Seiscientos niños, niñas y adolescentes viven en hogares estatales. Son pequeños que fueron institucionalizados porque estaban en riesgo, sufrieron maltrato, abuso sexual o su familia –por diversas causas– no cumplió con su función de protección. Para acompañarlos hasta que puedan volver a casa o ingresen en un proceso de adopción, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) propuso a los ciudadanos convertirse en sus padrinos y madrinas para contenerlos y darles cariño.

La propuesta tuvo una respuesta inmediata: cuarenta personas se comunicaron para expresar su interés de acompañarlos. Sin embargo, en el ámbito profesional y académico la respuesta no fue tan contundente: unos sostienen que la iniciativa es un paso atrás, que el padrinazgo –al igual que las familias sustitutas y los hogares– es una institución, y que no les garantiza a los pequeños un vínculo estable, sino una posibilidad de recreación. Otros plantean que esta figura puede ser positiva, siempre que se implemente con el acompañamiento adecuado y exista de base una política profunda de protección de derechos que impulse la vuelta a casa y que, cuando esto no sea posible, avance en el proceso de adopción.

Desde la DINAF defienden la iniciativa, amparados en los buenos resultados que tuvieron con experiencias previas. Aclararon que la figura de la madrina o el padrino tiene una importancia afectiva clave, pero no reemplazará a la familia biológica, a la extendida, ni a las que buscan adoptar a los pequeños.

Cien años de patronato
En los 30 hogares estatales distribuidos en los 18 departamentos de Mendoza viven 600 niños y niñas de 0 a 18 años. Dentro del predio de la DINAF solo está Casa Cuna, que el Estado gestiona junto con la Asociación Voluntarios Mendoza (Avome) donde actualmente hay 32 niños, y un pequeño hogar de adolescentes, donde permanecen unos tres meses hasta que se realiza el diagnóstico y se estabiliza su conducta.

El resto de los hogares está ubicado en barrios de todos los departamentos, ya que la idea es que las chicas y chicos puedan relacionarse con la comunidad y tengan una vida que se parezca, en algo, a la de un hogar.

Los cambios en las políticas públicas relacionadas con la infancia comenzaron a debatirse cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 1989 la Convención de los Derechos del Niño, a la que Argentina adhirió un año después y ratificó en 1994. Ese documento fue la base de la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (26061) que el Congreso aprobó en 2005 y que significó el primer paso para poner fin a cien años de patronato. El cambio no fue ni es sencillo. La ley plantea un nuevo paradigma: que no se trate a los niños como objetos de tutela, sino como sujetos de derecho. Los pequeños ya no pueden ser judicializados por razones sociales o económicas –como se hizo durante años–, sino que es el Estado y las instituciones que lo integran en su conjunto quienes deben garantizar que se cumplan sus derechos. Ya no son los jueces quienes deciden, sino los organismos creados para garantizar esos derechos.

En Mendoza la ley se implementó dos años después de su aprobación, debido a que una acordada de la Suprema Corte de Justicia determinó la imposibilidad de poner en marcha los aspectos procedimentales de la misma. Se firmaron una serie de protocolos de actuación y en 2008 se implementó plenamente la norma.

Las políticas implementadas por los organismos específicos creados luego de la aprobación de la ley buscan fortalecer a la familia, por considerarla la base para el desarrollo humano y el espacio afectivo fundamental para el crecimiento de los niños y niñas. Y también planteó un conjunto de acciones tendientes a proteger los derechos de los chicos y chicas que viven situaciones críticas a nivel familiar, social, jurídico o económico.

El último recurso
En este nuevo sistema de protección, la institucionalización es el último recurso previsto, cuando fracasaron todos los demás. Esta medida –considerada excepcional– es la única en la que interviene el juez de Familia para garantizar la legalidad, y es también quien decide –en conjunto con los equipos técnicos– si se amplía más allá del plazo establecido de 90 días.

La institucionalización, que con la nueva ley se convirtió en una medida excepcional, era una práctica habitual. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación elaboró con la ayuda de Unicef un informe en 2005, con el objetivo de conocer la magnitud del problema.

El trabajo determinó que 19.579 niños, niñas y adolescentes estaban institucionalizados en todo el país y que de ese total, el 84,8 por ciento se encontraba bajo una medida judicial o administrativa en virtud de una causa no penal; es decir, por razones asistenciales, ligadas a carencia socioeconómicas.

Otra muestra de la magnitud del problema fueron los resultados del informe que realizó la Asesoría Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires en 2012, en el que relevó el estado de situación de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza que están alojados en hogares, dependientes del gobierno porteño. En total se contabilizaron 1.100 chicos que estaban albergados en 94 sedes.

En Mendoza la situación no era distinta, sobre todo teniendo en cuenta que había chicos que estaban internados hacía más de diez años. Desde la aplicación de la ley, en especial desde 2010, la DINAF puso en marcha una fuerte política de externación de los pequeños, basada en el trabajo con la familia biológica y extendida –abuelos, tíos, primos, vecinos referentes– y, en caso de no poder lograr ese objetivo, activar los mecanismos para iniciar un proceso de adopción. Pero esta última posibilidad también es complicada, porque los tiempos para que un juez dicte el “estado de adoptabilidad” de un niño o niña son largos. Ahora, eso se intenta cambiar con la propuesta de modificación del Código Civil y también se trabaja con base en la ley provincial.

Aun cuando se realiza un fuerte trabajo con la familia de los chicos, los tiempos de institucionalización no suelen ser cortos. Teniendo en cuenta esto, es que la DINAF propuso este Programa de Padrinazgo, para que los chicos y chicas estén acompañados hasta que puedan volver a su hogar o sean protagonistas de un proceso de adopción.

Una figura significativa
La directora de Restitución de Derechos de la DINAF, Verónica Bertolotti, defendió la iniciativa. Describió al padrino o la madrina como una figura significativa, que tenga un contacto afectivo con los pequeños y que se convierta en un modelo positivo, que los ayude a transitar mejor el tiempo que permanezcan en el hogar. “Hay una necesidad que tiene que ver con el afecto, con que 'yo soy importante para esta persona', y eso como institución no lo podemos suplir”.

Bertolotti comentó que tuvieron buenos resultados con las experiencias que ya hicieron, como la de algunos chicos que no querían asistir a la escuela y, después de mantener un contacto fluido con el padrino o la madrina, se interesaron por las tareas escolares y respondieron mejor a las propuestas que les hacían para realizarles un chequeo médico.

La funcionaria recalcó que esta iniciativa no implica dejar de lado las políticas de fondo: seguir trabajando con la familia biológica y extendida y, en caso de no poder lograrlo, intentar acelerar los tiempos de la adopción.

Bertolotti destacó que el trabajo con las familias de los chicos y chicas institucionalizados no solo es profundo sino que implica una gran inversión del Estado. Detalló que además de los pequeños que viven en un hogar, hay otros 800 chicos y chicas que viven con sus familias a quienes se acompaña en forma permanente, tanto con apoyo psicológico como económico. A ellos se suman 400 niños que están en familias de apoyo.

“Esto no es un parche, no significa que dejemos de trabajar en ninguno de los otros frentes. Esto no es un proceso de adopción encubierta, ni los padrinos van a reemplazar a nadie, pero pueden ser una figura significativa para chicos que tienen la experiencia de espacios familiares donde no los pudieron proteger y de espacios estatales donde no tienen más experiencias que la internación”, comentó Bertolotti.

Un paso atrás
Eugenia Maldonado, licenciada en Trabajo Social y becada por la Nación para realizar una especialización en Políticas Públicas en Niñez, Adolescencia y Familia, no comparte la postura de Bertolotti. Para la profesional, el padrinazgo es un paso atrás, es una institución, como lo son el hogar o las familias sustitutas, y no resuelve el problema de fondo.

“Esto tiene que ver con la beneficencia, volvemos atrás. Las familias sustitutas y el padrinazgo son instituciones como los hogares, no le estás garantizando al chico su derecho a la convivencia familiar, sino la recreación, como mucho. Me parece que hay otras salidas, no es el padrinazgo una solución. Son las políticas sociales las que tienen que garantizar la protección de estos chicos”, reflexionó Maldonado.

La profesional criticó e hizo un mea culpa del trabajo que realizan. Dijo que falta articulación entre los organismos que deben garantizar los derechos de los niños, que hay instituciones que aún no se enteran de que son parte del sistema de protección –como algunos centros de salud y escuelas–, que no existe la conexión suficiente entre los jueces y los funcionarios, que muchos se “desresponsabilizan” porque hacen una derivación y que la ley de patronato, que criminalizaba la pobreza, aún está muy arraigada.

“El Estado ha hecho cosas tremendas con los chicos, y esta es otra. Yo entiendo la buena voluntad que puede haber, pero no es buena voluntad, ya pasamos el estado de beneficencia, de filantropía, dejemos de naturalizar a los chicos institucionalizados, esta es una manera de naturalizarlo también”, fueron las palabras de la profesional.

Ni denostar, ni fanatizar
Valeria Pérez Chaca, licenciada en Trabajo Social y a cargo del Departamento de Prácticas Profesionales de esa carrera en la UNCuyo, buscó un punto de equilibrio. Dijo que a la propuesta no hay ni que denostarla ni que fanatizarla, sino que hay que exigir un buen acompañamiento de los padrinos, las madrinas y los niños, siempre pensando que el destinatario de este programa es un ser humano, y que está en juego su salud.

Para Pérez Chaca, si esta iniciativa está basada en una política más profunda, que cree que es la que está sosteniendo la DINAF que ha externado una gran cantidad de niños, puede ser una buena alternativa.

“Particularmente, estas cuestiones de base filantrópicas, por lo menos a mí, me dejan siempre una sensación de mucha precaución cuando se implementan. Hay que ver desde qué bases teóricas se sostienen, qué evaluación se hace del impacto que esto genera, cómo se hace el acompañamiento de estos padrinos y madrinas y cómo se cierran estos ciclos, para no caer en el riesgo de cosificar a los chicos una vez más. Eso ha sido siempre una vidriera donde el que quería hacer un trabajo altruista o filantrópico iba a la DINAF, se llevaba algún chico alguna vez, lo iba a visitar, le llevaba ropa, juguetes y eso no resuelve un problema estructural de las condiciones de existencia de esos niños”, reflexionó la profesional.

Pérez Chaca comentó que todas las instancias en que un niño o una niña se vinculan con alguien les dejan huellas y que las socio-afectivas son muy importantes en la primera infancia. Sin embargo, cree que las huellas más difíciles de revertir son los vacíos afectivos, y que siempre es mejor que haya un referente afectivo que acompañe a estos chicos en situaciones que no son las ideales desde ningún punto de vista. Por eso, cree que la propuesta puede ser un complemento de todo lo que se está tratando de hacer para acompañar a los chicos en la externación, para que el proceso sea más saludable y llevadero y que no sean los regentes del hogar los únicos referentes que tengan, sino incorporar a otros actores que pueden ser significativos.