"Violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe: Un análisis comparativo de datos poblacionales de 12 países" es el título del documento que refleja cómo el abuso incluye desde heridas físicas -cortes y moretones hasta huesos rotos-, pasando por abortos involuntarios y quemaduras. Sin embargo, entre el 28 y el 64 por ciento de las afectadas no buscó ayuda o no habló con nadie acerca de esta experiencia.

La investigación recoge también que entre el 10 y el 27 por ciento de las mujeres en estos países declararon haber padecido violencia sexual en algún momento de sus vidas, cometida por su pareja u otra persona, pero generalmente por un hombre a quien ya conocían. Además de ser una transgresión de los derechos humanos, la violencia contra las mujeres tiene graves consecuencias para la salud de ellas y la de sus hijos, y genera gran impacto en los trabajadores y sistemas sanitarios de la región, sostuvo la doctora Mirta Roses Periago, directora de OPS/OMS.

Por su parte, Alessandra Guedes, coautora del informe y asesora regional de la OPS/OMS en Violencia Intrafamiliar, señaló que este trabajo puede servir para motivar a tomadores de decisión a invertir más recursos en la implementación de estrategias basadas en la evidencia que prevengan la violencia hacia las mujeres. No obstante, el texto -que recoge datos obtenidos de entrevistas con más de 180 mil féminas en Bolivia, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Paraguay y Perú-, es solo una pequeña parte de la realidad.

Tres de los 10 países del mundo con más altas tasas de violaciones sexuales y abusos contra la mujer pertenecen a la región del Caribe, alertó la directora de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe Moni Pizni, y expresó preocupación por la alta tendencia de abusos sexuales, principalmente en Bahamas, Jamaica y San Vicente y las Granadinas.

Según Pizni, en la región el 13 por ciento de las mujeres reportaron en alguna ocasión haber sido víctimas de violencia doméstica y 23 por ciento, psicológica. El fenómeno se extiende también por Latinoamérica, donde el 40 por ciento de ellas son víctimas de violencia física y la tasa de maltrato psicológico en las relaciones de pareja asciende a 50 por ciento, aseguró.

En opinión de la responsable del programa, los abusos contra la mujer son la violación más frecuente a los derechos humanos en el área, por lo que requiere un mayor compromiso de los gobiernos y las sociedades en su lucha. A inicios de julio de 2012, la Comunidad del Caribe (Caricom) expresó también preocupación por los “alarmantes niveles de violencia”, en particular sexual, contra niños y jóvenes de la región.

Durante una reunión del Consejo para el Desarrollo Humano y Social de ese bloque regional en Guyana, la Secretaría de la Caricom denunció que desde 2006, las agresiones sexuales contra menores de edad aumentaron en el Caribe. La escasez de pruebas empíricas sobre la naturaleza, génesis, alcance, causas e impacto de ese mal impide combatirlo correctamente. Lamentamos aceptar que, pese a los esfuerzos de la Caricom, la violencia sexual está en aumento, reconoció el organismo.

La violencia femenina es un problema que va más allá de las estadísticas, persiste en todos los países del mundo, un mal común, aceptado por muchos como algo “normal”, y que solo puede eliminarse mediante la voluntad política y las actuaciones judiciales y civiles en todos los sectores de la sociedad. Es un fenómeno que se presenta de diversas maneras: en el hogar, trata de mujeres y niñas, prostitución forzada, violencia en situaciones de conflicto armado, como los asesinatos. Y también violaciones sistemáticas, esclavitud sexual y embarazo forzado, infanticidio femenino y la selección prenatal del sexo del feto en favor de bebés masculinos, la mutilación genital y otras prácticas y tradiciones perjudiciales.

El carácter sexista de la sociedad y la inferiorización del mal llamado sexo débil, fomentada en todas las culturas, y muy difícil de desarraigar, se encuentra en la base de la explicación causal de este mal, aseguran expertos. Los conceptos del patriarcado agrupan una totalidad de procesos donde entran cultura, jerarquía, estructuras y su solución pasa por esa comprensión de totalidad, señalan.

Aún cuando cada vez es mayor la participación de las mujeres en responsabilidades de primer nivel de dirección, todavía existe una sobrecarga en los roles y, aunque ellas han ganado terreno en la sociedad, en muchos casos permanecen a la zaga de la familia, y están en una subordinación en el ámbito doméstico. De ahí que resulten necesarias algunas intervenciones con resultados más prometedores, como fomentar el nivel educativo y las oportunidades de mujeres y niñas, la mejora de su autoestima y sus aptitudes de negociación, así como la reducción de las inequidades por razón de género en las comunidades.

Asesinadas más de 34 mil mexicanas entre 1985 y 2009, y 1.417 hondureñas desde 2010

Más de 34 mil mujeres y niñas fueron asesinadas en México entre 1985 y 2009, según el documento intitulado "Aproximaciones, tendencias y cambios. 1989-2009", de ONU-Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Colegio de México. Ese estudio contrasta, que mientras crecía el asesinato de las mujeres, disminuía de forma apreciable el de los hombres, datos aportados a la investigación por la Secretaría de Salud y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Del total de actos violentos contra las féminas en ese período, siete mil de ellos ocurrieron entre 2005 y 2009, correspondiente al período de la ofensiva contra el narcotráfico y el crimen organizado, lanzado por el presidente saliente Felipe Calderón. Chihuahua, Baja California, Guerrero, Durango y Sinaloa fueron los estados con mayor presencia de crímenes contra las mujeres, reflejo del nexo del alza de este tipo de hechos con la ofensiva criminal e incluso con el tráfico de inmigrantes, según el informe.

También precisó que el 45 por ciento de las niñas fueron asesinadas en sus propias casas, lo cual denota una extrema violencia como parte de la vida cotidiana. Si bien los hombres suelen morir por disparo de arma de fuego, contra las mujeres las técnicas de asesinatos son más brutales, como estrangulamiento, ahorcamiento, sofocación en agua, uso de objetos cortantes y envenenamiento, detalló el documento.

Las intolerables y alarmantes estadísticas nacionales denotan que los avances legislativos a favor de las mujeres resultan no sólo insuficientes, sino una paradoja que es necesario resolver con urgencia, denunciaron Radio Ciudadana y Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, organizaciones defensoras de los derechos de la mujer en México.

En Honduras, San Pedro Sula se convirtió en la ciudad con más femicidios del país, con 192 crímenes de mujeres en 2012, confirmaron estadísticas del Ministerio Público. Esa urbe del norte hondureño, considerada la más industrializada del país, está a la cabeza de ese tipo de asesinatos, superando a la capital Tegucigalpa que registró 92 de tales muertes violentas en ese lapso. En total, ocurrieron en el país, en los primeros 11 meses del pasado año, 365 femicidios, más de una muerte violenta al día, precisó la titular de la Fiscalía Especial de la Mujer Loany Alvarado.

Muchos de esos asesinatos de mujeres, cuyas edades oscilaron entre los 18 y 45 años, no se han investigado y una cantidad ínfima ha sido esclarecida, debido a la poca colaboración de la población, reconoció la jurista. Dijo que no existe una base legal para establecer los móviles de los crímenes en la mayoría de los 365 casos, pero, en los llevados a juicio, se debe a que ellas estaban en la línea de fuego con personas involucradas en delitos, aunque también hay casos "pasionales" y muertes por encargo.

El dato de la Fiscalía es inferior al reportado por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que contabilizó en 2012 al menos 431 asesinatos de mujeres, un promedio de 41 al mes, recordó el medio digital elheraldo.hn.

El Centro de Derechos de Mujeres (CDM) informó a la prensa que la muerte de féminas se incrementó en Honduras en un 35 por ciento entre 2010 y 2012. En los últimos tres años fueron asesinadas en Honduras 1.417 mujeres, de ellas 385 en 2010, un total de 512 en 2011 y 520 en 2012. El CDM indicó que de ese total, 1.133 (el 80 por ciento) tenía edades entre 15 y 30 años, y 284 (el 20 por ciento) entre 30 y 44 años.

También el CDM precisó que el 80 por ciento de las víctimas pereció por disparos de armas de fuego y el 20 por ciento restante murió por heridas de armas blancas o al ser golpeadas con objetos contundentes. Al presentar estas cifras que conforman un Mapa de la violencia contra las mujeres, el CDM denunció que más del 90 por ciento de esos crímenes se encuentran en la impunidad por falta de investigación de las autoridades.

Femicidios en Guatemala, ¿un mal de nunca acabar?

La violencia intrafamiliar y el crimen organizado sesgaron la vida de 377 mujeres en Guatemala hasta el 10 de agosto de 2012. El 80 por ciento de esas muertes responden a hechos violentos en los hogares, y el resto ocurre a manos de pandillas juveniles, declaró a periodistas Alba Trejo, comisionada presidencial para el Femicidio. El dato significa una disminución de 56 casos comparado con igual período del 2011, cuando 711 guatemaltecas perecieron de manera violenta, 103 casos más en comparación con 2010.

De "alarmante" calificó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia Thelma Aldana la situación de la violencia contra la mujer en Guatemala, donde dijo que unas 700 perecen cada año por esa causa. “El caso del país es alarmante porque los datos reflejan que en muerte de mujeres solo México, El Salvador y Honduras nos llevan ventaja”, admitió Aldana en una entrevista con el diario guatemalteco Prensa Libre el año pasado.

Aseguró que pese al alto índice de maltratos contra esposas, madres y jóvenes, esta nación centroamericana cuenta con apenas 10 juzgados y salas especializadas para llevar esos procesos y, a su juicio, es necesario tener más instancias judiciales para procesar los casos. Para esta autoridad, la mayoría de los eventos violentos contra las mujeres ocurre en el interior de los hogares: ocho de cada 10.

Guatemala amaneció recientemente con la noticia del asesinato de media docena de mujeres, incluidas menores, en distintos puntos de la capital y de la ciudad de Zacapa, en un país donde el año anterior la Policía reportó 544 femicidios. El compromiso del presidente Otto Pérez Molina era de lograr una disminución de un centenar de casos de ese tipo en 2011, pero la reducción en ese sentido fue de 66.

Aunque sea bienvenida la reducción en esa estadística, la realidad demuestra que esta nación tiene la segunda tasa más alta de femicidios (92,94 por cada millón de habitantes), según un reciente estudio de la ONU. De 44 países en los cuales ocurre ese fenómeno de forma alarmante, Guatemala ocupa el segundo lugar, aseveró la representante de ONU-Mujeres, María Machicado, a finales de noviembre pasado.

El Congreso guatemalteco aprobó la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer en mayo de 2008, año en el cual las autoridades judiciales cuantificaron 800 femicidios y se emitió una sola sentencia. Hace tres años los tribunales dictaron 314 condenas por esa índole de sucesos y en 2011 los juzgados especializados recibieron cuatro mil casos, entretanto dictaminaron 763 castigos penales.

Respecto al reciente homicidio perpetrado contra dos niñas y dos féminas en la capital del país, una familiar las pudo identificar. En la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Glenda Tuez Franco reconoció a su hermana Carmen Tuez Franco, de 32 años, madre de Andy Guadalupe, de 11, y Marbella Raymundo Tuez, de seis; y a Silvia Gaytán Franco, de 22 años.

Ya el Inacif había practicado la prueba de ADN para verificar si había consanguinidad entre las víctimas mortales, y los resultados arrojaron que se trataba de la matanza de una familia. Cuerpos de socorro hallaron a las dos menores estranguladas con ropa de dormir en la madrugada del 16 de enero último en la zona 11 capitalina, mientras encontraron a una mujer en la zona 9 y a la otra en la zona 13, con heridas de bala.

Ese mismo día, una progenitora y su hija resultaron ultimadas en un ataque armado acaecido en la oriental ciudad de Zacapa, y fueron identificadas como Dorotea Ramos, de 64 años, y Lilian Ramos, de 16. Mientras tanto, el presidente Otto Pérez Molina ha exigido al ministerio de Gobernación (Interior) esclarecer las causas de esos actos violentos.

Tales acciones criminales ocurrieron horas después de que fuerzas de seguridad guatemaltecas arrestaran a Israel Rodríguez, el segundo capturado e implicado en la muerte de tres mujeres hace cuatro meses en el municipio Santa Catarina Pinula, ubicado al sur de esta urbe. Detectives de la Sección de Delitos Contra la Vida de la División Especializada en Investigación Criminal detuvieron al joven de 18 años, uno de los presuntos homicidas en ese suceso, durante un operativo realizado en la aldea El Manzano, del mencionado municipio. Por el mismo asesinato aprehendieron antes a Bryan Román, de 24 años, en la 17 avenida y 11 calle, de la zona 10 de Guatemala.

Preocupada por la tardanza de sus hijas Jessica y Karen Lima de 15 y 14 años, respectivamente, Toribia Arsenio salió en la noche del sábado 1º de septiembre en busca de las adolescentes que habían ido horas antes a una fiesta. Los cadáveres de Toribia, de 38 años, y de las dos jovencitas los encontraron desmembrados en dos pozos, localizados en Santa Catarina Pinula.

La estudiosa de temas de género Patricia Castillo afirmó a Prensa Latina que durante el gobierno de Pérez Molina, iniciado en enero de 2011, se ha restado apoyo a la institucionalidad orientada a la atención de la violencia contra las mujeres. A su juicio, resulta imprescindible ampliar las capacidades del Organismo Judicial para aplicar la justicia de manera pronta y efectiva en estos casos. Es preciso que las instancias gubernamentales dialoguen con las organizaciones femeninas, desde donde pueden salir propuestas más efectivas con relación a las medidas tomadas hasta la fecha, sugirió Castillo, quien cursa una maestría en estudios de género y feminismo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Aunque la mayoría de los femicidios, aclaró, se cometen contra las jóvenes de los sectores más empobrecidos de Guatemala, todas están en riesgo de perecer violentamente dados los niveles de inseguridad prevalecientes (32 homicidios por cada 100 mil habitantes, según la Policía Nacional Civil). En su opinión, las decisiones debieran relacionar la seguridad democrática con el fortalecimiento del sistema de justicia, mediante el impulso de planes de prevención, especialmente dentro de los sectores más vulnerados.

También es imprescindible, remarcó, fortalecer las capacidades de investigación y de las fiscalías para que los responsables sean procesados y sentenciados. Interrogada sobre el trasfondo cultural de este fenómeno, se refirió a la misoginia, al odio hacia ellas, la convicción del asesino de que sus cuerpos son violables, que se pueden matar y dañar.

Si las políticas gubernamentales no atacan el mal de raíz con una visión interdisciplinar en la que actúen de conjunto varias organizaciones y organismos, en el futuro cercano los guatemaltecos volverán a ser receptores de malas noticias como las del 16 de enero de 2013, mientras nadie sabe quién será la próxima víctima.

Nicaragua 2012: Por frenar la violencia y empoderar a las mujeres

Nicaragua devino el séptimo país americano que tipificó como delito el feminicidio, forma extrema de violencia contra las mujeres y de expresión de la lógica patriarcal, en enero de 2012. Con la aprobación de la Ley 779, contra la violencia hacia las mujeres y de reformas al Código Penal, el gobierno sandinista confirmó su disposición a luchar contra el maltrato hacia las féminas, quienes representan más del 50 por ciento de la población.

Paralelo a la inclusión de esa figura en el cuerpo jurídico en Nicaragua, como ocurrió antes en México, Costa Rica, Guatemala, Chile, El Salvador y Perú, surgieron la Comisión Nacional Interinstitucional y el Observatorio estatal para seguir la problemática. Estos mecanismos deben garantizar los programas de prevención, atención, erradicación y sanción de la violencia hacia las mujeres, en un país donde una de cada tres fue abusada física o sexualmente en su vida, como reflejó la Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud (Endesa).

La Ley 779 eleva las penas para agresores y homicidas hasta 30 años de cárcel y establece un sistema de sanciones específicas encaminadas a acabar con la impunidad en torno a hechos de esta naturaleza. Para Sandra Ramos, directora del Movimiento de Mujeres, si bien esta norma no es perfecta, su aprobación fue un enorme paso a la reivindicación de los derechos de ese grupo humano.

Además de tipificar el feminicidio, esta ley criminaliza el acoso sexual, la violencia psicológica, laboral, económica, y contiene elementos preventivos en busca de un cambio de cultural social y erradicación de la misoginia, destacó al diario La Prensa.

En Nicaragua, las muertes violentas de mujeres son menores en relación con el resto de Centroamérica, pero la mayor atención de las autoridades al fenómeno y la consecuente toma de conciencia por las afectadas contribuyen a sacar a la luz crímenes antes silenciados o invisibilizados. Según la Red de Mujeres Contra la Violencia, este país de unos 5.8 millones de habitantes reportó 76 feminicidios en 2011 y 80 hasta inicios del último mes de 2012.

Sin embargo, la jefa de las Comisarías de la Mujer de la Policía Nacional, comisionada Erlinda Castillo, informó que desde enero al 14 de diciembre solo recibieron denuncias por 60 casos y con las investigaciones pudieron comprobar que 40 ocurrieron a manos de los cónyuges o ex parejas. De cualquier modo, esas cifras marcan la diferencia en una región donde la impunidad rodea a casi el 97% de estos hechos, admitieron autoridades policiales del área en un foro sobre el tema en México (2011).

Esta región es considerada por Naciones Unidas la de mayor incidencia de homicidios en el mundo y esa realidad se refleja de modo particular en la criminalidad contra las féminas. Aunque las estadísticas de estos casos suelen ser limitadas debido a la posibilidad de sub registros, como hacen notar los especialistas, datos acopiados por el Instituto de Ciencias Forenses en Guatemala permitieron fijar en 526 las asesinadas en ese país de enero al 25 de noviembre.

La Tribuna de Mujeres contra el Femicidio en Honduras denunció 335 muertes violentas de féminas en ese período, mientras la Policía Nacional de El Salvador admitió 283 y redes feministas de Costa Rica reportaron 43. Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe señalan que una de cada tres mujeres en esta zona sufre algún tipo de violencia física y 16 por ciento fue víctima de violencia sexual alguna vez.

La violencia en el ámbito familiar y sobre todo contra la mujer por parte del marido o compañero sentimental está enraizada en lo más profundo de la cultura patriarcal tradicional, y para erradicarla se requiere una profunda y radical transformación educativa, concuerdan seguidores de la temática. Pero por primera vez en la historia, coinciden en afirmar, las nicaragüenses pueden cerrar un año con una política de Estado destinada a restituir de manera progresiva los derechos arrebatados a ellas y a contrarrestar esa herencia.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, con sede en Ginebra, Nicaragua ocupa el quinto lugar en todo el planeta en cuanto a la igualdad de género, en la dimensión de empoderamiento político, por encima incluso de Estados Unidos, relegado al puesto 22. El informe anual de esa institución reflejó los resultados de una medición cuantitativa de la equidad de género en 135 países y ubicó a este como el único del continente entre los primeros 10, debido a que posee 40 por ciento de mujeres diputadas y 50 por ciento en cargos ministeriales.

Tales resultados fueron atribuidos a la aplicación de la Reforma a la Ley de municipios y a la Ley electoral, aprobada en mayo de 2012, la cual exigió incluir hasta 50 por ciento de candidatas en las nóminas de los partidos políticos y propulsó la elección de muchas de ellas. Desde 2007, el gobierno de Daniel Ortega promovió un conjunto de leyes específicas que favorecen los derechos de ellas y otras generales que incluyen un enfoque transversal de género, señaló el vicepresidente de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional, Carlos Emilio López.

Para el diputado sandinista, el accionar en ese sentido tuvo mayores logros este año por la sanción de la Ley 779, de cuatro de los seis libros del Código de Familia, de la Reforma a la Ley de Municipios y a la Ley Electoral, y el Código Procesal Laboral. La primera tipifica todas las formas de violencia hacia las féminas como la física, psicológica, sexual, patrimonial y laboral, mientras que el segundo establece regulaciones asociadas a la convivencia, el respeto en el seno familiar y la crianza de los infantes, entre otros.

Por su parte, la Reforma a la Ley de Municipios establece que los cargos de elección municipal -alcaldes, vicealcaldes y concejales- sean ocupados a razón de 50 por ciento mujeres y 50 por ciento hombres, así como el Código Procesal Laboral refrenda el respeto a los derechos humanos de las trabajadoras.

La aprobación, en diciembre, de la Política de Prevención y Lucha contra la Violencia hacia la Mujer para el 2013, elaborada por el Ministerio de la Familia y de la Comisión Interinstitucional Coordinadora de la batalla contra ese flagelo, coronó este accionar. Ese plan de acción procura crear condiciones para atender a las víctimas de la violencia con el concurso de todas las instituciones, de manera articulada, y facilitará acceso a la justicia, capacitación de personal y fortalecimiento de las Comisarías de la Mujer.

De forma particular, la iniciativa prioriza una política educativa destinada a desarraigar el machismo y a cultivar el rechazo al maltrato contra ellas, al mismo tiempo que establece la revisión de los salarios para conseguir la igualdad en ese sentido en las empresas privadas. A juicio de López y otros actores sociales, queda mucho por hacer, pero al menos este año el Poder Legislativo sentó las pautas para afianzar las ventajas obtenidas por las nicaragüenses al establecer que todas las leyes incorporen sus derechos de manera transversal.

En Nicaragua, la mitad de la población son mujeres, ellas reciben 60 por ciento de los títulos universitarios y componen la mitad de la fuerza laboral; estudios demuestran que es más probable que ellas inviertan su dinero en la salud y la educación de sus familias, añadió. Acorde con la radio La Primerísima, el cambio no viene de un día para otro, sino en rachas, mas por primera vez en la historia de Nicaragua un cuerpo jurídico alienta a que igual cantidad de hombres y mujeres se sienten a la mesa de poder para definir el futuro de la nación.