condenados a prisión perpetua.

El listado continúa con Julio "el Turco Julián" Simón, exagente de la Policía Federal y el primer represor condenado tras la nulidad en 2003 de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y Cristian Federico von Wernich, excapellán de la policía de la Provincia de Buenos Aires.

Los presos mayores de 70 años por delitos comunes con posibilidades de salir de prisión son 46. Entre ellos se encuentra Guillermo Fernández Laborda, integrante del Clan Puccio, la banda liderada por Arquímedes Puccio, que protagonizó una serie de secuestros en la década del 80. La Corte Suprema confirmó en 2015 la condena a prisión perpetua de Fernández Laborda.

El resto de las personas "sugeridas" por el Gobierno para salir de prisión son 106 del colectivo LGBTI, 70 discapacitadas, 25 embarazadas y 421 mujeres con hijos recién nacidos y de hasta 10 años. Son todos los casos que prevé el Protocolo para acceder a la prisión domiciliaria con tobillera electrónica, que incluye a internos de baja peligrosidad y que están en el último tramo de su condena. Se trata de personas condenas mayormente por delitos vinculados al narcotráfico, pero también hay casos de homicidios, abusos sexuales, violaciones, corrupción de menores, secuestros y robos.