Primer año del aborto legal: avanzó el acceso pero con una aplicación territorial desigual

Identidad y Género

"Exigimos la efectiva implementación de la ley. Según relevamientos realizados por las más de 40 regionales que integran esta Campaña, el acceso al derecho al aborto es desigual en todo el territorio nacional. En muchas ocasiones se realizan derivaciones que demoran el acceso a la práctica, contradiciendo el plazo de 10 días que establece la ley. Resaltamos la falta del acceso a la mifepristona, un medicamento que garantizaría mejor atención a quienes deciden interrumpir un embarazo", señala en un comunicado la Campaña.

Y agrega: "Exigimos la libertad de las más de 1500 presas por abortos o eventos obstétricos. Exigimos el sobreseimiento de la médica Miranda Ruiz, criminalizada en Salta por garantizar un aborto legal. También el cese de la persecución judicial a las compañeras de Salta que luchan por los derechos de las mujeres y disidencias sexuales. Basta de judicializar a quienes garantizan derechos. ¡Garantizar derechos no es delito, es obligación del Estado! Exigimos al Estado una campaña nacional de difusión de la ley en los hospitales y centros de salud, para que todas las personas que requieran interrumpir un embarazo puedan acceder a la información necesaria para decidir. Reclamamos también capacitación y sensibilización en perspectiva de género a los equipos de salud en su totalidad: personal médico, de enfermería, de salud mental, de servicios sociales y de admisión".

La Ley 27.610 reconoce el derecho de mujeres, adolescentes y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, a decidir interrumpir un embarazo, y a requerir y acceder a la atención en el sistema de salud.

Hasta la semana 14 del proceso gestacional, inclusive, se contempla el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), sin que sea necesario que la personas que solicita esta práctica exprese el motivo de su decisión.

Y contempla el derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE), cuando es producto de una violación (una relación no consentida o bajo presión, incluso dentro de un noviazgo o matrimonio); o si el embarazo pone en riesgo la salud (física, psíquica y/o social) o la vida de la persona gestante.

El acceso a la IVE/ILE es gratuito en todo el país en hospitales, centros de salud, obras sociales y empresas de medicina prepaga.

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