Varias son las dimensiones plausibles de analizar en relación a los desafíos que la irrupción de la pandemia del Coronavirus (COVID-19) plantea a los estados nacionales y sus poblaciones a lo largo del planeta. Algunos plantean que la situación se ha transformado en un reto para la humanidad en su conjunto. Es esta una reflexión de corte filosófico que, sin dejar de ser pertinente, podría diluir el necesario esfuerzo de examinar y presentar los factores institucionales, políticos y colectivos a nivel global y en las diferentes realidades nacionales, que se ven interpelados por el impacto de la pandemia.

Surgido de una región de la República Popular China donde en los dos primeros meses del año infectó y mató a miles de personas, el virus se ha propagado por la mayoría de los países del mundo y encuentra hoy su epicentro en los europeos que, con importantes diferencias, desplegaron sus respuestas político-institucionales y societales frente al flagelo.

Con las cifras de hoy es posible afirmar que aquellos que actuaron con mayor rapidez y severidad en la aplicación de las medidas preventivas de aislamiento y distanciamiento social (Alemania, por ejemplo) han podido tener una menor tasa de letalidad por la incidencia del virus que aquellos otros que, por distintas razones, demoraron esas medidas o fueron (¿son todavía?) respetadas con menores niveles de acatamiento por su población (Italia y España especialmente, aunque también Francia y Reino Unido).

El análisis debería complejizarse a la hora de observar los resultados en términos de infectados y mortandad incorporando la fortaleza de los distintos sistemas de salud públicos que se ven confrontados por las demandas de atención de distinta complejidad de las poblaciones afectadas. Podría aventurarse que el otro elemento que explicaría la -hasta el momento- diferencial situación alemana en términos de mortandad, tiene que ver con la robustez y capacidad de su sistema sanitario público en comparación de los de Italia y España.

Un análisis cuantitativo y cualitativo será imprescindible luego de superada la crisis en términos de operacionalizar estas nociones de fortaleza o robustez de los sistemas sanitarios públicos de los principales países europeos y de otras regiones del mundo. Por ejemplo, situación actual e historia del gasto público en salud (en términos de porcentaje del PBI y del Gasto Público Total) podría ser un indicador, entre otros, que nos permitiría algún tipo de comparación entre países con similares estructuras poblacionales (fuertemente envejecidas) y cierta primacía de la presencia estatal como actor central del sistema sanitario.

Los niveles de incidencia de la pandemia parecen estar más controlados en Francia, aunque sin llegar a los resultados positivos que muestra actualmente Alemania. La situación en el Reino Unido se avizora como compleja debido a la errática y demorada respuesta de sus autoridades políticas en la instrumentación de las medidas de aislamiento social recomendadas por la OMS y por la experiencia China.

Los países europeos mencionados, en especial Alemania, Francia y Gran Bretaña (junto con los países bajos y la experiencia de los escandinavos) fueron pioneros en la implementación y expansión de los “Estados de Bienestar” desde finales del Siglo XIX y hasta fines de la década del 70 del Siglo pasado. La lógica del “aseguramiento” a los trabajadores asalariados formales a partir del antecedente precursor de los seguros sociales para la vejez, enfermedad y accidentes laborales instituidos por el Canciller Otto von Bismarck a fines del siglo XIX en Alemania, se expandió por la Europa continental en las primeras décadas del siglo XX.

En Gran Bretaña se implementaron esquemas similares de seguridad social, pero, especialmente, un Servicio Nacional de Salud financiado y dirigido por el Estado que llega, no sin dificultades, a nuestros días. Estas acciones estatales no fueron “graciosas concesiones de su majestad” sino que resultaron las respuestas “sistémicas” a las luchas de la clase obrera organizada que ponía en jaque la lógica de acumulación ilimitada del capitalismo liberal. Ante la organización y lucha del proletariado, comenzaba a gestarse la “domesticación del capital” (Polanyi, 2003) que prevalecería durante buena parte del siglo pasado.

Estos dos esquemas de protección social, una de corte más universal financiada por las rentas generales de los estados y con acceso de tipo universal para toda la ciudadanía, y otra que descansaba en los aportes de los trabajadores y las contribuciones patronales en un mundo laboral que funcionaba prácticamente en pleno empleo, complementaron las regulaciones estatales que beneficiaron a los trabajadores asalariados formales en los aspectos específicos referidos a las relaciones laborales.

Se conformó así una arquitectura jurídica e institucional de protección de los derechos laborales y de garantía de la protección social que vivió su momento de expansión y, por lo tanto, de mejores condiciones de vida para la clase trabajadora europea, en las tres décadas que siguieron a la segunda posguerra del siglo XX.

La “Edad de Oro del Estado benefactor” como ha llegado a calificar este periodo el destacado sociólogo danés Gosta Esping-Andersen (1990) quien planteó la clasificación más reconocida de las estructuras de los estados de bienestar europeos. En esta propuesta clasificatoria es necesario destacar los modelos escandinavos por el grado de “desmercantilización” de los servicios públicos que ha sido financiado por altos niveles de gasto público provenientes de una estructura impositiva que descansaba especialmente en las rentas y los sectores de mayores ingresos.

Con sus diferentes particularidades de combinación entre la lógica universalista (a la escandinava) o la lógica del aseguramiento (“bismarckiana”) estos estados sostuvieron importantes niveles de bienestar para los asalariados europeos hasta finales de la década del setenta. Tal vez, la mejor definición del tipo de bienestar que estos estados garantizaron la haya aportado Zygmunt Bauman (“En busca de la política”, 2001) cuando utilizaba la palabra alemana “Unsicherheit” - que fusiona “incertidumbre”, “inseguridad” y “desprotección” – para describir la situación de las sociedades capitalistas occidentales contemporáneas.

Precisamente el bienestar que fue sostenido y garantizado por los estados europeos durante buena parte del siglo XX a las mayorías de su población implicaba condiciones de “certidumbre”, “seguridad” y “protección”. En nuestro país, y algunos pocos países de América Latina, fue con el primer gobierno peronista que se sentaron las bases para un “Estado de Bienestar criollo” que, combinando las lógicas del aseguramiento y de las políticas universales, permitió altos niveles de “bienestar” para la gran mayoría de los sectores trabajadores hasta la irrupción violenta y autoritaria de la última dictadura cívico-militar.

Estas regulaciones de las relaciones laborales e intervencionismo estatal en áreas claves para el bienestar de las grandes mayorías comenzaron a ser cuestionadas por la ideología neoliberal que comenzó a recuperar terreno desde fines de los setenta del siglo pasado.

Tanto en su cara desregulatoria y anti-intervencionista a favor de los “mercados” que implicó la reducción de los presupuestos públicos en salud, educación y seguridad social, el consecuente achicamiento del estado y el clima anti-estatal; como en su faceta cultural de promoción de un individualismo extremo de la mano de un consumismo exacerbado, el modelo neoliberal fue ganando terreno en los discursos dominantes y en las recomendaciones de política pública.

Desde la precursora frase de 1987 de Margaret Thatcher: “la sociedad no existe, sólo existen los individuos”, la cosmovisión neoliberal ha ido permeando el sentido común hegemónico en las sociedades occidentales hasta llegar a nuestros días en que la “incertidumbre”, la “inseguridad” y “desprotección” caracterizan las condiciones de existencia de la gran mayoría de la población mundial.

¿Cómo fue posible lograr niveles de bienestar que significaron reducir al máximo posible las incertidumbres e inseguridades de la vida humana en sociedad mediante las protecciones sociales? Con las intervenciones de Estados nacionales fuertes que regularon los mercados y llegaron a desmercantilizar en forma absoluta algunos de los bienes públicos como salud y educación.

Estas intervenciones y regulaciones no son gratuitas. Requieren presupuestos públicos que deben provenir de estructuras impositivas progresivas que graven a las mayores rentas y fortunas. Esto implica una confrontación política que en sociedades democráticas debe dirimirse en la compulsa de los proyectos políticos que sostienen uno u otro modelo. No es posible lograr el bienestar de las mayorías sin afectar los intereses (la riqueza) de las minorías.

En un mundo que presenta una obscena concentración de la riqueza esta debería ser una bandera de los partidos progresistas, populares y democráticos a escala global. Las condiciones de gobernabilidad a nivel mundial, y en las diferentes realidades nacionales, no son viables si los Estados nacionales no logran implementar mecanismos locales y globales de tributación para las escandalosas ganancias de la especulación financiera que se refugian en “paraísos” y “guaridas fiscales”. No habría que confundirse, la idea de refrescar la experiencia de los Estados de Bienestar tiene como por objeto plantear que no es la concesión filantrópica de las grandes fortunas mundiales y locales lo que se reclama.

Por el contrario, es devolver al Estado la capacidad regulatoria de gravar las grandes fortunas, las ganancias desmedidas y la especulación financiera. Las/os que se imaginan una sociedad y una economía sin impuestos (o un Estado mínimo que es su otra cara) son las/os mismos que reclaman la asistencia estatal en la emergencia actual. Las políticas públicas de los Estados nacionales deben expandirse y profundizarse basadas en presupuestos que provengan de nuevas estructuras tributarias que descansen, especial y centralmente, en la renta financiera y la acumulación desmedida de riqueza. Ningunas de estas afirmaciones son “naturales”, son construcciones políticas que deben ser sostenidas disputando sentido contra las vulgatas imperantes del discurso neoliberal.

La pandemia es una realidad. Son los Estados Nacionales con la colaboración de las agencias de Naciones Unidas y algunas organizaciones internacionales los que deben hacerle frente. En la mayoría de los casos son los restos de los sistemas públicos de salud de los viejos estados de bienestar los que van a atender, curar y contener a las grandes mayorías de la población Esa población que en momentos de pánico e incertidumbre generalizada gira su mirada hacia el Estado en busca de certezas, protección y seguridad. Esa previsibilidad imprescindible para el despliegue de libertad humana que “los mercados” han demostrado largamente en las últimas décadas que no son capaces ni está en sus planes garantizar.