Sobre ellas se cierne el puño de la miseria espiritual y la maldición tribal –teñida de barniz religioso– al ser depositarias de un honor muchas veces mancillado por la propia familia. Viven sumergidas en el oscuro túnel de sus vidas, y el menor desliz, real o percibido por los varones, acaba con ellas muertas o, en el mejor de los casos, en prisión, como aconteció con Parwana Deza.

Durante una comparecencia televisiva, la ministra afgana de Asuntos Femeninos Husn Banu Ghazanfar denunció que, en los seis primeros meses de 2012, aumentaron los casos de crímenes contra mujeres con respecto a igual período de 2011. Las estadísticas oficiales, según una fuente de la Comisión de los Derechos Humanos, registran un total de 70 muertes de afganas como resultado de la violencia doméstica.

En el primer semestre de 2012 ocurrieron poco más de 3.500 casos de tal naturaleza, menor cantidad que los sucedidos en 2011, aunque con más episodios mortales. La ministra urgió a que sean castigados y condenados por ley los individuos que protagonizan ese tipo de acciones contra las féminas, y que la sociedad sea menos tolerante con el delito.

Una pesquisa nacional sobre niveles de violencia femenina halló que el 52 por ciento de las encuestadas sufrió violencia física y el 17 por ciento, del tipo sexual. Debido a los obstáculos legales y sociales para acceder a la justicia, pocas informan a las autoridades sobre la agresividad sufrida. Las encuestas sugieren que en más de la mitad de todos los matrimonios las mujeres tienen menos de 16 años, y del 70 al 80 por ciento de los casamientos tienen lugar sin el consentimiento de ellas.

Los sondeos apuntan que, de las detenidas en cárceles locales, más de la mitad guardan prisión acusadas de “crímenes morales” como el adulterio o el abandono del hogar, a pesar del hecho de que salir del domicilio no es delito en la ley afgana ni en la islámica o charia. Soraya Sobhrang, miembro de la Comisión para los Derechos Humanos en Afganistán, aclaró que la Policía y los jueces ven la violencia contra las mujeres como legítima, así que se no juzgan los casos, y por ende la impunidad prevalece.

El pasado 8 de diciembre una mujer fue asesinada a tiros junto con su hijo por un desconocido por cargos de adulterio. El subjefe de policía provincial Abdul Hamid Hamidi indicó que esa fuerza detuvo al presunto asesino junto con otras dos personas relacionadas con el suceso, ocurrido en la zona de Shindae, en la sureña ciudad de Herat.

Desde hace décadas, las mujeres afganas son sometidas a delitos violentos, apuntó el sitio digital Khaama Press, que resaltó que en este país centroasiático las niñas son obligadas a contraer matrimonio, esposas e hijas maltratadas y sometidas a duros castigos por llamados delitos morales. Las autoridades y grupos de derechos humanos notan un aumento alarmante de estos casos, cada vez más frecuentes y violentos. Se estima un incremento del 22 por ciento en los casos de violencia contra las mujeres en el último semestre de 2012, comparado con similar período del año anterior.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) especificó que existen en Afganistán 400 mujeres y niñas encarceladas por delitos contra la moral. Un delito contra la moral en Afganistán es oponerse a un matrimonio forzado, ser violada o quejarse de la violencia doméstica, y así lo deja claro el informe que Unicef publicó recientemente.

En una de sus páginas se resumen las calamidades de Anparwa, de 19 años, acusada de escaparse del hogar tras huir de un marido y una suegra abusadores y violentos. "Intentaré ser independiente y divorciarme de mi marido. Estoy destrozada, y si hubiera sabido que terminaría en la cárcel, me hubiera suicidado saltando al río", confió la muchacha a los investigadores.

Este es solo un ejemplo de la desesperación, porque Unicef asevera que las afganas llevan todas las de perder ante el sistema judicial, aunque “escaparse de casa sin permiso” no es un delito en el Código Penal afgano. En tanto, el Tribunal Supremo ha instruido a los jueces para que traten como delincuentes a las mujeres y niñas que huyen.

La policía las detiene ante la mera queja de su marido o de un familiar, incluso cuando son ellas las que acuden a pedir protección ante el maltrato doméstico. Terminan condenadas a largas penas con el único fundamento de “confesiones” obtenidas sin la presencia de un abogado. Mujeres violadas o forzadas a prostituirse son rutinariamente acusadas de zina (relaciones sexuales fuera del matrimonio), un delito castigado con 15 años de prisión.

Una declaración del Consejo de Ulemas, la más alta entidad islámica del país, reiteró la prohibición de entregar a las hijas a otra familia para resolver una disputa, reprendió los matrimonios forzados y reafirmó el derecho de ellas a heredar y a ser propietarias de bienes. Pero también subrayó su sumisión al varón al establecer que no deben viajar sin un chaperón, ni mezclarse con hombres en clase o en el trabajo, además de respetar el hiyab o cobertura islámica.

Por tanto, ser mujer en Afganistán -de acuerdo con criterios especializados y con la opinión pública internacional- constituye una condición genérica que implica el intento por reivindicar el respeto a los derechos humanos y tratar de vivir con dignidad.