Este fin de semana, la Comisión Argentina para los refugiados y migrantes –junto a cientos de organizaciones civiles– se reunió en México para debatir sobre políticas relacionadas con estas dos grandes temáticas, que fueron incluidas en la Declaración de Nueva York este año, en la cual participó el presidente Mauricio Macri. Sin embargo, poco se ha avanzado en Argentina al respecto. “En el país existe la prohibición de ingreso y expulsión de personas migrantes y refugiadas”, señaló Paola Cyment, especialista en temas de migración y género, integrante del equipo de la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (Caref).

Cyment indicó que, al igual que en otros países de la región y del mundo, existe un “gran retroceso en materia de derechos humanos” para este sector de la población.

En este sentido, la especialista se refirió al decreto de necesidad y urgencia N.° 70/2017, que modificó la Ley de Migraciones. Aseguró que se apunta a que las expulsiones sean exprés y relaciona la criminalidad con la migración.

“Es una pena, porque esa ley era de avanzada y se mostraba como una buena práctica en el mundo. En cambio, al modificar algunos de sus artículos, ahora se apunta a acelerar las expulsiones a aquellas personas que hayan cometido delitos, así sean menores, sin estar condenadas. Esto es grave porque el Estado debe garantizar por igual el acceso a la justicia para todos los ciudadanos que están en Argentina. Por eso, hemos presentado un amparo para pedir la inconstitucionalidad de este decreto”, expresó Cyment.

En foco

El Decreto 70/2017 busca acortar los tiempos para definir la expulsión de personas de nacionalidad extranjera con antecedentes penales, que en algunos casos hoy puede llegar a tardar siete años, e imponer controles más estrictos para evitar que operen y permanezcan en el país.

“Ante recientes hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento, el Estado Nacional ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera, como consecuencia de un complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a 7 años de tramitación”, señala la norma. Asimismo, indica que “en los últimos años se verifica una proporción sumamente baja en la relación existente entre la cantidad de expulsiones dispuestas por la autoridad migratoria competente, fundadas en la existencia de antecedentes penales, y las efectivamente concretadas”.

En septiembre, el presidente Mauricio Macri participó de la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, que expresa la voluntad política de los dirigentes mundiales de salvar vidas, proteger derechos y compartir la responsabilidad a escala mundial. 

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