La indigencia en niñas y niños en Argentina aumentó al 14,3 % en el primer semestre de 2023, lo que equivale a 1,8 millones de chicas y chicos, 250 mil más en comparación con 2022, según un informe de Unicef publicado este martes y que fue elaborado sobre la base de estadísticas oficiales. De acuerdo a las estimaciones del organismo, el escenario se agudizó a fines del año pasado hasta alcanzar al 19,4 % de la población infantil: son 630 mil chicas y chicos más que viven en hogares que no cubren la canasta básica de alimentos, y alertó que la situación podría agravarse este año si el Gobierno no aumenta el presupuesto destinado a infancias ni dispone una mayor eficiencia en la implementación de política públicas en materia de protección de ingresos.

Si se toma la pobreza monetaria, Unicef indicó que esta afecta al 57 % de niñas y niños, lo que equivale a 7,1 millones de chicas y chicos. Algunos de ellos se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad: la pobreza se eleva cuando los referentes del hogar tienen muy bajo clima educativo (el 83 %), en los casos de hogares monomarentales (el 68 %) o cuando residen en barrios populares (el 84 %). En este contexto, el presupuesto nacional destinado a niñez muestra, al día de hoy, una caída del 75 % en términos reales, según tres nuevos informes de Unicef basados en cifras oficiales que abordan la pobreza monetaria y las privaciones vinculadas a derechos en niñas y niños; el presupuesto destinado a la infancia, y la suficiencia de las políticas de protección de ingresos.

"El presupuesto constituye una herramienta clave para aportar elementos desde la política fiscal que garanticen el cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia”, explicó Luisa Brumana, representante de Unicef Argentina, al presentar los informes enmarcados en los monitoreos sobre la situación de la niñez y la adolescencia que realiza la organización de forma continua desde 2016. Brumana señaló que, con esta información, buscan contribuir a la toma de decisiones de los gobiernos, en cumplimiento con los planes de trabajo acordados con el Estado nacional y a partir del mandato establecido en la Convención de los Derechos del Niño.

El relevamiento también advierte que la implementación de políticas nacionales clave para la infancia presenta signos de alerta en lo que va de 2024. Por un lado, un número importante de iniciativas muestran niveles de ejecución nulos o casi nulos (abastecimiento a los comedores escolares, fortalecimiento edilicio de jardines de infantes, Plan Nacional de Primera Infancia, entre otros) y, por el otro, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar evidencian niveles de ejecución elevados para el momento del año debido a que los montos previstos en el presupuesto actual –prorrogado de 2023– no son suficientes para hacer frente a las necesidades de financiamiento que se requieren para dar cobertura a las familias a lo largo de todo el año.

Para Unicef, las políticas de protección de ingresos resultan centrales para mitigar los niveles de pobreza, ya que, sin estos programas, alrededor de 270 mil niñas y niños más vivirían en la pobreza y más de 1 millón pasarían a ser indigentes. “De mantenerse las tendencias actuales, la prevalencia de la pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia para el primer trimestre de 2024 alcanzaría valores en torno al 70 %, mientras que la indigencia llegaría al 34 %, con repercusiones en el bienestar actual y de largo plazo”, sostuvo Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Unicef Argentina.

“En un contexto de vulnerabilidad social y elevados niveles de pobreza infantil, es importante sostener las partidas presupuestarias destinadas a las políticas de protección de ingresos a los hogares. Si bien hubo señales positivas en este sentido, es clave maximizar los esfuerzos para mejorar la cobertura y suficiencia de las prestaciones”, dijo.

Para Unicef, las políticas de protección de ingresos resultan centrales para mitigar los niveles de pobreza. Foto: Freepik

Waisgrais valoró los aumentos del 100 % establecidos a principios de año en los montos de la AUH y la Prestación Alimentar porque contribuyeron a mitigar el impacto de los incrementos de precios en los hogares en situación de pobreza. Sin embargo, durante los últimos años, la capacidad de compra de ambas prestaciones evidenció una significativa caída. En la actualidad, la AUH representa el 45 % de la canasta básica alimentaria (CBA) y el 21 % de la canasta básica total (CBT), y la Tarjeta Alimentar enfrenta una situación similar. Por eso, en los informes presentados se menciona la necesidad de un nuevo mecanismo de actualización de las prestaciones que integre la variación de precios y replantee el esquema de las condicionalidades vigente para acceder a estos programas.

En el caso de la AUH, Waisgrais opinó que debería eliminarse la retención del 20 % mensual que el Estado establece en concepto de certificación de condicionalidades para otorgar la asignación: se debe cumplir con los controles sanitarios y de vacunación de los hijos o de las hijas hasta los 4 años de edad, mientras que desde los 5 y hasta los 18 años, además de los controles de salud, se debe probar que concurren a establecimientos educativos públicos. Ese 20 % que el Estado retiene hasta comprobar el cumplimiento de esta reglamentación se abona recién al finalizar el año, por lo que la cifra correspondiente “representa muy poco con los niveles de inflación actuales”, resaltó.

A esa recomendación, el especialista de Unicef sumó que la Argentina debería “ampliar la cobertura de la prestación alimentaria hasta incluir a adolescentes de 15 a 17 años y unificarla con la AUH para tender a la universalización”. Waisgrais expresó que, aun “teniendo plena conciencia del contexto de fuertes restricciones fiscales”, es necesario que el Gobierno “priorice a la niñez y a la adolescencia” mediante una inversión en políticas que son sensibles para reducir la pobreza tanto monetaria como extrema.

En ese sentido, indicó que alcanzaría con que el Estado, según estimaciones de la agencia de la ONU, destine “unos 40.000 pesos anuales por cada hogar situado en condiciones de pobreza extrema”, lo que significa “un total de 483.000 millones de pesos, el 0,25 % del Producto Bruto Interno (PBI) del país, para sacarlo de esa condición. “Es fiscalmente viable erradicar el hambre con herramientas de protección del ingreso que al menos sean suficientes”, finalizó.