Usualmente en la Argentina la vorágine de la coyuntura atenta contra la posibilidad de poner en agenda cuestiones más importantes y estructurales. Pero hay ocasiones, no muy frecuentes, en las que un hecho particular permite abrir debates más profundos. Un ejemplo de esto son las palabras desafortunadas de Alberto Fernández hacia las personas con discapacidades: a partir del revuelo generado, los medios de comunicación se han hecho eco de la difícil situación que atraviesan muchas personas jóvenes y adultas en esta pandemia.

En las últimas horas denuncié ante el INADI al primer mandatario por sus declaraciones. Me resisto a circunscribir el debate a la bronca -lógica y justificada- que nos genera la expresión discriminatoria del presidente. Miles de personas con discapacidades y sus familias están sufriendo un destrato inadmisible por parte del Estado desde que comenzó la pandemia. Elijo ubicar todos mis esfuerzos allí, en cambiar una realidad injusta que vulnera derechos.

Este martes, en la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, legisladores opositores volvimos a reclamar al oficialismo y a Fernando Galarraga (director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad) la inclusión de las personas con discapacidad entre los grupos prioritarios para acceder a la vacuna contra el COVID-19, en medio de dardos cruzados por el conflicto educativo que enfrenta a la Nación con la Ciudad de Buenos Aires.

El año pasado, durante la cuarentena estricta, presenté un proyecto para que se implementen protocolos específicos de salida para niños, jóvenes y adultos con discapacidades. También solicité que los talleres protegidos donde reciben capacitaciones y trabajan, reabrieran y recibieran ayuda económica del Estado para poder sortear la crisis. Este año vengo peleando en todos los ámbitos para que las personas con discapacidad y con al menos una comorbilidad, los mayores de 40 años con síndrome de Down y todos aquellos que estén institucionalizados sean vacunados, junto a las personas que los cuidan.

Si bien hay municipios y provincias que han tomado la decisión de considerarlos como grupo de riesgo y de esta manera llamarlos para que se vacunen, es necesaria una resolución a nivel nacional para establecer pautas claras y ordenar el panorama. Es la única manera de evitar discrecionalidades y asegurarle a cada persona un trato justo e igualitario en estos momentos de tanta angustia.

Tantos meses sin educación presencial han sido una catástrofe para muchísimos chicos y chicas con discapacidad, cuyas consecuencias todavía no alcanzamos a dimensionar. Para ellos son fundamentales los estímulos permanentes y el acceso a los servicios de salud en tiempo y forma. Más que las palabras del presidente -que son una vergüenza y por las que debe pedir disculpas públicas- lo que más me preocupa y no me entra en la cabeza es la pasividad con la que el Gobierno observa la actualidad vulnerable de mucha gente que necesita y merece el apoyo del Estado.

Las iniciativas están en el Congreso. Muchos colegas oficialistas reconocen el problema y adhieren a nuestra propuesta, pero el verticalismo que practica el kirchnerismo vuelve imposible avanzar en nada sin la venia explícita de quienes conducen. Vacunar a las personas con discapacidad debe ser una prioridad del Ministerio de Salud: la improvisación y la desidia ponen en peligro el presente y el futuro de muchos argentinos y argentinas que no pueden seguir esperando.